El Diccionario de la Real Academia, en las diversas versiones de la palabra ``huelga'', hace referencia a la suspensión de labores de los trabajadores. Sin embargo, por extensión, la huelga puede identificar la acción de un conglomerado que presiona para la satisfacción de un interés común. Así se habla de huelgas de hambre, tan frecuentes entre nosotros (y lamentablemente involuntarias muchas de ellas), la huelga de pagos (de impuestos, por ejemplo) o la huelga de masas que, en la versión antigua de Rosa Luxemburgo, sería el instrumento para una transformación revolucionaria.

Por ello no hay duda de que el movimiento que se ha producido en la UNAM es una huelga. Sui generis, por supuesto, pero huelga al fin y al cabo.

Es claro, sin embargo, que no se trata sólo de una huelga en el sentido de la decisión espontánea de dejar de laborar o estudiar, como es el caso. Porque la ocupación violenta de la Facultad de Derecho excede del concepto mismo de huelga y se ubica en el peligroso terreno de las acciones delictivas. Se trata, sin duda, de un despojo con violencia.

Ahora bien: ¿Es lógica esta huelga, que intenta derogar una resolución aprobada por el Consejo Universitario del Reglamento de Pagos?

En mi concepto, no. Se está produciendo, en el mejor de los casos, algo que los penalistas denominan ``exceso en la legítima defensa'', y yo diría que difícilmente se trata de una defensa legítima.

Se ha dicho hasta la saciedad que no puede tener justificación un movimiento cuyo objetivo evidente, al menos en la apariencia, es que los que tienen recursos no paguen cuotas. Porque en el nuevo reglamento claramente se establece la posibilidad de que quien no los tenga, no pague y quienes tengan algo paguen pero en abonos y al final de sus carreras. El pago normal, por otra parte, no acepta comparaciones, ni remotamente, con las cuotas de las universidades privadas. Es evidente, sin la menor duda, de que tampoco es suficiente, sino un simple alivio para algunas de las muchas necesidades de la UNAM.

Nadie podría poner en tela de juicio el sentido social del reglamento ni quejarse de que coloca a los estudiantes sin recursos en la imposibilidad de hacer carreras.

Eso lleva de la mano a consideraciones especiales. En particular que ahora, como en 1965, los estudiantes de la UNAM corren el riesgo de ser simples instrumentos de intereses políticos, porque los que supuestamente defienden nada tienen que ver con la magnitud del conflicto.

Se ha acusado, directa o indirectamente, al PRD de provocar este problema. Y yo me remito a lo afirmado por Pablo Gómez en el sentido de que es perfectamente posible que miembros de su partido intervengan, pero que ello no significa, de manera alguna, que el partido lo haga por sí mismo. Porque, además, ¿qué ventajas obtendría el PRD de este movimiento? La realidad de los hechos, violencias aparte, es que una gran parte del mundo universitario no lo secunda. El martes pasado trabajaron normalmente escuelas e institutos, sin el menor asomo de conflicto. Sólo los ha incorporado la violencia.

La tesis que funda la huelga es que debe exigirse al Estado una mejora en el presupuesto y que se debe mantener el principio constitucional (dicen) de la gratuidad de la educación superior.

De lo primero hay que decir que es un hecho público y notorio que el Estado, independientemente de su inclinación a favorecer económicamente a los sectores poderosos, la Banca de manera especial, no tiene ahora los recursos con que había contado antes. El problema del petróleo y de nuestra absoluta dependencia económica de su extracción y venta no pueden ponerse en tela de juicio. Y respecto de la supuesta constitucionalidad de la gratuidad de la enseñanza superior, en mi concepto descansa en una interpretación por la libre e infundada del artículo tercero, que sólo compromete la exención de pagos respecto de la educación que imparta el Estado (frac. IV) y, en el caso de la UNAM, resulta que, por mandato del mismo artículo, es autónoma (frac. VII), esto es, no forma parte del Estado.

Se habla de referenda, de opiniones mayoritarias en contra de los pagos. Pero, ¿no se ha preguntado usted si la propuesta de crear o aumentar impuestos tuviera que ser aprobada por el sagrado pueblo, cual sería la respuesta? Con esas encuestas tendenciosas, ni el Estado ni la UNAM sobrevivirían.

De nuevo, como en 1965, los estudiantes no tienen la razón.