n Asilo político en EU al capitán Jesús Valles


Matar, no capturar, la orden a militares en Chiapas en 1994

John Ross, especial para La Jornada, El Paso, Texas, 18 de abril n Durante los primeros días de la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación (EZLN), en enero de 1994, el capitán Jesús Valles, quien entonces se encontraba apostado en la Zona Militar 30, cerca de la frontera de Chiapas con Villahermosa, Tabasco, recibió la orden de su coman- dante de no tomar prisioneros en la ciudad selvática de Ocosingo, en momentos en que se llevaban a cabo los más fieros combates de una breve guerra a tiros de 12 días.

Es decir, la orden era matar, y no capturar, a sospechosos de ser rebeldes.

Sorpresivamente, en vez de responder con la obediencia mecánica que el Ejército exige a sus conscriptos, Valles y otros dos compañeros rechazaron las órdenes por motivos legales y morales. "Ya había dado servicio en Chiapas. Aprendí sobre la vida de los indígenas ahí. Sólo viven de lo que siembran en la tierra, y aun así han compartido su comida con nosotros", explicó Valles el año pasado a un juez del Departamento de Inmigración estadunidense.

El pasado 19 de marzo, el ex capitán Valles se convirtió en el primer miembro del Ejército Mexicano a quien se ha concedido asilo político en Estados Unidos. También se trata del primer mexicano a quien se ha dado refugio por haberse "negado conscientemente a matar a sus compatriotas mexicanos".

En un dramático testimonio ante la juez federal de inmigración en esta ciudad, Bertha Zúñiga, Valles describió cómo el general de brigada Luis Humberto Portillo, comandante de la Zona Militar 30, dio instrucciones a las tropas de exterminar a todo sospechoso de pertenecer a los rebeldes zapatistas, pero advirtió hacerlo cautelosamente debido a la presencia de periodistas en la zona. Algunos subalternos del general Portillo, por lo visto, no atendieron del todo la advertencia. Según el testimonio de Valles, el mayor Alberto Pérez Nava ejecutó a cinco presuntos zapatistas en el mercado de Ocosingo, y fotos a plana entera de los cadáveres aparecieron en periódicos y revistas en todo el mundo. Pérez Nava nunca ha sido acusado por estos crímenes.

Civiles asesinados en hospital de Ocosingo

Las autoridades militares responsabilizaron a un teniente del asesinato de cinco civiles en el hospital de Ocosingo, en los primeros días de la guerra, pero el soldado supuestamente "se suicidó" antes de que pudiera ser encausado por la justicia militar. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Departamento de Estado y la misma comisión de derechos humanos del gobierno mexicano han emitido reportes que coinciden en que el Ejército cometió atrocidades en Ocosingo y en la aldea zapatista de Morelia en enero de 1994, pero nunca se han presentado cargos contra soldado alguno.

Así las cosas, la objeción de Valles a matar zapatistas marcó para él la máxima pena dentro de las filas castrenses. Tras rechazar las órdenes del general Portillo, el capitán fue transferido a una unidad en Tehuacán, Puebla, donde varios colegas le advirtieron que lo "iban a desaparecer". Antes que ser asesinado o encarcelado, Valles desertó y huyó al estado natal de su esposa, Chihuahua. Cuando en febrero de 1995 el presidente Ernesto Zedillo ordenó que la unidad de Tehuacán fuera a la selva Lacandona a destruir el liderazgo zapatista, Jesús y su esposa María, una enfermera, cruzaron la frontera hacia Texas.

Pese a estar redactada en terminología inconexa, la decisión de Zúñiga expresa de manera unívoca tanto lo referente a conceder asilo a Valles como en la culpabilidad del gobierno mexicano en actos de violación a los derechos humanos y abusos en Chiapas. Citando numerosos documentos y el testimonio experto del doctor Samuel Schmidt, un politólogo de la Universidad de Texas nacido en México, quien una vez se vio obligado a huir de este país por amenazas de muerte, Zúñiga afirma que "hay razones para creer que el gobierno mexicano ha asesinado a civiles inocentes y ordenado acciones militares represivas" en Chiapas. Considera también que Valles "tiene el temor justificado a ser objeto de una persecución" en represalia por "su negativa a obedecer órdenes de matar a rebeldes del EZLN y cometer actos de represión".

El Departamento de Estado estadunidense turnó la solicitud de asilo a las autoridades federales de inmigración --con lo que ignoró evidencias de abusos del gobierno denunciadas reiteradamente en los últimos cuatro años por organizaciones de derechos humanos-- con el argumento de que el conceder el asilo causaría conmoción al sistema militar al sur de la frontera. "Esta es la primera solicitud de asilo de un oficial que ha desertado del Ejército Mexicano que jamás hayamos recibido", escribió William Bartlett, de la oficina de asilo del Departamento de Estado, al explicar las "reticencias" que dicha oficina tenía en lo referente a conceder asilo a Valles.

El ex oficial fue defendido por el pintoresco abogado de la frontera Carlos Spector, pionero en casos de solicitudes de asilo político de mexicanos que han huido a Texas. A finales de los ochenta, Spector, hijo de un militar de Brooklyn y una campesina chihuahuense, logró que se concediera asilo político a dos líderes del conservador Partido Acción Nacional, quienes eran acosados por el gobierno priísta de Chihuahua.

Desde entonces, 61 mil mexicanos han hecho solicitudes de asilo a Estados Unidos, aunque sólo un puñado de éstas ha tenido éxito. A menos de cien solicitantes se les ha concedido el asilo por motivos tan diversos como son la persecución política y amenazas a su integridad por parte de la policía, o bien, la orientación sexual.

Jesús Valles es el primer opositor de conciencia a quien se le otorga santuario, y Spector justificó el caso en estándares internacionales que se aplican en casos de militares que han rechazado órdenes ilegales, a los que comparó con la negativa de Valles a cumplir las órdenes de ejecución.

En muchos aspectos, la oposición de conciencia de Jesús Valles refleja las fisuras que afectan la estructura del sistema militar mexicano. Fue un niño pobre en una comunidad azucarera en el estado de Morelos. Nació en 1968, año en que el Ejército Mexicano masacró a cientos de estudiantes en la capital de la nación. Siendo adolescente, Valles ganó una beca en el Heroico Colegio Militar, el equivalente mexicano a West Point, y bastión del pensamiento nacionalista, cuyos más famosos graduados son los Niños Héroes --cadetes quienes hace 151 años prefirieron suicidarse antes que rendirse a invasores de Estados Unidos durante la guerra de anexión. Absorto en el ciego patriotismo que inculca el Ejército, el capitán Valles inició sus comisiones en 1988, año en que el gobierno se sirvió del Ejército para reprimir movimientos de oposición en Michoacán y Guerrero, y envió fuerzas a la mina de cobre de Cananea, en Sonora, cuando ésta fue privatizada.

La primera misión de Jesús Valles fue en Chihuahua, donde participó en campañas antidroga en las que fue testigo de torturas que soldados infligían a indígenas tarahumaras. El uso del Ejército en la guerra contra el narcotráfico, que alguna vez fue tarea exclusiva de la policía civil, ha sido cuestionado repetidamente por altos ex oficiales, como son los generales retirados Samuel Lara y Luis Garfias, quienes abandonaron el PRI para unirse al Partido de la Revolución Democrática.

El pasado año, las grietas al interior del Ejército se evidenciaron aún más debido a que docenas de oficiales se unieron al PRD cuyo fundador, Cuauhtémoc Cárdenas, es hijo de un general revolucionario. La ruptura parece tener que ver tanto con el uso del Ejército para fines personales, políticos y para labores que competen a autoridades civiles, así como al supuesto de que las fuerzas deben lealtad incondicional a los presidentes, cuyas políticas económicas neoliberales y de privatización de instituciones alguna vez revolucionarias no parecen tener nada que ver con los principios de la Revolución Mexicana.

La justicia --o injusticia-- militar se ha convertido también en un tema candente. El más célebre "prisionero de conciencia" (denominado así por Amnistía Internacional), el general José Francisco Gallardo, ha estado encarcelado durante años porque abogó por la creación de un ombudsman que represente a soldados de bajo rango en procedimientos de la justicia militar.

El teniente coronel Hildegardo Bacilio Gómez, líder del Comando Patriótico para la Concientización del Pueblo, protagonizó, junto con otros 50 soldados y oficiales, una marcha sin precedente en la ciudad de México en diciembre pasado, para protestar por la desigualdad en el sistema militar de justicia. El y sus compañeros fueron encarcelados este invierno acusados de sedición. Durante la marcha, Bacilio Gómez expresó objeciones a la campaña militar en Chiapas y declaró su admiración por el subcomandante Marcos.

A pesar que el ex capitán Valles es el primer militar considerado opositor de conciencia -definición no reconocida por el Ejército Mexicano-, no es el primer soldado que deserta debido al conflicto en Chiapas. De hecho, el mismo Valles atestiguó que unos cien hombres abandonaron el Ejército en dicho estado durante las primeras semanas de la guerra, lo que fue confirmado desde un principio por el EZLN en sus primeros comunicados. No es inusual que periodistas en la zona de conflicto hablen sobre soldados que peinan la selva en busca de los desertores.

Valles no es el primer soldado mexicano que recibe asilo político en América del Norte. Hace diez años Zacarías Osorio, el más conocido desertor del Ejército Mexicano, recibió asilo en Canadá, tras confesar que fue parte de un pelotón de fusilamiento en el Campo Militar Uno, y que a finales de los setenta y principios de los ochenta fusiló a entre 60 y 140 prisioneros políticos por órdenes de sus superiores, antes de escapar. De la misma forma que en el caso de Valles, las autoridades migratorias decidieron que estas revelaciones hacían que peligrara la vida de Osorio si se le forzaba a volver a México.