n Inaceptables, por ilegales, los operativos del programa Sérpico, señala

Persisten condiciones ofensivas en penales

Raúl Llanos y Gabriela Romero n La violencia mortal se ha adueñado de los reclusorios capitalinos, ya que tan sólo en las últimas semanas fueron asesinados siete internos, presuntamente por cuestiones vinculadas al tráfico de armas, drogas y la extorsión que se practica en el interior de esos centros, sostuvo ayer el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis de la Barreda.

Al comparecer por más de cuatro horas ante el pleno de la ALDF, el ombudsman habló, además, de los casos de tortura comprobados durante esta administración: "aunque hemos logrado reducirla sustancialmente, no hemos erradicado en el Distrito Federal la abominable tortura", señaló.

También fijó la postura de la CDHDF respecto al controvertido programa de combate a la inseguridad pública, denominado Sérpico.

Dijo que los operativos que se darían dentro de este programa "son inaceptables por ilegales y porque propiciarían abusos, dejando a las personas a merced de una facultad discrecional de los agentes policiacos o sus jefes, no acotada ni controlada legalmente".

Condiciones ofensivas en reclusorios

Ante los diputados locales, De la Barreda Solórzano dio lectura a un documento de 15 hojas, en el que expuso las principales acciones realizadas en materia de derechos humanos. Se refirió a las denuncias recibidas y concluidas. También abordó de manera general el caso de la ex directora de la Escuela Nacional de Danza, Nelli Campobello; la liberación de los ex jefes policiacos implicados en el caso de la Buenos Aires; el problema de la tortura, y la situación que impera en las cárceles varoniles de esta ciudad.

Respecto a los centros de readaptación social del Distrito Federal, indicó que "las condiciones siguen siendo, sobre todo para los presos más desvalidos, ofensivas e inadmisibles", en donde las constantes son sobrecupo, hacinamiento, servicios deficientes, carencia de colchones, agua y alimentos. Bajo estas condiciones, advirtió, "no parece viable ninguna política de readaptación" de los reclusos.

Aseveró que algo más grave se ha abatido en las cárceles varoniles en las últimas semanas, "un terrible mal: la muerte violenta", y citó que entre enero y lo que va de este mes han sido asesinados siete internos. Cinco fueron ultimados en el Reclusorio Oriente, uno en el Norte y otro en el Sur.

Ante ello, dijo que se abrió un expediente de quejas para investigar esas muertes, aunque "existen indicios de que tales decesos pueden estar vinculados con el tráfico de drogas y la extorsión que internos y custodios practican dentro de los penales". De igual manera, añadió, "solicitaremos que se deslinden responsabilidades y se tomen las medidas adecuadas para que la violencia carcelaria no cobre más vidas".

Ya en la sesión de preguntas y respuestas ante los diputados locales, De la Barreda reiteró sobre la "situación realmente grave" que se enfrenta en los reclusorios de esta ciudad. Dijo que más allá de eliminar los privilegios de que gozaban algunos reos poderosos, "no veo mayor avance en la situación carcelaria".

Casos de tortura

Respecto al tema de la tortura, el ombudsman capitalino expresó que aunque se ha logrado disminuir, todavía persiste esa práctica.

De hecho, precisó que es en las instalaciones de la Policía Judicial de Arcos de Belén 23 donde se da con mayor persistencia, por lo que es necesario una "vigilancia sin precedentes" para que ese lugar no sea más el "escenario de uno de los sufrimientos más terribles", y quitar así "la tentación a los agentes judiciales torturadores".

La perredista Yolanda Tello, al fijar en tribuna la postura de su partido, comentó que "no hay democracia ni desarrollo civilizado cuando subsiste impunidad, prepotencia, tortura y cualquier forma de abuso del poder público".

Por su parte, los legisladores de PAN, PRI y PVEM criticaron el trabajo desarrollado por el presidente de la CDHDF, y dejaron entrever que el ombudsman capitalino cambió su actitud e intensidad de su actuación por estar en el gobierno del DF el PRD.

Ante ello, Luis de la Barreda cerró su intervención al mencionar que "la causa de los derechos humanos no puede tener partidismos, banderas políticas ni estar comprometida con ningún credo religioso, doctrina política o postura fundamentalista (...), y más allá de eso creo que hay un problema humano muy importante en el tema de los abusos de poder".

Reiteró que la CDHDF seguirá actuando de manera independiente del grupo gobernante. "Nunca inventando algo a ninguna autoridad, pero nunca soslayando algo que esté ocurriendo", agregó.

En relación con el tema de los reclusorios, el líder del PAN capitalino, Gonzalo Altamirano Dimas, exigió ayer al gobierno de la ciudad la estricta aplicación de la ley para los funcionarios que han abusado del poder y hecho mal ejercicio del gasto público, en especial al interior del sistema penitenciario local.

Afirmó, en conferencia de prensa, que resulta injustificado que las autoridades de la administración cardenista mantengan una actitud pasiva ante la violencia y el descontrol que privan en las cárceles del DF, y prueba de ello, dijo, son los asesinatos de reclusos que se han dado en los últimos 15 meses y los motines, que han dejado como saldo lesiones graves entre los internos.