n Indagan actuación de Jaime Alvarez en 1997

Clementina Rodríguez, directora interina de Reclusorios del DF

José Galán n Las investigaciones en la Dirección General de Reclusorios del Gobierno del Distrito Federal apuntan hacia atrás, mientras que Clementina Rodríguez, directora del Instituto de Capacitación Penal del área, asumió ayer el interinato, en lugar de Jaime Alvarez Ramos, quien pidió una licencia para permitir que la Contraloría Interna realice auditorías.

Las investigaciones principales giran en torno al contrato suscrito entre la Dirección General de Reclusorios y la empresa Industrias de Readaptación Social, SA de CV, en 1997, en el que funcionarios de la administración de Oscar Espinosa Villarreal le otorgaron la concesión de fabricación de pintura industrial al Reclusorio Oriente, usando a los internos como mano de obra barata.

De acuerdo con fuentes de la Dirección de Reclusorios, que pidieron el anonimato, las investigaciones de la Contraloría Interna, "que en un primer momento se había quejado de obstrucción por parte de la dirección de Jaime Alvarez Ramos, van hacia atrás".

Es decir, las indagatorias de la gente de Gastón Luken se remontan al 15 de mayo de 1997, cuando el entonces director general de Reclusorios, Julio Pérez Benítez, cercano colaborador del entonces secretario de Gobierno de Oscar Espinosa Villarreal, Jesús Salazar Toledano, tuvo tratos con la empresa a cargo de desarrollar las pinturas, que al parecer eran compradas a precios muy bajos y vendidas con un alto porcentaje de ganancia al propio gobierno de la ciudad.

Fuentes de la Dirección General de Reclusorios del gobierno capitalino afirmaron que la decisión de Alvarez Ramos de solicitar una licencia al cargo por 15 días, "tuvo como objeto permitir a la Contraloría Interna hacer su trabajo, después de que se había quejado en las instancias más altas del gobierno de que se le habían puesto trabas para indagar los manejos no sólo en torno al caso de las pinturas, sino también de otros negocios en ese mismo reclusorio".

Dijeron que Alvarez Ramos "decidió hacerse a un lado y dejar el campo libre" y agregaron que los contratos suscritos por la administración priísta con la empresa tienen una vigencia de cinco años, "por lo que se debe revisar el régimen legal que ampara esos contratos y si esa empresa realmente cumple con la entrega y beneficio contenido en ellos. Por eso se trata de una investigación que va hacia atrás".