ƑSon compatibles la eficacia económica y la justicia social? Esta es una de las grandes cuestiones que, al cabo de casi dos décadas de ajustes y reformas estructurales, los mexicanos no conseguimos responder de manera satisfactoria. Tampoco podemos decir que, al no encontrar una fórmula para compatibilizar ambos objetivos, la balanza se inclinó durante estos años a favor de uno de ellos. La desigualdad social y económica creció en el país tanto en términos relativos como absolutos y mal podría argumentarse que, considerado en su conjunto, el sistema económico ganó en eficacia.

La prolongada caída del crecimiento del producto por habitante, el colapso del ahorro interno y la inversión, la inestabilidad monetaria y financiera, el extremo debilitamiento de las finanzas públicas, la vulnerabilidad del sector externo y la crisis sin precedentes de la banca y sus funciones de intermediación no indican una utilización eficaz de los recursos productivos, sino su desaprovechamiento y desperdicio. Dada la persistencia de estas tendencias (y su agudización cíclica), los imperativos de la gestión macroeconómica y financiera terminaron privando sobre el resto de los objetivos de la política pública. La urgencia del corto plazo se impuso sobre el diseño estratégico y las miras de largo alcance.

Con la restricción del crecimiento económico, la capacidad de absorber productivamente la fuerza de trabajo ųque ya de por sí era débilų cayó desde principios de la década de los años ochenta a uno de sus niveles más bajos del siglo XX. El abanico salarial se amplió y el papel y representatividad del salario mínimo se atenuaron. El ajuste a la baja del ingreso produjo, sobre todo después de 1994, un estrechamiento de las expectativas de progreso de los sectores sociales con ingresos fijos y, por primera vez en mucho tiempo, de una fracción muy amplia de la misma clase empresarial. El estallido de la burbuja financiera y crediticia que se infló de manera incontrolada en el periodo 1992-94, fue un factor que profundizó la dinámica de la desigualdad social y económica al llevar a la quiebra a un sinúmero de unidades familiares y de empresas de todo tipo. Una consecuencia de este episodio fue que al crecimiento de las desigualdades del ingreso se añadiera el crecimiento ųtodavía no cuantificadoų de las desigualdades de patrimonio.

Es cierto que no hay una receta para romper este círculo vicioso que combina y reproduce resultados que por separado siempre son indeseables, pero que juntos pueden volverse insostenibles para mantener los equilibrios sociales y políticos básicos del país. En un número reciente del semanario The Economist (10 de abril) se discutía sobre la inexistencia de un modelo económico perfecto en el horizonte internacional. Después de comparar las principales características de los actuales modelos estadunidense, japonés, alemán, sueco y holandés concluía que, en ausencia de un ingrediente mágico, la experiencia reciente de todos estos países sugiere que el crecimiento económico sólo es posible cuando la política pública asegura la existencia sostenida de cierto número de factores. Estos son: ahorro elevado, impuestos reducidos, apertura al comercio, calidad educativa, un sistema legal independiente y políticas monetarias y fiscales sanas. El peso y la importancia relativas de cada uno de estos factores difieren de un modelo a otro y de acuerdo con sus particulares circunstancias nacionales, pero según el semanario británico todos ellos son componentes indispensables para una crecimiento sostenido.

Nadie podría proclamar que la tendencia a la declinación del ahorro interno ya haya sido superada en México. Y si bien la presión fiscal es muy baja, ello se debe mucho más a la incapacidad institucional de ampliar la base impositiva que al nivel de las tasas que gravan el ingreso. La apertura comercial es un hecho, pero el vínculo funcional entre comercio e industria está roto y, en ausencia de políticas e instrumentos sectoriales, el potencial efecto multiplicador o de arrastre que se espera de las exportaciones, cada vez es más limitado. La calidad del sistema educativo es declinante y los índices de deterioro de la educación básica son alarmantes. El sistema nacional de ciencia y tecnología, según decía Gabriel Zaíd del país en los años setenta, cada vez está ''mejor subdesarrollado''. El marco legal e institucional de la economía sigue operando con amplios márgenes de discreción y arbitrio de parte de los funcionarios responsables, y numerosos segmen- tos continúan bajo la dependencia administrativa y política del ejecutivo. La política monetaria y fiscal, sólo en los años recientes empezó a sujetarse a cierta disciplina, pero tanto la inestabilidad interna como la vulnerabilidad externa de la economía redujeron al mínimo posible su capacidad de fomento, con lo cual se convirtió en un factor casi permanentes de contención. En estas condiciones, el modelo económico mexicano no genera las ''dinámicas positivas'' de aquellos países, pero en cambio sí reproduce algunos de sus peores defectos que, según The Economist, son los siguientes: desigualdad creciente de los ingresos, pobres beneficios sociales, precariedad y debilitamiento de los servicios públicos fundamentales, empleo precario y, en el caso de los países europeos, elevado desempleo abierto. Así pues, la pregunta sigue abierta: Ƒcómo conciliar eficiencia económica y justicia social? Ojalá que los muchos personajes que nos quieren gobernar empiecen a ofrecer al electorado algunas respuestas específicas.