Londres. Esta ciudad, que siempre recibió al general Augusto Pinochet Ugarte con las más especiales atenciones -sobre todo en los tiempos del conservadurismo de Margaret Thatcher-, se convirtió finalmente en la pesadilla del ex dictador, quien no sólo ha tenido que prolongar su estancia por más de seis meses, sino que muy probablemente no pueda volver a su país antes de enfrentar una demanda de extradición por diversos delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos.

Es muy probable que el general Augusto Pinochet nunca hubiera imaginado que su viaje a Londres, programado para someterse a una operación de columna, fuera a prolongarse tanto. Además de ser una de sus ciudades predilectas, Londres era uno de los pocos lugares seguros para él, ante el creciente interés internacional por la defensa de los derechos humanos. No obstante, el 16 de octubre de 1998, el general Pinochet fue detenido para enfrentar un juicio de extradición.

El juez Baltasar Garzón Real, del Juzgado Central de la Audiencia Nacional de España, presentó a Inglaterra el auto de solicitud de extradición del general Pinochet, firmado el 3 de noviembre. Las razones para iniciar el juicio en Madrid contra el senador vitalicio se resumen en los nombres y datos de más de 3 mil víctimas. Así, la nueva ética internacional y los recientes principios que tipifican los crímenes contra la humanidad como imprescriptibles, tienen su concreción en las nueve convenciones internacionales citadas por el juez español: la Convención contra el Genocidio, la Convención contra la Tortura y el Convenio Europeo de Extradición(1).

La dictadura

La dictadura pinochetista puso en práctica una estrategia concertada con la élite conservadora chilena y el apoyo estadunidense para revolucionar la política económica por medio de profundas reformas institucionales que redefinieran el papel del Estado en el desarrollo de la economía.

Los principales objetivos se centraron en la creación de instituciones políticas más fuertes -más autoritarias-, con el fin de terminar con el viejo sistema de partidos, así como en promover una mayor participación del sector privado en el desarrollo de la economía. La junta militar buscaba conformar un país completamente diferente: las fuerzas del mercado y una economía abierta orientada a la exportación promoverían de una manera inimaginada la producción y el crecimiento económico; mientras que en la arena política, Chile dejaría a un lado las ideologías para convertirse en una sociedad de ciudadanos leales y obedientes.

La dictadura se prolongó 17 años con el general Augusto Pinochet a la cabeza (2).

Sin duda alguna, hay que reconocer el éxito que tuvieron los tecnócratas para consolidar la estabilidad macroeconómica chilena. No obstante, los costos fueron muy altos para un importante sector de la sociedad. Una política económica tan restrictiva tenía que llevar consigo el uso de la fuerza para callar a los inconformes y, por ello, en el área de los derechos humanos se cometieron toda clase de atrocidades.

Entre otras cosas, la globalización trajo consigo una creciente preocupación por los aspectos humanitarios, por lo que una dictadura a fines del siglo XX ya no tenía mucho sentido. Con la culminación de la Guerra Fría y la desaparición de la URSS, el anticomunismo que legitimó a los militares chilenos perdió su razón de ser y así el general se vio obligado a dejar el poder.

El triunfo del no a la permanencia de Pinochet en el poder, en el plebiscito del 6 de octubre de 1988, puso fin al gobierno militar(3). Los mismos partidos que Pinochet buscó liquidar fueron capaces de poner a un lado sus históricos antagonismos y emprendieron una alianza en contra del todavía poderoso gobierno militar. Los Socialistas y los Democratacristianos lograron fundar una estratégica alianza, la Concertación de Partidos, que todavía los mantiene en el poder, primero con el triunfo de Patricio Aylwin, en 1989, y ahora con Eduardo Frei, quien ganó las elecciones presidenciales de 1993.

Después del plebiscito, el general utilizó sus últimos meses de gobierno para consagrar legalmente una serie de premisas que protegieran a los militares de por vida. Los militares promovieron una amnistía para evitar ser castigados por sus crímenes, impidiendo así la formación de una ``comisión de la verdad'' similar a las surgidas en Uruguay o Argentina.

Pero además, el general Pinochet se aseguró de permanecer como jefe de las fuerzas armadas hasta 1990, y después mantener vigente la Constitución impuesta en 1980, que lo convertía en senador vitalicio. Fue en estos cruciales aspectos que el ex dictador Pinochet manipuló la transición a la democracia en Chile; sin embargo, el tiempo probó que esa salida fácil no resistiría el cambio de valores del nuevo sistema internacional.

Cronología del juicio

Augusto Pinochet se internó en la exclusiva London Clinic, ubicada al norte de esta ciudad, a principios de octubre de 1998, con el fin de someterse a una operación de una hernia lumbar en la columna. Todavía en plena recuperación, el ex dictador fue formalmente detenido el 16 de octubre, después de que el juez español Baltasar Garzón extendió una primera orden de ``arresto''.

Después de la detención, el ministerio de Relaciones Exteriores británico ratificó que Pinochet no tenía inmunidad, a pesar de su pasaporte diplomático. A partir de entonces, el presidente Eduardo Frei exigió que se respetara la legalidad internacional. En el mismo sentido, la ex primera ministra Margaret Thatcher reclamó la liberación inmediata del ex gobernante chileno en una carta publicada en The Times, donde argumentaba que el senador vitalicio había contribuido enormemente con el pueblo británico para abreviar la guerra de Las Malvinas.

El 25 de octubre se inició el alegato en la Corte de Apelaciones de Londres por los recursos de habeas corpus y la petición para revisar la decisión de arresto de Pinochet. El abogado defensor de Pinochet, Clive Nicholls, argumentaba que los delitos presentados en la orden de arresto ``no constituían crímenes extraditables, pues el senador había actuado como ciudadano chileno y en calidad de jefe de Estado, por lo que gozaba de la inmunidad que el derecho internacional otorga a los mandatarios''.

El fiscal Alun Jones afirmaba que la inmunidad de un jefe de Estado no se aplicaba en el caso de Pinochet, porque ``los crímenes de tortura, la toma de rehenes y conspiraciones para asesinar están fuera de la definición de delitos cometidos en el ejercicio de las funciones de un jefe de Estado''.

En medio de ese tenso ambiente, el 28 de octubre tres jueces de la Alta Corte de Justicia británica, encabezados por lord Bingham, invalidaron por unanimidad las órdenes de arresto en contra de Pinochet, al considerar que ``el solicitante tiene derecho como ex jefe de Estado a ser inmune a procedimientos civiles y criminales de los tribunales ingleses''. Bingham indicó que estaba en juego el principio según el cual ``un Estado soberano no impugnará a otro en relación con sus actos soberanos'', y ordenó al gobierno británico pagar a Pinochet los gastos de su defensa, que ascendían entonces a unos 585 mil dólares. No obstante, se resolvió mantener a Pinochet detenido en Gran Bretaña hasta que la Cámara de los Lores revisara su caso, en segunda instancia.

La sentencia de inmunidad diplomática causó conmoción internacional, pero -para suerte del juez Garzón- ese mismo día la Audiencia Nacional española resolvió que sus tribunales tenían competencia para juzgar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile. La decisión unánime de la judicatura hispana significó un apoyo crucial para Garzón en el intento de enjuiciar a Pinochet, pero sobre todo se convirtió en un refuerzo legal y político incomparable para globalizar la tipificación de los delitos contra la humanidad. Así, a la petición de España se fueron sumando países como Bélgica, Francia y Suiza.

La apelación legal final ante el fallo de inmunidad diplomática pasó a la Comisión de Justicia de la Cámara de los Lores, conformada por cinco jueces-lores que tendrían que dirimir, a fines de noviembre, si ratificaban la sentencia o si, debido a la naturaleza de los cargos, procedía el trámite de extradición.

El miércoles 25 de noviembre la expectación crecía en todos los rincones del mundo. El general Pinochet celebraba su 83 aniversario en espera de que, a las dos de la tarde, cada uno de los cinco jueces leyera individualmente su sentencia. Afuera del parlamento inglés un grupo inmenso de antipinochetistas -entre quienes se encontraba la hija del presidente Salvador Allende, Isabel- seguía detenidamente el proceso con fotos de las víctimas y mantas que imploraban el ``justo castigo al dictador''.

Cuando los dos primeros jueces resolvieron dar libertad a Pinochet, el avión de las fuerzas armadas chilenas que estaba esperando llevar a su ex comandante en jefe a casa encendió sus motores. Los partidarios del general también estaban a punto de festejar su victoria, cuando los siguientes tres jueces -Lonard Hoffman, Donald Nichols y Johan Stein- revocaron su inmunidad y lo pusieron a disposición del ministro del Interior británico, Jack Straw, quien debía decidir finalmente sobre el trámite de extradición.

El 9 de diciembre, Jack Straw aprobó la petición del Juez Garzón, por lo que Pinochet tuvo que presentarse en el tribunal de alta seguridad de Belmarsh para ser notificado del inicio del proceso de extradición. La esperada resolución del funcionario inglés se basó en el Convenio Europeo de Extradición, y sin duda constituye un precedente invaluable para el derecho internacional. Por primera vez en la historia, el Reino Unido permitía que sus compromisos internacionales en relación con los derechos humanos fueran prioritarios frente a una ley interna que le otorgaba inmunidad a los jefes de Estado (4).

Esto todavía no acaba...

Una semana después de la resolución del ministro Straw, la defensa del senador vitalicio demandó anular el veredicto emitido el 25 de noviembre por lord Hoffman, debido a que este juez había ocultado sus estrechos vínculos con Amnistía Internacional y, por lo tanto, ``actuó y falló prejuiciado al negarle a Pinochet su inmunidad''. Dos días después, la Cámara ratificó la cercanía de estos vínculos y procedió a anular la sentencia. Era la primera vez en la historia que una comisión de la Cámara de los Lores anulaba una decisión de su propio tribunal. Así, el dictamen de extradición quedó congelado hasta el nuevo año en espera de celebrar otra vez el mismo proceso.

Debido a estos increíbles sucesos, Pinochet pudo pasar las fiestas navideñas relativamente más tranquilo, aunque fuertemente custodiado por la Scotland Yard. La defensa del general había logrado incluir en el debate el posible sesgo de las resoluciones de un gobierno de ``izquierda'' como el de Tony Blair. Se dice que en su proyecto de gobierno de la ``Tercera Vía'', el mismo Blair ha reconocido luchar por los valores de ese nuevo internacionalismo y no permitir que ningún dictador que reprima a su pueblo encuentre escapatoria.

Al comenzar 1999, la Cámara de los Lores designó a siete de sus miembros para que constituyeran el nuevo grupo que debería ver la apelación al habeas corpus concedido en favor del senador vitalicio. Se resaltaba particularmente que la nueva conformación del Comité consideraba un número mayoritario de personajes ``moderados''.

En su primera intervención ante este nuevo cuadro, el 28 de enero, el gobierno chileno presentó una rotunda defensa de la inmunidad del Estado chileno y de la inmunidad de que están investidos los jefes y ex jefes de Estado. Además, entregó un importante precedente para fundamentar la no retroactividad de la Convención contra la Tortura. Por su parte, el 19 de febrero El Vaticano envió un escrito al gobierno británico sobre la detención del general Pinochet, en apoyo la liberación del anciano ex dictador.

Con este entorno muchos dudaron que los lores vetaran de nuevo la inmunidad diplomática. Finalmente, el 24 de marzo los lores decidieron preservar el ámbito de la ley de amnistía, reduciendo las acusaciones contra Pinochet a delitos de terrorismo, genocidio, tortura y otros, ocurridos entre 1988 -año en que los tres países involucrados se adhirieron a la Convención Internacional contra la Tortura- y el fin de la dictadura.

Con este precedente, el jueves 15 de abril Jack Straw ratificó su decisión del 9 de diciembre para continuar con el proceso de extradición a España del general chileno Augusto Pinochet, donde el juez Garzón habrá de limitarse a juzgar solamente una parte de los delitos que originalmente se imputaron al ex dictador(5).

Las contradicciones del caso

El caso Pinochet ha producido una serie de contradicciones que antes hubiesen parecido inimaginables. Un importante sector de la sociedad chilena, incluido el gobierno, ha colocado a Pinochet como un mártir de la soberanía nacional, ``cuya detención pone en riesgo la democracia''. Ellos aducen que España no tiene autoridad moral para juzgar al senador vitalicio, pues ese país ha sido incapaz de pedirle cuentas a quienes cometieron crímenes de igual o peor magnitud durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). Incluso la izquierda chilena se encuentra dividida.

En el exterior destaca el caso de Estados Unidos por la cautela con que ha procedido. El 28 de noviembre, The Economist saludaba el proceso contra el ex dictador, pero mostraba su preocupación de que ahora magistrados europeos de izquierda sean capaces de pedir la detención de George Bush por la muerte de civiles durante la invasión a Panamá o la de Henry Kissinger por los bombardeos en Vietnam. Otro país que también ha adoptado una actitud mesurada ha sido Cuba, cuando la isla fue el peor enemigo que tuvo la junta chilena en América Latina. Fidel Castro ha declarado repudiar a Pinochet, pero que le parece que el proceso no es legalmente endosable.

Al final, no cabe duda que el caso Pinochet está sirviendo de ejemplo en otros países. A partir de su detención en Londres se han abierto procesos contra el general Massera, de Argentina, por el tráfico de niños de padres desaparecidos, y del ex dictador uruguayo Gregorio Alvarez. En Bolivia los partidos de oposición han exigido investigar los lazos del ex dictador y hoy presidente Hugo Bánzer con la operación Cóndor, internacionalmente caracterizado como un comando terrorista inspirado por Pinochet.

En algunos medios diplomáticos existe el temor de que se pueda generar una ola de denuncias que pueda desestabilizar la situación política de muchos países. No se puede negar que el caso Pinochet bien puede ser utilizado como una referencia en los intentos de occidente de apresar a los líderes serbios o iraquíes, pero también puede servir para que países ``pequeños'' pidan enjuiciar a los grandes líderes del mundo.

Finalmente, ¿qué sigue?

Después de conocer la decisión del ministro Straw, las dos partes acordaron que el juicio de extradición se inicie el viernes 30 de abril. No obstante, cabe aclarar que la decisión es nuevamente apelable ante la Corte Suprema de Londres, la misma que le reconoció inicialmente la inmunidad al general Pinochet.

Se espera que la defensa del senador vitalicio impugne el dictamen y busque agotar todos los caminos legales que contempla el sistema judicial británico para impedir la extradición del general Pinochet a España. Sin embargo, el ministro Straw ha dejado constancia de reservarse el derecho a ampliar los fundamentos de su medida.

Al final, lo que resulta evidente es que la multiplicidad de instancias judiciales que se presentan a partir de esta decisión pueden hacer del caso Pinochet un proceso muy largo. El canciller chileno José Miguel Insulza ha reiterado que su gobierno iniciará la segunda etapa de la defensa para que Pinochet sea juzgado en Chile. Muchos otros analistas dicen que es muy probable que el ex dictador sea enjuiciado en Inglaterra.

En cualquier caso, lo verdaderamente relevante ahora es que la detención de Pinochet constituye un precedente invaluable en la lucha contra la impunidad y la impartición de justicia en el mundo, conformándose como una seria advertencia para los muchos ex gobernantes que han violado los derechos humanos y para otros tantos que sientan todavía la tentación de hacerlo.

(*) Susana Berruecos García Travesí es candidata al Doctorado en Ciencia Política por la London School of Economics and Political Science (LSE).

NOTAS

(1) El 18 de julio de 1998, después de un largo proceso diplomático, se erigió la Corte Penal Internacional. La corte fue creada en Roma por la ONU y fue aprobada con el voto de 159 países, contra siete, incluidos los de Estados Unidos, China y Libia. Los estatutos deben ser ratificados por 60 países, por lo que el apoyo estadunidense se vuelve crucial para poder enjuiciar a personajes que cometan crímenes contra la humanidad.

(2) Ni el General Velasco Alvarado, en Perú, ni el General Videla, en Argentina, pudieron mantenerse tanto tiempo en el poder.

(3) Cabe resaltar que todavía en este plebiscito, el general Pinochet obtuvo más de 40% de respaldo para continuar su gobierno, una señal de que buena parte de la sociedad prefería las ``comodidades de la dictadura que las confrontaciones de la democracia''. Juan Linz y Arturo Valenzuela (eds.), The Failure of Presidential Democracy. The John Hopkins University Press, 1994. p.213.

(4) En su juventud, Straw participó en numerosas marchas contra las acciones estadunidenses en Chile o Vietnam. El New Labour ha sido catalogado como antipinochetista: días antes del arribo de Pinochet a Londres, Neil Kinnock y otros jerarcas laboristas acudieron a un homenaje a las víctimas del golpe chileno. Por otro lado, la breve afiliación del juez Garzón al Partido Socialista Obrero Español también ha sido motivo para que los pinochetistas proclamen que ``la versión moderada de la izquierda ha conspirado para castigar a su líder''.

(5) De los 32 cargos presentados por el juez Garzón sólo quedan tres causas de juicio para Pinochet: la conspiración realizada en Madrid -en la que Pinochet tomó parte, cuando asistió a los funerales de Francisco Franco- para asesinar al dirigente socialista Carlos Altamirano; la tortura y muerte del menor de edad Marcos Quezada Yáñez, en junio de 1989, y su participación en asociación delictiva para conspirar en casos ocurridos entre el 9 de septiembre de 1988 y el 1o. de enero de 1990, cuando dejó la jefatura de Estado.