n 534 observaciones al último año de su gestión

Revela irregularidades auditoría a Espinosa

n Informe enviado a la Asamblea Legislativa por Gastón Luken

Gabriela Romero Sánchez n Como resultado de la auditoría externa que la Contraloría General del Distrito Federal ordenó al último año de la gestión del priísta Oscar Espinosa Villarreal, se generaron 534 observaciones --con un monto por aclarar de mil 820 millones 455 mil pesos--, de las cuales 187 se solventaron, entre el periodo de mayo a diciembre de 1998, y quedaron pendientes 347, con un monto por mil 786 millones 508 mil pesos.

Lo anterior se desprende del Informe de Labores 1998, que el contralor capitalino Gastón Luken Garza remitió ayer a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, previo a su comparecencia de mañana ante el pleno, en el que se especifica que en el segundo semestre del año pasado las firmas de auditoría externa entregaron algunos reportes.

En lo relativo a créditos internacionales, destaca la existencia de un fondo disponible no ejercido por concepto de indemnizaciones en la expropiación de predios ubicados en la delegación Tláhuac, por un importe de mil 17 pesos, que los beneficiarios no cobraron por considerarlo demasiado bajo. El crédito fue otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que funge como ejecutora la Comisión de Recursos Naturales.

"Los acuerdos, compromisos y avances derivados de misiones de supervisión efectuados por el Banco Interamericano de Desarrollo, emitidos el 9 de octubre y 14 de noviembre de 1997, que la Comisión de Recursos Naturales presentó en la información complementaria, indican que se adolece de las formalidades requeridas para el caso, especialmente de las firmas de los responsables", se agrega.

Para el sector paraestatal del gobierno del Distrito Federal se efectuaron 17 auditorías externas, entre las que se incluyen la realizada a los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, además de las correspondientes a las comisiones de Recursos Naturales y de Aguas del DF.

Mientras que con el apoyo de la Controlaría Interna de la Secretaría de Obras y Servicios se están realizando 135 auditorías externas a nueve unidades administrativas del gobierno del DF, con un costo global de 3,105.755.86 pesos más IVA, que se distribuyeron en 16 contratos de servicios profesionales pactados con 12 empresas auditoras externas.

Hasta el momento, se ha registrado 90 por ciento de avance en las 135 auditorías externas, que han arrojado mil 623 observaciones, de ellas mil 268 son normativas y 355 deductivas o sanciones.

Detectan irregularidades

Por otra parte, el documento establece que en el análisis de la Cuenta Pública de 1997 se detectaron una serie de irregularidades, entre las que destacan: deficiencias de registro y control en los sistemas contables; falta de soporte jurídico respecto de la propiedad de bienes inmuebles; incumplimiento de obligaciones fiscales y contribuciones locales, e inversiones financieras en desapego a la normatividad vigente.

Se citan como ejemplos los casos del Instituto de Vivienda, que en su calidad de organismo descentralizado asume la mayor parte de los fideicomisos públicos que hay en la materia, pero se detectaron una serie de deficiencias de control interno que determinaron proceder a su liquidación, con lo cual se incorporarían de manera paulatina a las cuentas saneadas de activo, pasivo y patrimonio; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que se mantiene sin formalizar el carácter jurídico de su transferencia al DF, por lo que no se puede establecer la propiedad de los bienes inmuebles.

Por otra parte, se puntualiza que en 1998 la Contraloría General capitalina sancionó a dos mil 494 servidores públicos, de los cuales 181 fueron inhabilitados, 182 destituidos, mil 132 suspendidos, 445 amonestados, 503 se hicieron acreedores a una sanción económica y 51 fueron apercibidos. Lo que representa un incremento de 22 por ciento con relación a los dos mil 54 funcionarios que fueron sancionados en 1997.

Con respecto a las sanciones económicas, durante el primer año de la administración del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, se emitieron resoluciones por 287 millones 491 mil 805 pesos; es decir, un incremento del orden del mil 182 por ciento en comparación con los montos determinados en 1997.