Las mujeres y los niños rociaron agua bendita de San Ignacio en las calles de Iztapalapa. Es muy buena, dijeron, ``para ahuyentar al enemigo''. Al frente del batallón iba Elio Villaseñor Gómez, fundador y asesor de organizaciones no gubernamentales, hombre cercano a las Comunidades Eclesiales de Base y a curas (a todo mundo le dice ``hermanito''), quien se estrenaba como delegado del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas.

Ese 17 de enero de 1998, tras la homilía que ofició Felipe Tejeda García, representante del arzobispo primado, Villaseñor trazó la ruta de su gobierno en una de las delegaciones más conflictivas de la capital, con 2 millones de habitantes, graves carencias de servicios y el índice más alto de homicidios.

Dijo el delegado: ``Soy un convencido de que en el mensaje de Jesucristo se encuentra la fuerza y la inspiración que necesitamos para hacer de esta delegación un lugar digno, del que nos podamos sentir orgullosos''.

Sí. Los primeros días de la etapa que definió como ``la más bella de mi vida'', transcurrían en santa paz.

Un año tres meses más tarde acabó la belleza.

Luego de múltiples enfrentamientos y divisiones entre los funcionarios de la demarcación, la contraloría empezó a indagar los gastos autorizados por el delegado, y a revisar con lupa la asignación de los contratos.

Quienes conocen la investigación utilizan dos palabras para definir el vía crucis de Iztapalapa: corrupción y derroche. Hasta ahora las miradas se concentran en funcionarios medios.

En la misa de su despedida -a la que asistió el nuevo delegado, Ramón Sosamontes-, Elio Villaseñor pidió perdón a Dios ``y a la comunidad de Iztapalapa por no haber hecho bien algunas cosas''.

Flagelaciones aparte, el ex delegado enfrenta un problema bastante terrenal: el juicio sobre su gestión, él mismo lo dice, está en manos de la Contraloría General del Distrito Federal.

Las cuentas del rosario

Los primeros en enterarse de que el delegado de Iztapalapa renunciaría fueron algunos reporteros a quienes Villaseñor Gómez invitó a comer el 15 de marzo en el restaurante Bolívar 12.

Ahí, como lo haría en las semanas siguientes, se declaró víctima de los conflictos entre las corrientes del PRD, y se quejó de que algunos de sus subordinados hacían campaña con recursos públicos.

Al término de la comida, caminó unas calles hasta la Secretaría de Gobierno donde a las 17:30 entregó su renuncia.

Unos días más tarde, su sucesor, Ramón Sosamontes, diría que en Iztapalapa la política no compra impunidad.

Villaseñor ya no quiso entrarle al toro: ``Mi interlocutor no es Sosamontes, es la Contraloría y a su fallo me atengo... Si antes de conocer los resultados de la auditoría lanzan acusaciones, es claro que se trata de un linchamiento político''.

Las cosas pueden no ser tan sencillas.

Semanas antes de su renuncia se ventiló en los medios el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 1999 (PAA), elaborado en octubre pasado, en el que se destinaban 8 millones de pesos para la alimentación de personas: langosta, langostino, camarones, almejas y ganso eran la materia prima.

Estaba contemplado, además, gastar 21 millones de pesos en la renta de autos y camionetas, y 24 millones para compra de combustible.

Desatado el escándalo, Elio Villaseñor y el ex subdelegado administrativo, Víctor Manuel Morales Roque, argumentaron que se trató ``de una proyección financiera que tiramos a la basura'', y que el presupuesto en operación, autorizado el 15 de marzo, no contempla la compra de alimentos de lujo.

Sin embargo, la realidad es que desde enero y hasta mediados de marzo las compras en Iztapalapa se hicieron con base en el PAA elaborado en octubre.

Y el vía crucis continúa.

En la revisión de las cuentas del rosario, la Contraloría detectó que el año pasado la Delegación pagó un curso de computación que nunca fue impartido; que el ex subdelegado administrativo, a nombre de Villaseñor, aparentemente efectuó un convenio verbal para indemnizar con tres millones de pesos a una empresa contratista (ver recuadro), y se descubrió que el delegado solía firmar en blanco órdenes de clausura y revisión.

Las pesquisas incluyen el rastreo de 300 mil pesos que la Subdelegación de Desarrollo Social habría entregado, en septiembre y octubre pasados, a Antorcha Campesina, como apoyo para sus campamentos en la delegación.

El dinero, señalan quienes conocen la investigación, fue a dar al plantón que Antorcha tiene en el Zócalo.

Las cajas, las actas y la camioneta chocolate

El 20 de enero fue un día muy agitado en el edificio de la delegación Iztapalapa.

De acuerdo con un acta circunstanciada que firmaron Ernesto Hurtado Oropeza, representante de la Contraloría; Jesús Alexey Martínez Cedano, Oscar Mayo Leytte, de la Subdelegación de Gobierno, y la policía auxiliar Judith Flores Rodríguez, cuando se desarrollaba la entrega recepción de la Subdirección de Gobierno se percataron que seis sujetos subían sillas y cajas a una camioneta con placas de Estados Unidos.

En las cajas, narran los funcionarios, había documentación oficial, por lo que ordenaron ponerla bajo resguardo.

Sin embargo, a las diez de la noche los mismos empleados (``probablemente adscritos a la Subdirección de Verificación y Reglamentos'') movieron la camioneta, pasaron las cajas a la patrulla 1695 de la Policía Judicial del DF, y trataron de escapar de la delegación, pero los policías auxiliares que estaban de guardia lo impidieron.

¿Por qué tanto interés en llevarse las cajas?

Tal vez por su contenido. Según el acta circunstanciada, al abrirlas se encontraron aparatos de radiocomunicación, pilas, documentos de la apertura y revalidaciones del restaurante El Bodegón, una factura por 43 mil pesos a nombre de la delegación y... 20 órdenes de clausura firmadas en blanco por el delegado Elio Villaseñor Gómez.

Un estorbo

Elio Villaseñor se defiende: ``La verdad es que fui un estorbo''.

-¿Para quién?

-Para muchos funcionarios que venían del PRD y de otros partidos con la inercia del pasado, al reparto del pastel o cobrar facturas... La perversidad permeó a todos, eso no tiene color.

Desde el primer día, comenta, trató de establecer un nuevo estilo de gobernar, ajeno a las disputas de partidos y sus corrientes. El resultado fue pobre: ``No a todos les cayó el veinte''.

La entrevista se realiza en su oficina del Equipo Pueblo, donde, por pura casualidad (eso dice Villaseñor), en una de las paredes está pegado un dibujo de Snoopy con la leyenda: ``Bienvenido a casa''.

-Dicen que durante su gestión el PRI avanzó.

-Para mí se trataba de demandas sociales, no de poder. Si el PRI tenía más propuestas tendría más respuestas; la disputa era quien tenía más iniciativa.

``Lo que yo no hice, y ese es el mensaje, fue linchar al PRI ni tratar de destruirlo. Fui a darle su papel, como se lo di al PRD y a todos, según mi agenda de trabajo. No fui a gobernar al viejo estilo de acabar con la oposición, que para mí no existía, eran sectores sociales y ciudadanos con demandas''.

Es el lunes 12 de abril, casi un mes después de su renuncia. El escándalo de las langostas y los autos de lujo sigue de plana en plana, pero el ex delegado insiste en que se trata de un asunto al que se ha dado un manejo político.

No es la primera vez que se presenta como el jamón del sandwich perredista de Iztapalapa. A fines del año pasado Villaseñor Gómez se quejaba constantemente de la ``falta de interlocución'', es decir, de que Cuauhtémoc Cárdenas no lo atendía.

Una ocasión, para probarlo frente a quienes le escuchaban, tomó el teléfono y buscó al diputado Lázaro Cárdenas Batel, a quien pidió interviniera para ser atendido por el jefe de Gobierno.

``Cómo no'', le contestaron y en ese preciso momento -así son las casualidades- Cuauhtémoc Cárdenas se puso al teléfono.

Días más tarde, Villaseñor se presentó al antiguo Palacio del Ayuntamiento con un rosario de quejas (las mismas que, tras su renuncia, hizo públicas), y con nombres y apellidos en las manos recibió la autorización para despedir a quienes le estorbaban.

No pasó nada. El delegado optó por darles una oportunidad de tres meses, pero antes que se cumpliera el plazo, exigió la renuncia de todos los subdelegados ``porque no estaban cumpliendo con el mandato de gobernar para todos''.

-¿No fue exagerado?

-Había que hacer uso de una salida fuerte, una verdadera cirugía mayor.

En medio de la tormenta, el ex delegado se dice tranquilo porque salió con la conciencia limpia y porque, además, ``nunca llegué a buscar chamba''.

De 47 años, sociólogo, catedrático de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana, prácticamente toda su vida profesional está ligada a las organizaciones no gubernamentales, especialmente la que fundó en 1977: Equipo Pueblo.

Su relación con Cuauhtémoc Cárdenas data de 1988, pero cobró importancia en la campaña presidencial de 1994 , cuando su organización apoyó al equipo de prensa del candidato.

Su papel de consultor en México de la holandesa Novib le permitió interceder para que la Fundación para la Democracia, creada por el ahora jefe de Gobierno, recibiera fondos de dicha agencia.

Tras la victoria del 6 de julio, Novib decidió ampliar su presencia en la ciudad de México y realizar proyectos de coinversión con el gobierno local, especialmente en apoyo a grupos vulnerables.

En la víspera de la salida de Villaseñor de Iztapalapa, algunos de sus cercanos llegaron a amenazar con la posibilidad de que Novib suspendiera sus aportaciones.

Dos semanas antes de la renuncia, colaboradores suyos promovieron una carta de apoyo a la ``gestión ejemplar'' de Villaseñor, con la intención de que la firmaran decenas de ONG con las que el ahora ex delegado ha mantenido vínculos por décadas.

Casi como apareció, la carta salió de circulación. Sólo tres organizaciones la firmaron.

La historia de las clases que no se impartieron empezó el 23 de noviembre de 1998.

Ese día el subdelegado Morales Roque firmó con la empresa Oracle de México el contrato ADJ/DI/SA/ SDRII/026/98, mediante el cual la compañía se comprometió a impartir, durante noviembre y diciembre, ocho cursos de cómputo y actualización al personal de la Subdirección de Informática con un valor de 393 mil 300 pesos, que la delegación pagaría en esos meses.

La empresa nunca impartió el curso, pero sí presentó las facturas 14795, 14796 y 14797 que recibieron, el 17 de diciembre, el visto bueno del subdirector de Recursos Humanos, Oscar Alfredo Montes Saavedra.

¿Sabía el funcionario que los cursos no se llevaron a cabo? Es un misterio. Al estampar su firma, Montes Saavedra escribió que las clases se impartieron ``con horarios de 10:00 a 13:00, 14:00 a 17:00 y 18:00 a 20:00''.

El 2 de febrero la Contraloría Interna inició una investigación, cuyo primer paso -según el oficio CIDI/350/99- fue hablar con la gerente de ventas de servicios educacionales, Yenni David, quien aseguró que los cursos ``se habían llevado a cabo en las propias instalaciones de la empresa y que había asistido personal de la Subdirección de Informática''.

La gerente no acreditó nunca la asistencia de los empleados, y días más tarde, el 17 de febrero, reconoció por escrito que las clases nunca se dieron porque los maestros se fueron a capacitar a Estados Unidos.

Pero el curso ya estaba pagado.

Con base en el visto bueno del subdirector de Recursos Humanos, el mismo 17 de febrero el subdelegado Morales Roque autorizó la expedición del cheque para Oracle de México, según consta en el recibo B-D09-05819.

El vía crucis continúa.

El 6 de abril el contralor Interno de Iztapalapa, Alfonso Martínez García, solicitó, mediante el oficio CIDI/528/99, que el subdelegado Jurídico Francisco Garduño, ``inicie el procedimiento legal por la irregularidad descubierta en contra de quien o quienes resulten responsables'' del daño patrimonial que, ``se presume'', sufrió el gobierno capitalino.

No es este el único caso.

El 23 de marzo el contralor Martínez García recibió una carta de la empresa Mantenimiento Industrial, Urbano y Doméstico de Morelos (Miudsa), en la que se reclamaba el cumplimiento de los acuerdos adoptados, verbalmente, a principios de febrero.

Miudsa ganó a la delegación un juicio civil que le permite continuar -y cobrar- las obras de pavimentación que, en 1996, se le habían suspendido.

De acuerdo con la carta en la reunión de febrero, el subdelegado Morales Roque y el Contralor aceptaron pagar una deuda de 3 millones 724 mil 43 pesos, pero no sólo eso: también se habrían comprometido -según la empresa- a facilitar la participación de Miudsa en licitaciones de obra posteriores.

El litigio sigue, pues con el cambio de funcionarios la obra por la que peleó la empresa volvió a suspenderse, pues los términos en que volvió a asignarse despertaron sospechas y son investigados.