n Penosa situación de los derechos humanos en el país, insisten en Ginebra
Urgente, un relator especial para México: ONG
Kyra Núñez, corresponsal, Ginebra, 20 de abril n La designación urgente de un relator especial para México fue considerada como una de las maneras eficaces en que puede contribuirse, a nivel internacional, a aliviar la penosa situación de las violaciones a los derechos humanos en ese país, especialmente sufridas por las poblaciones indígenas, afirmaron una veintena de ONG ante el foro de 53 estados miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que ayer se dedicó al examen de la situación de los indígenas en el mundo y de los mecanismos del organismo que intentan darles protección, representatividad e igualdad social.
México fue definitivamente el país enfocado a lo largo del día de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, dedicado ayer al examen de la situación indígena en el mundo, a contar por el alto número de intervenciones no gubernamentales que narraron vívidos cuadros de tensión en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y que incluyeron ''efectos perversos'' del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
Organizaciones no gubernamentales latinoamericanas y europeas se concentraron en llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación de las poblaciones indígenas en México, muy particularmente en Chiapas, denunciando que el gobierno mexicano no ha respetado los acuerdos de San Andrés, firmados con representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1996.
La directora general del Instituto Nacional Indigenista, Melba Pría, en su intervención oficial consideró indispensable que toda la sociedad participe en la definición de una nueva alianza entre las poblaciones autóctonas y la sociedad mexicana, y estimó que la nueva alianza que se busca entre Estado e indígenas implica un cambio significativo de la política estatal. Sin embargo, la visión oficial de las políticas nacionales fue criticada duramente por las voces no gubernamentales, aunque no motivó ninguna réplica de la directora del INI.
La Asociación Americana de Juristas, en voz de Mercedes Moya, informó que la presencia militar en Chiapas se ha duplicado desde 1998, y con los soldados han venido el alcoholismo, el sida y los embarazos no deseados debidos a las violaciones sexuales de las que son objeto las mujeres de los lugares donde se tiene la presencia militar; la situación puede resolverse si el gobierno cumple con los acuerdos de San Andrés, si la comunidad internacional nombra un relator especial para México y si se dan las visitas programadas de la relatora especial para ejecuciones extrajudiciales, dijo.
El Centro Europeo del Tercer Mundo, por medio de su representante Victoria Miller, aseguró que las poblaciones vulnerables ųcomo los indígenas mexicanosų han sido afectadas por los acuerdos trinacionales del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y que la lucha zapatista reveló la realidad de la degradación de sus precarias condiciones de vida. Demandó el respeto gubernamental a los acuerdos de San Andrés y el que la comisión nombre a un relator especial encargado de evaluar la situación de los derechos humanos, no solamente en Chiapas, sino en todo el país y muy particularmente en Guerrero y Oaxaca, precisamente por la situación alarmante que existe. Insistió en que las visitas de la relatora especial para ejecuciones extrajudiciales y la de la alta comisionada de Derechos Humanos, se realicen en las fechas previstas, esto es, mayo y octubre próximos.
La violencia y las agresiones sexuales de las que son objeto las mujeres chiapanecas que se encuentran en las zonas indígenas y conurbadas fue descrita como crónica, desde cuando menos los años 40, por Nancy Dargel, de la Organización Mundial de Alumnos y Alumnas de la Enseñanza Católica. Imperdonable, dijo, ''en uno de los estados más ricos'' de México como es el de Chiapas, el cual además es uno de los más subvencionados por el gobierno central, según este mismo afirma y, sin embargo, la mitad de la población chiapaneca vive una pobreza que raya en hambruna total.
Por su parte, en nombre de la organización Desarrollo Educativo Internacional habló Randy Vázquez, diciendo que las poblaciones indígenas en Chiapas viven ''una guerra sucia'' orquestada por el gobierno, el Ejército y las fuerzas paramilitares, a quienes responsabilizó de las ''peores masacres jamás vistas'' en ese estado: cifró en al menos 20 mil, las personas que han huido por el terror, y denunció el que la mayor ofensiva contra los municipios autónomos ha provocado muertes y desplazamientos desde el año pasado. Consideró ''imperativo'' el que la comisión se ocupe de la situación y nombre con carácter de urgente a un relator especial.
Por parte de Franciscanos Internacional hizo uso de la palabra Phillipe Leblanc. Argumentando con el ejemplo de la rebelión zapatista, dijo que mostró la brecha que existe entre los derechos internacionalmente reconocidos y su aplicación. Aseguró que ''el gobierno sigue sin respetar los acuerdos de San Andrés y continúa su guerra contra los pueblos indígenas traducida en innumerables violaciones a los derechos humanos''. ''Rogó'' que la comisión se ocupe de esa problemática y demandó del gobierno mexicano que cumpla su palabra empeñada al firmar los acuerdos y los respete.
Fuerte militarización
Hablando en representación de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, Margarita Gutiérrez, indígena mexicana perteneciente a la Asamblea Nacional Plural por la Autonomía, se dijo preocupada por la situación de los derechos humanos en México, siendo ella misma una defensora amenazada. Aseguró que ''la fuerte militarización de las comunidades indígenas amenaza sobre todo a las mujeres, víctimas siempre de la represión''. Gutiérrez insistió en la necesidad de que la comisión nombre a un relator especial para México, así como apoyo de un relator especial para pueblos indígenas. Afirmó que "las mujeres indígenas no quieren violencia y derramamiento de sangre, sino que la pretendida igualdad, justicia y libertad que se dice existen en México, sean reconocidas''.
Willi Littlechild, representante de la Organización Internacional de Desarrollo de los Recursos Indígenas, expresó ''la preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos de las que son víctimas actuales las poblaciones indígenas en México''.
María Gutiérrez, mexicana del estado de Michoacán, en el espacio que le cedió la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familias de Detenidos y Desaparecidos, reveló que en México subsisten los métodos más oscuros para ''silenciar la voz de miles de indios que reclaman justicia, libertad e igualdad social''.