La fracción cuarta del artículo 3o. constitucional dice textualmente: ''Toda la educación que el Estado imparta será gratuita''. La Universidad Nacional Autónoma de México es una institución descentralizada del Estado que imparte educación; por lo tanto, ésta debe ser gratuita. El silogismo es impecable; quienes no lo vean así es porque no quieren verlo. Si la educación que imparte la UNAM es educación del Estado, proporcionada por conducto de la máxima casa de estudios de este país, es lógico que deba aplicarse la disposición antes citada.

La discusión se ha planteado mal, en términos de justicia y no de legitimidad. Se dice que no es justo que los estudiantes universitarios no paguen algo, lo que pueda cada uno, del costo de su educación media y superior, pero es evidente que ése es otro problema.

Una cosa es lo que, en opinión de algunos, puede parecer justo o injusto, y otra distinta es lo que ordena la ley, y no una ley cualquiera, sino la Constitución, que es la ley suprema de la nación.

Para quienes aducen que desde el rectorado de Gómez Morín se cobran cuotas a los estudiantes, hay que recordarles que entonces, con motivo del conflicto entre el gobierno y la Universidad, se retiró el subsidio oficial y, en una universidad pequeña, rector y profesores dejaron de cobrar y, junto con los alumnos que pudieron hacerlo, colaboraron en el sostenimiento de su escuela.

También es importante precisar que si bien se cobran desde hace muchos años cuotas módicas, muy lejanas de las altísimas colegiaturas de las universidades y tecnológicos privados, esto es porque la quinta reforma al artículo 3o. constitucional, que introdujo la fracción cuarta antes citada, es apenas del 5 de marzo de 1993.

Por otra parte, para quienes pongan en duda que el Estado tenga entre sus funciones la de impartir educación superior, les recordamos la fracción 25 del artículo 73 de nuestra Carta Magna, que dispone que entre las facultades del Congreso Federal está la de ''establecer, organizar y sostener (...) escuelas profesionales''.

Finalmente, aclarada la cuestión de la constitucionalidad de las cuotas, es bueno agregar que, en opinión de muchos, es muy positivo que mediante la educación gratuita que imparta el Estado se persigan los valores sociales que los neoliberales olvidan: la igualdad de oportunidades, la solidaridad, la fraternidad y la justicia social.

Históricamente la universidad pública ha sido, en efecto, un factor de unión de los estudiantes que provienen de sectores sociales muy diversos y de diferentes lugares del país; aun cuando sea un lugar común, hay que decir que es un crisol donde se encuentran, mezclan y perfeccionan muchas inteligencias e inquietudes juveniles.

Invertir dinero público, que es de todos, en la universidad es la mejor inversión posible; los fósiles y los malos estudiantes son, en todo caso, problemas menores frente al gran beneficio de miles de muchachos que encuentran enseñanza y camino en la universidad; lo que se requiere es que las instituciones internas, consejos, sociedades de alumnos, el Patronato, la Rectoría, funcionen bien y con verdadera autonomía, que haya un verdadero ''espíritu universitario'' y que los cargos en la máxima casa de estudios dejen de ser puente para otros puestos en el gobierno.