Las opiniones y movilizaciones en contra de la propuesta del Ejecutivo federal por modificar los artículos 27 y 28 constitucionales en materia de servicio eléctrico, han permitido prorrogar su examen y, en su caso, aprobación en el Congreso de la Unión. Este espacio debería aprovecharse por la Secretaría de Energía para ampliar la discusión y debate en la perspectiva de construir una propuesta adecuada a la situación nacional, brindando la información necesaria para establecer un diagnóstico de las empresas públicas de servicio eléctrico.

Hasta ahora, la información pública sobre las condiciones de las empresas, las contrataciones para nueva generación y transmisión y el financiamiento necesario, no sólo es parcial sino que en algunos casos es imposible de interpretar, pues no se conocen las premisas y suposiciones consideradas para obtener los resultados. En este marco, merece especial atención el cálculo del precio/costo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el Informe de CFE, publicado en 1997 (aún no se publica el de 1998), aparece una tabla denominada Estado de Resultados Condensado. A grandes rasgos puede decirse que en la primera parte de dicha información se presentan los productos (ingresos por ventas) y los costos de explotación; en la segunda parte están los costos financieros; en la tercera "el aprovechamiento" y los subsidios, y en la cuarta, la relación precio/costo. Para 1996 y 1997, esta última relación da un valor menor de uno (0.69 y 0.73 respectivamente), lo cual implica que en estos años, el costo de producir fue mayor que lo recuperado por CFE.

Sin embargo, haciendo una revisión cuidadosa de la información, se tiene que para 1997 lo recabado por concepto de productos fue 57 mil 228 millones de pesos; lo gastado en costos de explotación alcanzó 51 mil 308 millones, y por servicios financieros fueron 4 mil 369 millones de pesos (pago de intereses y fluctuaciones de la moneda). En pocas palabras, en ese año CFE tuvo un superávit de mil 551 millones de dólares (cifra que resulta ser mayor en 1998, de acuerdo con información confidencial).

Entonces, Ƒde dónde se desprende que la relación precio/costo es menor de uno?

Después de jugar con las cifras de la mencionada tabla, se encuentra que en el cálculo de la citada relación se introduce un concepto denominado "aprovechamiento" y se excluye el concepto de subsidios. De esta forma, el resultado es el publicado por el informe.

La pregunta obligada es Ƒqué es el aprovechamiento? Esta se contesta con el Capítulo IX de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica que a la letra dice: "La CFE está obligada al pago de un aprovechamiento al Gobierno Federal por los activos que utiliza para prestar el servicio de energía eléctrica, el cual se determinará anualmente en función de la rentabilidad establecida para el ejercicio correspondiente a las entidades paraestatales... Contra el aprovechamiento a que se refiere este artículo se podrán bonificar los subsidios que el gobierno federal otorgue a través de la CFE a los usuarios del servicio eléctrico".

En pocas palabras, CFE debe pagar al gobierno federal un impuesto cada vez más cuantioso (pues está asociado a sus activos), superior al subsidio y que representa más del 40 por ciento de sus ventas. Así en 1997, CFE aportó al gobierno federal 23 mil 746 millones de pesos por concepto de aprovechamiento y recibió 20 mil 511 millones en el rubro subsidios.

Visto de esta manera resulta que CFE es una empresa con finanzas sanas, con una relación precio/costo mayor de la unidad y que no requería de subsidios del gobierno federal, si el famoso concepto de aprovechamiento fuera valorado en sus justos términos.

Cabría preguntarse si a las compañías privadas (dentro de la propuesta gubernamental) también se les cobraría el famoso aprovechamiento.

En esta perspectiva lo que no es explicable es por qué se da la información de manera parcial. ƑPor qué no se explica de dónde provienen los cálculos, por qué se maneja la información de una compañía pública de manera privada y a conveniencia?

La autonomía, claridad en la información y en las finanzas, son elementos indispensables para el funcionamiento de las empresas públicas. Eso es algo que debería establecerse antes de siquiera plantearse una modificación constitucional.