Eduardo Montes
UNAM: no tenían otro camino
El rector Francisco Barnés y sus asesores de dentro y fuera de la universidad han incurrido en algo más que un error. Por desconocimiento u olvido de la historia reciente de la UNAM o por un menosprecio irresponsable a la inteligencia y conciencia de la comunidad universitaria, imaginaron poder imponer sin resistencia, o con mínima oposición, sus reformas al Reglamento General de Pagos, incluido aumento de cuotas de colegiaturas, pagos por materiales, uso de equipos, servicios educativos extracurriculares y trámites no especificados. Hoy enfrentan una huelga general en la institución, conflicto difícil, lleno de riesgos.
Sabían ųBarnés de Castro y sus asesoresų que es un asunto muy sensible. No sólo cuestión de pesos más o pesos menos, aunque éstos son escasos en la mayoría de los estudiantes: en 1986-87 provocó una huelga de 21 días y en otros momentos las autoridades universitarias con planes para aumentar las cuotas, desistieron de sus propósitos: no quisieron ir a un conflicto o no consideraron que existieran las condiciones políticas favorables, o no fueron suficientemente presionadas por el grupo en el gobierno o por las agencias internacionales partidarias de privatizar desde plantas siderúrgicas o eléctricas o petroleras, hasta los servicios de la cultura y la educación.
Desde posiciones autoritarias, quienes dirigen la UNAM decidieron que era posible una acción sorpresiva y poner a todo mundo ante una situación de hecho: el 11 de febrero anuncia el doctor Barnés su decisión; el 23 del mismo mes la Comisión de Presupuesto del Consejo Universitario da su aprobación a la iniciativa, y el 14 de marzo el Consejo aprueba en firme el aumento de cuotas. Esto es, en apenas un mes y tres días se realizó la operación fast track. Pusieron oídos sordos a la petición de consejeros y distinguidos universitarios, que demandaron diálogo antes de aprobar la propuesta y postergar la decisión; cerraron los ojos a las primeras protestas y acciones estudiantiles; hubo menosprecio de la opinión de cientos de miles de estudiantes. No les dejaron otro camino que la huelga.
Estallado el paro, extendido ya a todas las escuelas y facultades y en un escenario nacional complicado y con grandes cantidades de material social y político inflamable, las autoridades universitarias reclaman diálogo pero se aferran a la decisión que provocó la huelga; al mismo tiempo, amagan con consignaciones ante el tribunal universitario o el Ministerio Público y organizan una ofensiva publicitaria condenatoria de la huelga. Al igual que en 1968 y 1986, ante movimientos universitarios, o en otros momentos y ante otros movimientos sociales, se sugiere que la huelga en la UNAM es resultado de una conspiración de fuerzas ajenas; en el pasado se acusaba a los comunistas, ahora, a los miembros del PRD. Se insinúa que no hay razones para la inconformidad, que decenas de miles de estudiantes han sido manipulados, engañados, no se les reconoce capacidad para ejercer sus derechos.
También hay voces muy respetables que expresan diversos argumentos contra la huelga y un número importante, aunque minoritario, de estudiantes contrarios al paro. Se dice que la huelga es una medida de fuerza que atropella la legalidad y había otros medios para revertir la decisión del Consejo Universitario.
Ciertamente, el paro de labores es una medida extrema; a ella se acude sólo cuando otros medios de conciliación se han agotado o no han existido; este es el caso: los estudiantes no tuvieron los medios, los espacios, el tiempo para enfrentar de otra manera la decisión autoritaria del rector. Iniciaron la huelga obligados por las circunstancias, de otra manera no serían, no serán escuchados.
Las autoridades deben recapacitar. Para solucionar el conflicto no tienen otro camino que rectificar: derogar el reglamento y sentarse a dialogar y negociar con los estudiantes para encontrar vías de solución, a menos que el rector y sus consejeros y estrategas propios o del gobierno federal estén elaborando una táctica de desgaste, acoso, provocación y acciones de fuerza, algo posible como puede advertirse en la conducta de personajes influyentes en Rectoría o como lo propone el jurista Ignacio Burgoa. Una táctica así sería irresponsable y de provocación, conduciría a extender el conflicto.