n Legislaciones al vapor

Las pugnas en la burocracia socavan la cultura, advierte jurista

México necesita una secretaría de cultura, no de organismos independientes que se disputan espacios como los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH), de Bellas Artes (INBA) y la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), ni que el Senado presente una iniciativa de ley para reformar la

actual legislación que protege el patrimonio cultural del país sin consultar a los especialistas en la materia, afirmó el jurista Francisco Arturo Schoereder.

Investigador y estudioso por más de 35 años de la legislación en materia de protección cultural en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que con una legislación al vapor se corre el riesgo de que "una materia tan delicada como es la vigilancia, conservación, mantenimiento y restauración de monumentos caiga en manos de gente totalmente ajena al conocimiento de la historia y que no son más que politiquillos de ocasión que sólo quieren encaramarse y medrar con sus puestos".

Aseguró que "la problemática es muy grave porque si bien el INAH ha cumplido una función magnífica en sus atribuciones, en la medida en que se lo han permitido, no es entendible cómo se encarga a otras instancias gubernamentales como el INBA y Conaculta tareas similares.

"Se queda uno pasmado y no de admiración, sino de cómo el decreto que creó Conaculta no le facultó para obrar en consecuencia en todas las áreas que también son responsabilidad del INAH. Pero eso no es todo, también el INBA tiene bajo su esfera otra parte de la custodia del patrimonio, cuando todo debía estar bajo un mismo mando", dijo Schoereder.

Puntualizó que en lugar de contar con tres instancias diferentes que tienen a su cargo parte del patrimonio, se debería estructurar una secretaría de cultura, "como ocurre en todos los países avanzados" para que una sola unidad de responsabilidad, conocimiento y unidad política vigile, preserve y salvaguarde el patrimonio.

Señaló que en el Senado "lo que sucede es que ellos quieren que antes de terminar la actual legislatura hayan entregado una aportación, lo cual no es mala idea, pero no la han sabido canalizar adecuadamente, máxime por los intereses brutales que inciden en todo esto y que se quieren echar encima sobre los monumentos para no hacer de todo ello más que una comercialización pavorosa". Por lo tanto, dijo, "creo que una nueva ley debería empezar por reformar desde el nombre de la propia legislación, y con ello hacer un proyecto correcto en que no se afecte el patrimonio cultural".

Schoereder aseguró que en el Senado de la República se constituyeron dos grupos para desarrollar el proyecto de ley: uno integrado por los miembros de la Comisión de Cultura y otra por seis legisladores, pero dijo que en ninguno de los casos se realizaron consultas amplias, y sus trabajos se realizaron de manera hermética.

Cuestionó la falta de consultas a los colegios de arquitectos, de ingenieros, de historiadores, de antropólogos, "en fin, de todos los especialistas en la materia, incluyendo la falta de contacto con los sacerdotes conocedores de arte y legislación encargados de parroquias con un gran historial, y lo peor, se dejó de lado a los juristas, quienes están imbuidos de la esencia temática".

El investigador consideró que esa falta de consulta con los conocedores ha llevado a "un desbarre en la Cámara de Diputados, pues se carece de letrados que manejen correctamente esos asuntos" situación que debería evitarse también en el Senado.

"Entonces Ƒcómo quieren elaborar un proyecto adecuado si no se llama a todos los antes mencionados y también a representantes de cada uno de los estados para llegar a consensos nacionales, por lo que su proyecto de ley es una cosa verdaderamente muy corta y en la cual los únicos que podrían pagar los platos rotos serían los monumentos?".

El investigador señaló que no se debe dejar en manos de estados y municipios toda la responsabilidad del manejo y conservación de los bienes, pues se corre el riesgo de un "gran saqueo" y depredación.

Sin embargo consideró que debe dárseles participación natural en todo proyecto sin que se les haga a un lado, como en la ley de 1972, pero que al mismo tiempo una unidad de mando controle todo, "pues de lo contrario, con la voracidad mercantilista de hoy en día, esta materia caería en manos de gente totalmente ajena al conocimiento de estas disciplinas. Sería el acabose".