La prueba del Presidente
* Priístas y panistas cocinan nuevas reglas del juego * Los políticos centran esfuerzos en las alianzas * Zedillo reitera: las elecciones del 2000 se realizarán con un sistema democrático fortalecido
... Ningún partido político, ni el PRI mismo, podría ganar la Presidencia de la República y el Congreso sólo con sus propias huestes... y ya se plantean uniones de todo tipo...
Tiene razón el señor Zedillo: una prueba de madurez de la democracia mexicana sería un proceso electoral equitativo, limpio, transparente y con un alto nivel de competitividad en el año 2000. Ojalá y los legisladores del partido de Zedillo estuvieran de acuerdo con el Presidente, y que los representantes de la oposición en el Congreso aceptaran que no sólo con la derrota del partido oficial este país transitaría hacia la pax democrática. Ayudaría, tal vez...
Hoy la atención de los políticos está en las alianzas rumbo al 2000. Las dirigencias de todos los partidos y de las asociaciones políticas recién aceptadas oficialmente por el Instituto Federal Electoral construyen escenarios y hacen prospectiva con miras al proceso electoral ya comenzado. Lo fundamental es llegar a las elecciones con acuerdos mínimos y alianzas con diversas fuerzas. Ningún instituto, ni el PRI mismo, podría ganar la Presidencia de la República y el Congreso sólo con sus propias huestes. Ya se plantean uniones de todo tipo y hay pláticas PRI-PAN, PRD-PAN, PRD-PT-PCD-PDS, etcétera.
No se trata únicamente de llegar al registro de un solo candidato por coalición, sino de ir más allá. Por ejemplo, ya se cocina un acuerdo político entre priístas y panistas para fijar nuevas reglas del juego con reformas al código electoral. Mientras el presidente del PAN y su homólogo en el PRD se lanzan a la calle diciendo que están listos para hablar de una alianza, claro, cada uno fijando sus reglas. Los partidos de menor presencia, como el PT de Alberto Anaya y el PCD de Manuel Camacho (en el fondo parecieran ser lo mismo, o surgieron del mismo tronco: el salinismo) y otros grupos políticos buscan acomodo donde les ofrezcan mayores garantías de sobrevivencia.
Luis Felipe Bravo Mena sostiene que por madurez y sentido común el país debe adaptarse a una cultura de asociaciones y de alianzas políticas, "porque la sociedad mexicana camina hacia una mayor pluralidad". El dirigente nacional panista estima que la nueva realidad ųaquí y en todo el mundoų exige la integración de las mayorías parlamentarias y de gobiernos atendiendo a las convergencias de los partidos.
Y sobre el mismo tema, el dirigente perredista Pablo Gómez coincide que hoy más que nunca se requiere consolidar una convergencia opositora nacional con un programa acotado, para así poder establecer un régimen democrático de derecho. Gómez está aseguro de que el PRD hará alianzas, de lo que no está seguro es con quién o con quiénes. Y aunque su partido no tiene una presencia que defina el rumbo de una elección, Manuel Camacho considera que el momento es propicio para que se dé una convergencia presidencial el próximo año.
En la entrevista del Presidente mexicano al Correo Braziliense, Zedillo insiste que las elecciones se realizarán con un sistema democrático fortalecido. Tiene razón, pues a diferencia de elecciones anteriores ųlas más cuestionadas en el pasado reciente, las de 1988ų el proceso del año entrante estará a cargo de organismos independientes del gobierno y de los propios partidos políticos tanto en la organización como en la vigilancia, la verificación de resultados y la solución de controversias.
Sólo que hoy se requiere avanzar en el fortalecimiento de ese sistema democrático que tanto elogia en el extranjero el presidente Zedillo. Y los grupos parlamentarios de la oposición prepararon una iniciativa para reformar el código electoral y dar mayor equidad a la competencia por el poder.
En las últimas semanas, de febrero a la fecha, para ser precisos, tanto la directiva de Acción Nacional como el liderazgo panista en el Congreso iniciaron pláticas con el gobierno ųsin el PRI ni sus legisladoresų a través de la Secretaría de Gobernación. La agenda se integró con varios puntos de interés para el PAN y, por supuesto, para el gobierno. El aspirante a presidente, Francisco Labastida, y Bravo Mena han estado a la cabeza en las mesas de negociaciones de Bucareli.
Los panistas continuaron, al mismo tiempo, en pláticas con la oposición en el Congreso y lograron algunos acuerdos para la redacción de las modificaciones y agregados a la legislación electoral. Tanto fue así que se preparó la iniciativa y durante dos semanas se retrasó su presentación ante el pleno legislativo, so pretexto de que el coordinador de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Santiago Creel Miranda, y legisladores panistas estarían haciendo acuerdos con Gobernación y con la diputación del PRI. Sin embargo no se lograron consensos y ante la presión del líder perredista Pablo Gómez, se llevó la iniciativa al pleno y se dictaminó en comisiones. La madrugada del lunes, el dictamen fue aprobado por mayoría (opositora) en la Comisión de Gobernación, con el voto en contra de los diputados priístas y el propio Arturo Núñez a la cabeza, quien acusó a los de oposición de "camarazo electoral, digno de entrar al libro de Guines" (el capítulo respectivo de ese libro está completo con los camarazos y las leyes al vapor de los priístas).
Trascendió que el acuerdo al que se habría llegado con Labastida Ochoa prevé la aprobación de nuevas reglas del juego para el 2000, sin que en ellas esté contenida la reforma para permitir las coaliciones partidistas. Los panistas sacaron adelante los asuntos que les interesaban, como la reforma judicial, que aunque la envió como iniciativa el Poder Ejecutivo, en el fondo se trata de una propuesta de Acción Nacional. También las reformas al artículo 115 constitucional, que definirá las atribuciones de los municipios, especialmente las relativas a seguridad pública y funciones de policías (también en el interés de Bucareli). Igualmente una iniciativa para dar autonomía a la Comisión de Derechos Humanos y otra más para crear un nuevo órgano fiscalizador del gobierno federal que vendría a sustituir a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.
A cambio, claro, los panistas votarían a favor de integrar el IPAB ( el sustituto del Fobaproa), aunque este asunto podría ser materia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que sesionará a partir de la próxima semana. Este tema está por definirse, dado que desde diciembre los del PAN insisten en la renuncia de Guillermo Ortiz al Banco de México y de Eduardo Fernández a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ambos tendrían lugar en la junta directiva del instituto y, según los panistas, ellos y otros funcionarios del sector hacendario no deberían participar en la junta por haber estado involucrados en el Fobaproa. En la cancillería se prepara todo para que Fernández vaya de embajador a Portugal y Ortiz se quedará en Banxico, pues en una negociación se acepta y se concede.
Bien, habrá reforma electoral por acuerdo del gobierno y la alianza PRI-PAN: voto a los mexicanos en el extranjero, topes y fiscalización de gastos de campaña, no propaganda oficial en tiempos electorales, más equidad en los medios y no se aceptan las coaliciones en los términos propuestos por la oposición. Asunto que dará pretexto a las dirigencias del propio PAN y del PRD que jamás se pondrían de acuerdo en un candidato único. Tienen la disculpa de que la ley se los prohibe y el PRI tiene la ventaja de que puede ir con algunas alianzas o solo en la candidatura presidencial con posibilidades de triunfo. Como dijo el señor Zedillo al Correo Braziliense: "El PRI podría perder las elecciones del 2000 o podría volver a vencer", o todo lo contrario.
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