n La Suprema Corte dio entrada a la controversia que presentó Hacienda
Niegan amparo a Chihuahua para evitar descuento de participaciones
n El gobierno interpondrá un recurso de revisión: Anchondo
Miroslava Breach Velducea, corresponsal, Chihuahua, Chih., 26 de abril n El juez segundo de distrito, José Pablo Pérez Villalba, negó el amparo al gobierno de Chihuahua, que solicitó la protección de la justicia federal para evitar el descuento de participaciones. El Poder Ejecutivo de Chihuahua interpondrá un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito informó el secretario general, Víctor Anchondo Paredes.
Anchondo consideró un buen síntoma el hecho de que en el periodo correspondiente a abril, la Federación no haya realizado el descuento de 12 millones 210 mil pesos para garantizar el pago de los adeudos vencidos del crédito que contrató el Instituto de la Vivienda con Banobras, del cual la administración estatal es aval, precisamente con los recursos federales a que tiene derecho vía convenio de coordinación fiscal.
Sin embargo, ante la negativa del juez segundo de distrito para admitir la demanda de amparo, el gobierno continuará su defensa por la vía jurídica e interpondrá un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado para evitar que en los meses subsecuentes el descuento de recursos se haga efectivo, adelantó Anchondo Paredes.
Dijo que junto a los mecanismos jurídicos que hará valer, el gobierno de Patricio Martínez buscará un arreglo de fondo a las diferencias que mantiene con el gobierno federal. "No busca la confrontación ni el litigio permanente", precisó al rechazar la propuesta del gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Avila, para que Chihuahua, junto con el resto de las entidades gobernadas por el PAN o el PRD, integren una alianza de defensa ante la Federación.
"No es el momento para la alianza ni está en el interés del gobernador, el gobierno de Chihuahua puede manejar sus propios recursos en las instancias legales correspondientes y recurrir al diálogo con la Federación, será una defensa legal", recalcó Anchondo Paredes.
Se refirió también al juicio de controversia constitucional que sigue la PGR contra el Poder Legislativo por la expedición del decreto que autorizó al cobro de un engomado a más de 250 mil carros chuecos, y dijo que si la solución de fondo al problema fuera la derogación de la ley de seguridad, donde se fundamenta tal recaudación, podría hacerse, siempre y cuando no se hable de decomiso de unidades o de regresarlas al extranjero, como sostiene la Secretaría de Hacienda.
González Fernández mediaría
entre Martínez y la Federación
Francisco guerrero Garro, corresponsal, Cuernavaca, Mor. n El dirigente nacional del PRI, José Antonio González Fernández, anunció que mediará entre el gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, y los secretarios de Hacienda y de Comercio una solución al conflicto derivado de la ley que aprobó el Congreso de aquella entidad respecto de los vehículos de procedencia extranjera.
"Estoy seguro de que vamos a encontrar una solución, porque creo que vale la pena que no rompamos esta concordia entre la Federación y las entidades", dijo, tras asegurar que se comprometió a hacer gestiones para analizar el asunto y esta semana podría darse un primer encuentro.
Justificó que Patricio Martínez haya propuesto una ley que aprobó el Legislativo, de organización y regularización de automóviles ilegales, "en la inteligencia de que en un tiempo determinado, si no lo hacían, se consignaban, y estaban en una situación ilegal que para efectos de seguridad del estado era conveniente ponerles alguna marca o sello.
n Plantea derogar 4 artículos de la ley de seguridad pública
Jesús Aranda n La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la demanda vía controversia constitucional interpuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contra el Ejecutivo, el Congreso y otras autoridades de Chihuahua por la intención de regularizar autos de procedencia extranjera que circulan en ese estado.
Esta es la segunda vez que la Federación interpone una controversia constitucional por presunta "invasión de esferas" ųla primera fue contra el gobierno de Jalisco, que aprobó una ley de seguridad pública violatoria de la esfera federalų; se solicita la derogación de los artículos 124-A, 124-B, 124-C y 124-D, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública emitida el 30 de diciembre pasado, por considerarlos inconstitucionales.
La controversia fue turnada al ministro Juventino Castro y Castro, quien ya dio plazo a las partes interesadas para que en 30 días argumenten a su favor.
Asimismo, el ministro envió ya copia del expediente a la Procuraduría General de la República, así como a las cámaras de Senadores y Diputados.
La controversia interpuesta por Hacienda pretende la derogación de los artículos referidos, los cuales permitieron al gobernador de Chihuahua establecer un 0-programa de identificación de todos los vehículos de procedencia extranjera que circulan en esa entidad, y que se calcula superan las 250 mil unidades.
Una vez identificados los vehículos, se autorizó al Ejecutivo local la expedición de engomados que tienen un precio de 300 a 3 mil 200 pesos, según el modelo del automotor.
En la práctica, el cobro de este impuesto equivale a una "tenencia local", lo que ųsegún las autoridades hacendariasų va en contra de la Constitución, la cual especifica que ese tipo de impuestos son del orden federal.
Además, en el plano político, la decisión del gobierno de Chihuahua contradice la intención manifiesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no regularizar los denominados autos chocolates.
n La SHCP prefiere agredir que dialogar: diputado priísta
Ciro Pérez n La Secretaría de Hacienda ha iniciado una lucha contra los chihuahuenses, sustituyendo el diálogo responsable por una actitud agresiva, luego de que el gobernador Patricio Martínez decidiera entregar un engomado de identificación para vehículos de procedencia extranjera internados en esa entidad, afirmó ayer el diputado priísta Juan Ramón Flores Gutiérrez.
Explicó que al iniciar la identificación de automotores extranjeros y de sus propietarios, el gobernador cumple un mandato del Congreso estatal, acordado por unanimidad entre legisladores de PRI, PAN y PRD, por lo que lamentó los ataques contra el mandatario de Chihuahua, también priísta, de parte de Hacienda y del gobierno federal.
"Los chihuahuenses estamos preocupados por la actitud agresiva que han asumido algunos funcionarios de la administración pública federal, particularmente de la Secretaría de Hacienda, iniciando una lucha que ha sustituido al diálogo responsable; una lucha que es injusta y desigual contra el pueblo de Chihuahua", agregó.
El desacuerdo entre el estado y la Federación surgió luego de que Martínez extendiera un engomado, con fines recaudatorios, para "identificar" a los autos de procedencia extranjera que circulan en aquella entidad, provocando que Hacienda, como medida de presión, retuviera participaciones destinadas a Chihuahua.
"El gobierno de Chihuahua emprendió la identificación de los vehículos extranjeros internados en el estado en una acción que no invade la competencia federal, pues no está legalizando los automotores, y sí en cambio ha contribuido a generar un ambiente de seguridad pública en la entidad, sostuvo Flores Gutiérrez.
Advirtió que Hacienda debe responder a por lo menos dos interrogantes: primero, cómo pasaron la frontera más de 250 mil vehículos sin que la Policía Fiscal se diera cuenta, y "quizás habría que iniciar una investigación para saber si el contrabando de vehículos fue no sólo tolerado sino fomentado incluso por elementos de esa dependencia"; y debe señalar qué medidas adoptará si decide aplicar una "absurda medida" como el decomiso de tal cantidad de autos.