n En sólo un caso se dividió la votación de los diputados
Improcedentes, 25 demandas de juicio político
Ciro Pérez Silva n La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados declaró improcedentes 25 demandas de juicio político presentadas contra el Presidente de la República, los secretarios de Gobernación, Hacienda y de la Contraloría, y de los gobernadores de Tamaulipas, Baja California y Veracruz, además de otros funcionarios.
El presidente de la Comisión de Justicia, el priísta Sadot Sánchez Carreño, explicó que en 24 casos la declaración de improcedencia fue unánime, mientras que la referente a la denuncia contra el panista Santiago Creel Miranda, presidente de la Comisión de Gobernación e integrante de la Subcomisión de Examen Previo, la votación se dividió: los ocho diputados de oposición por desechar la denuncia y los seis priístas porque continuara su trámite.
De acuerdo con los legisladores del tricolor, la denuncia contra Creel está sustentada, ya que cuando fue examinada la que hizo en contra del gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, el panista debió haberse excusado, toda vez de que existen presunciones de que tenía un interés particular en contra del mandatario, manifestado antes de ser diputado a la 57 Legislatura. Sin embargo, los argumentos que en los medios de comunicación intentó mantener vivos Sánchez Carreño fueron rechazados en votación por sus contrapartes en el análisis legislativo.
Por otra parte, el priísta informó que faltan por revisarse las denuncias de juicio político interpuestas en contra del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, de Javier Arrigunaga y Eduardo Fernández, este último presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por su presunta responsabilidad en operaciones ilícitas del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Sobre los juicios interpuestos contra los gobernadores de Tabasco y Yucatán, Roberto Madrazo y Cervera Pacheco, respectivamente, Sánchez Carreño indicó que luego del ''empate técnico'' surgido de la votación en la Subcomisión de Examen Previo y de las opiniones de la Comisión de Reglamento, se decidió convocar a otra sesión para recogerse nuevamente el sufragio y decidir si existen elementos que justifiquen continuar con el proceso en contra de los gobernadores.
Aclaró que la demanda presentada contra cuatro consejeros del Instituto Federal Electoral no ha sido hecha del conocimiento de las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia, y presumiblemente no han llegado aún a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados.
Finalmente, dijo que del universo total de denuncias recibidas --alrededor de 90-- más de 90 por ciento no cuentan con los elementos suficientes que las justifiquen, por lo que en los próximos días también serán desechadas.
Responden a Cárdenas
Ayer, la Cámara de Diputados dio respuesta formal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la controversia constitucional promovida por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, por la presunta violación de diversos artículos de la Carta Magna durante la aprobación del presupuesto de egresos para 1999.
Entre los puntos más importantes en los que la Cámara solicita el sobreseimiento de la demanda al considerar que la constitucionalidad de la norma no fue violada, destaca la falta de legitimación procesal activa de Cárdenas para representar al Distrito Federal en controversia constitucional, fundado en el hecho de que el promovente de la demanda no satisfizo los requisitos de procedimiento, como son, contar con acuerdo previo de la Asamblea Legislativa y de las dos terceras partes del pleno del Tribunal Superior de Justicia capitalino, entre otros.
También se mencionó la extemporaneidad de la demanda, la imposibilidad jurídica de afectar la validez constitucional del presupuesto de egresos de la Federación al no haberse impugnado conjuntamente con la Ley de Coordinación Fiscal, dada la estrecha relación entre ambos ordenamientos.
La respuesta sostiene que la exclusión del Distrito Federal del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios no vulnera el Plan Nacional de Desarrollo, en virtud de que éste sólo es obligatorio para las autoridades de la administración pública federal y se trata de una norma administrativa, cuya existencia deriva de la Ley de Planeación, además de que la capital carece de facultades constitucionales para gozar de las mismas atribuciones que los estados y que es exclusividad del Congreso de la Unión la creación, distribución y asignación de las aportaciones federales, cuya naturaleza es distinta de las participaciones del mismo nivel.
Al término de la reunión del órgano de Gobierno de la Cámara de Diputados, se informó que ésta sesionará todos los días a partir del martes y hasta el viernes de la semana próxima para discutir, y en su caso aprobar, por lo menos cinco dictámenes relativos con adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, de responsabilidad de los servidores públicos y de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Federal.