Cuatro semanas de cabildeos legislativos se tradujeron en seis puntos de ``convergencia'' legislativa y siete acuerdos en materia electoral.

Un mes de trabajo de ``grupos técnicos'', de intensas negociaciones de las directivas del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados, que luego involucraron al PVEM, al PT y a los diputados ``independientes''.

Un trabajo común, en una misma ruta. Una historia que ya está contenida en dictámenes de leyes a aprobarse en ese periodo ordinario de sesiones, que saldrían adelante por esta redicción del G-4 y que tendrían el apoyo de una parte de los diputados priístas.

Se trata de la ley para regular el consumo del tabaco, que impulsó el PVEM; las iniciativas sobre Obra Pública y Adquisiciones, presentadas por el Ejecutivo Federal; las propuestas de crear el Consejo Nacional de Turismo y una fiscalía especial de protección a Víctimas, y una minuta del Senado sobre la ley de amparo para impugnar el no ejercicio de la acción penalÉ

Y acuerdos ``consolidados'' que abrirían la ventana a una nueva reforma del Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales (Cofipe), que incluyen:

- Redistribuir los tiempos del Estado en los medios electrónicos durante las épocas electorales;

- ampliar de las facultades del IFE para fiscalizar los gastos de campaña y el establecimiento de topes financieros a precampañas internas;

- prohibir expresamente la compra del voto y la utilización de programas oficiales con fines proselitistas;

- regular y hacer posible el voto de los mexicanos que radican en el extranjero, y el punto medular

- allanar la vía para que en el 2000 sean posibles las coaliciones entre partidos y las candidaturas comunes.

Diputados de las cuatro fuerzas opositoras (más de 15 millones de votos en los comicios federales de 1997), asesorados únicamente por sus equipos jurídicos y electorales, olvidaron sus diferencias programáticas y pusieron en el papel estos acuerdos.

Participantes en las reuniones aclaran que no es el renacimiento del bloque opositor que tanto alentaron Porfirio Muñoz Ledo y Santiago Creel a finales de 1997.

Sí -admiten-, se trata de un precedente de lo que puede ocurrir más adelante, en caso de que los acuerdos sean para que la oposición presente una candidatura presidencial en los próximos comicios federales.

De los contactos bilaterales y los acuerdos -alcanzados en silencio, sin reflectores- tuvieron conocimiento las directivas nacionales de los institutos políticos, pero no fomentaron su concreción.

Algunos legisladores del PRI se involucraron en la conformación de este nuevo ``frente legislativo'' -como quieren que se le llame, para diferenciarlo del G-4-, pero siempre dejaron claro que no llevaban la posición de su partido y que si opinaban lo hacían a título personal.

Masiosare pudo obtener una ``versión confidencial'' de los acuerdos (ya con el aval de los cuatro partidos) hasta el jueves pasado y conoció uno de los borradores de la iniciativa que presentarán este martes en el pleno de la Cámara (ver recuadro).

Esta es la historia:

En la Secretaría de Gobernación se reiniciaron a mediados del año pasado los trabajos de la mesa de negociación para la reforma del Estado.

En octubre, el CEN del PRD decidió instalar un ``grupo electoral'', con funcionarios del partido y legisladores, para intervenir en las negociaciones.

En él estuvieron: Lorena Villavicencio, representante del partido en el IFE; Rafael Hernández Estrada, y los diputados Lázaro Cárdenas , Victorio Montalvo, Luis Meneses y José Luis Gutiérrez Cureño.

En el marco de la mesa de Bucareli, los grupos parlamentarios del PAN y del PRD contactaron para consensar sobre posibles cambios en la legislación electoral. A esos trabajos también se integraron algunos legisladores del PRI.

Por el PAN participaron Santiago Creel y César Jáuregui. Por el PRI, Enrique Ibarra, Alfredo Phillips y Miguel Quiroz Pérez. Al PRD lo representaron Gutiérrez Cureño y Alvaro Arceo Corcuera.

Buscaban pactar las condiciones del proceso electoral del 2000. La oposición propuso cambios para permitir la segunda vuelta, la relección legislativa, y el voto de los mexicanos en el extranjero.

La estrategia oficial era la del estancamiento.

Fue cuando se iniciaron los cabildeos entre ambos grupos legislativos y nació la idea de impulsar una reforma electoral de la oposición.

En la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados, justo después de que Jorge Emilio González Torres fue electo como su presidente, las partes iniciaron un intercambio de documentos ``exploratorios''.

En ese primer momentum -hace tres meses- los contactos corrieron a cargo de Pablo Gómez, Jesús Martín del Campo y Demetrio Sodi, por el PRD, y Carlos Medina Plascencia, José Francisco Paoli, Santiago Creel y Juan Miguel Alcántara, por el PAN.

En marzo, en el inicio del primer periodo ordinario de sesiones, las fracciones parlamentarias se dieron a la tarea de definir sus respectivas agendas de trabajo legislativo.

La del PRD estableció como su primera prioridad la definición de las reglas electorales del 2000.

Gómez y Medina Plascencia tuvieron pláticas para pactar ``empujes coordinados'' a iniciativas legislativas de interés común.

El perredista definió que cualquier negociación tenía que pasar por la reforma electoral. Su posición -justificaron- no podía ser otra, luego de lo ocurrido en las elecciones de Guerrero y Quintana Roo.

El PAN dijo sí.

Y de inmediato, grupos técnicos de ambos lados sostuvieron reuniones -tres, por lo menos- en la última quincena de marzo.

Los primeros días de abril ya había un un acuerdo de principio entre ambos partidos. Con él, iniciaron los contactos con el PVEM, el PT y los independientes.

En los últimos diez días, todas las fracciones involucradas prepararon propuestas. El primer borrador conjunto estuvo listo el lunes 12, pero la mitad de ese primer documento tuvo que ser relaborado.

¿Un acuerdo casi unánime, sin aspavientos?

No, dicen los diputados. Hubo discrepancias, sobre todo en lo referente al voto de los mexicanos en el extranjero. El PRD quería ir ``a fondo'', mediante la introducción de un título en el Cofipe, y el PAN planteaba que se incluyera ``sólo lo posible'': permitir que los inmigrantes mexicanos que tuvieran credencial electoral votaran en el 2000.

Las posiciones eran irreductibles.

Pero hubo una ``solución mágica'': el jueves pasado, el PAN presentó una iniciativa ``ecléctica'', que conjugó las dos posturasÉ y fue suscrita por 140 diputados, 70 del PAN y 70 del PRD.

En diciembre de 1994, el presidente Ernesto Zedillo prometió impulsar la reforma del Estado y estar ``en diálogo permanente'' con los partidos. ``Una reforma electoral definitiva'', calificó.

Cuatro años y medio después, la primera aún está inconclusa y lo segundo no camina.

Y lo peor: lo que él había denominado como la ``reforma electoral definitiva'' parece que terminará en una adecuación del Código Electoral vigente, por obra y gracia de la oposición (hasta el momento no se conoce propuesta alguna ni del gobierno ni del PRI).

Durante un año, el gobierno federal y los partidos trabajaron conjuntamente en el Seminario del Castillo de Chapultepec y, en agosto de 1996, Zedillo envió una iniciativa de ley para reformar el Cofipe.

Esa vez, los avances fueron sustantivos.

- En la Constitución se garantizó que la afiliación a los partidos sea individual y libre.

- Se abrió la posibilidad de que los mexicanos voten en el extranjero, pero no se precisaron las modalidades.

- Se permitió que el jefe de Gobierno del Distrito Federal fuera electo en 1997, y que los delegados fueran designados de la misma forma en el 2000.

- Se crearon las agrupaciones políticas y se flexibilizaron los requisitos para la creación de nuevos partidos.

- Se concretó la autonomía del IFE.

Zedillo presumió en todos lados el acuerdo político que permitió la reforma electoral ``definitiva''.

Pero en 1997 el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y el Gobierno del Distrito Federal. Y al iniciar 1998, perdió a Emilio Chuayffet, el artífice del acuerdo político.

El 6 de enero de 1998 Francisco Labastida llegó a la Secretaría de Gobernación y recibió la orden expresa de reactivar las negociaciones con los partidos políticos.

Labastida obedeció la instrucción y los llamó a reinstalar ``cuanto antes'' la mesa para la reforma del Estado.

Esa vez, dijo que era posible pactar una serie de reformas, pero puso dos condiciones: si se alcanzaban acuerdos, debían ser sólo por consenso y no se podía antentar contra la gobernabilidad.

``Superemos la tentación de convertir la nueva correlación de las fuerzas partidistas en generadora de conflicto entre las instituciones del Estado''.

Pasó un añoÉ y no pasó nada.

El 16 de enero Jorge Alcocer, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, propuso estudiar la posibilidad de modificar la ley electoral para regular los gastos que realizan los precandidatos.

El Cofipe -destacó- sólo norma el gasto de las prerrogativas que el IFE entrega a los partidos políticos y los gastos de campaña, pero no considera las precampañas.

Así, aludió, sin mencionarlos por su nombre, a Vicente Fox, Roberto Madrazo y Manuel Bartlett, quienes ya habían colocado spots en las televisoras de cadena nacional.

A su juicio, la fórmula no podría ser que los consejeros se arrogaran esa facultad por medio de un acuerdo interno, pues ``no pueden ir más allá de la ley''.

En todo caso, aceptó, debería ocurrir una reforma.

Después de esas declaraciones, vino una oleada de reacciones favorables, incluso del PRI, que por medio del diputado Enrique Ibarra apuró a legislar sobre los gastos de las precampañas.

A la discusión le entró José Woldenberg, consejero presidente del IFE, quien sostuvo que, atenidos al postulado actual del Cofipe, los gastos de los gobernadores en propaganda electrónica no podrían considerarse como inversiones de precampaña.

En todo caso -acotó- el único facultado sería el Congreso de la Unión, ``si es que cree conveniente legislar sobre la materia''.

El IFE no legisla, remarcó.

El PRI anunció, por medio de los diputados Ibarra y Francisco Loyo Ramos, que presentaría una iniciativa de ley para regular los gastos de las precampañas.

Se buscaría que los recursos utilizados no provinieran del extranjero o tuvieran un origen ilícito.

El PAN les tomó la palabra.

Santiago Creel Miranda, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dijo que si se hacían esos cambios debía reformarse el Cofipe de manera integral, para incluir también las reformas que quedaron pendientes en 1996.

El 27 de enero, en el pleno de la Cámara, el panista Juan José Rodríguez Pratts propuso un punto de acuerdo para que todos los partidos se comprometieran a legislar sobre los gastos de precampaña... siempre y cuando se incluyera como tema dentro de las discusiones de la reforma política.

El PRI rechazó el documento, tal y como estaba redactado, aunque se declaró abierto a debatir el tema. Mientras que el PRD se manifestó porque los aspirantes a una candidatura presidencial se separan de cualquier cargo público por lo menos año y medio antes de la elección.

Porfirio Muñoz Ledo denunció que Mariano Palacios Alcocer frenó el punto de acuerdo. Reveló que en el seno de la CRICP Arturo Nuñez Jiménez, coordinador de los priístas, ya había dado su consentimiento.

Ese acuerdo se cayó.

Pero abrió la discusión de la reforma electoral.

Una gran confluencia de la oposición para derrotar al PRI y establecer las bases de la transición democrática.

Con esa idea, Manuel Camacho Solís recorrió todo el país desde que dejó al PRI. Muy pocos lo tomaron en serio... hasta hace poco.

Ahora todos hablan de la alianza opositora en el 2000.

Febrero fue el mes de la alianza.

Empezaron los panistas Carlos Medina Plascencia y Luis Felipe Bravo Mena, con sus opiniones en favor de establecer una coalición en el 2000 que no fuera ``una alianza de contras'', sino catalizador de un proyecto alternativo para el desarrollo del país.

Luego siguió el intelectual Carlos Fuentes, quien sugirió la postulación de Jesús Silva Herzog.

Felipe Calderón -entonces presidente del PAN- dijo que su partido estaría por una alianza con el PRD, siempre y cuando asumiera ``las ideas, los programas, las plataformas y los candidatos'' de su partido.

Cuauhtémoc Cárdenas dijo lo mismo que Calderón... pero aplicando la delcaración a su partido.

Ya en serio, el panista propuso al PRD que se formalizara una alianza electoral en el estado de México ``para evitar que el voto opositor se fraccione''.

Mariano Palacios Alcocer se puso enérgico y censuró las alianzas de partidos con signos ideológicos encontrados.

El priísta hizo la pregunta clave: ``¿Cuál de las facciones de cada uno de esos partidos puede estar en disposición de endosar su membresía y su candidatura al otro?''.

``O la oposición diseña estrategias para aliarse y derrotar al PRI o estaríamos en la posibilidad de que el PRI pueda volver a ganar, si la gente se decepciona, se abstiene, si hay un clima de falta de esperanza'', alertó Camacho Solís.

Camacho definió tres escenarios: un bloque centro-derechista, con el PAN como motor y propulsor del candidato; una coalición de centro-izquierda, donde el PRD y su candidato serían los protagonistas... o una ``verdadera alianza'' que involucre a todos los partidos de oposición.

Eran semanas en las que el PRD estaba definiendo a su presidente nacional. Los candidatos al cargo -Rosalbina Garavito, Amalia García y Jesús Ortega- dijeron estar de acuerdo con la idea.

El mes cerró con la invitación que el jefe de Gobierno del Distrito Federal hizo al PAN en el foro de Causa Ciudadana, en Cuernavaca, a que la candidatura de la oposición se decidiera en elecciones primarias.

La invitación fue de Cárdenas, pero la definición precisa la dio Camacho Solís, en el mismo foro.

La reforma al Cofipe debía darse en el próximo periodo ordinario de sesiones. El Congreso de la Unión debe legislar, para derogar los candados que impiden las coaliciones. Se requiere una reforma ``sin parches y sin manipulaciones''.

Los motivos de la oposición

La exposición de motivos que suscriben los grupos parlamentarios de la oposición reconoce la consolidación de un régimen multipartidista. Enfatiza que tras las elecciones federales de julio del 97 y la integración de una Cámara plural ``se abrió'' la posibilidad de entablar nuevos mecanismos de diálogo entre las fuerzas políticas ``para impulsar los cambios que habían quedado al margen de la última reforma electoral.

Sin embargo, ``el gobierno apostó a privilegiar la estrategia del doble discurso con resultados exitosos, hasta el momento, para los sectores más conservadores del país''.

En síntesis: ``Los cambios de fondo no han llegado (y) la oportunidad de una transición democrática se ha perdido''.

Y con el proceso electoral del 2000 encima, consideran, tal y como está, el Cofipe no garantiza condiciones de equidad real.

Concluye:

``Hoy, lo que está en juego no es sólo la Presidencia y el control del Poder Legislativo, sino la propia estabilidad política del país. No podemos esperar más, no podemos doblarnos ante quienes están por obstaculizar y conservar las prebendas que les ha dejado un régimen caduco y que se niegan a aceptar una nueva realidad política''.

A continuación se detallan los principales reformas que propone la oposición para reformar al Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales:

Candidaturas comunes y coaliciones. Permitir, sin ninguna limitación, que los partidos celebren convenios de coalición. Reintroducir las candidaturas comunes, determinando que dos o más partidos, sin mediar coalición, puedan postular a un mismo candidato. En ese caso, los votos corresponderían a los partidos y se sumarían al candidato. Las coaliciones podrían darse exclusivamente en torno a una candidatura, no serían totales. Podrían registrarse hasta quince días antes de la apertura de registro de candidatos. Se presentaron diversos proyectos (PRD, PT e independientes), pero se adoptó la sugerencia del PAN.

Voto de los mexicanos en el extranjero. Permitir que en la elección federal del 2000 voten los connacionales ubicados fuera del país que cuenten con credencial de elector. Se establecerían mesas receptoras de votos en los consulados y embajadas. También se les permitiría hacer aportaciones o donativos a los partidos.

Acceso a medios electrónicos. Los tiempos de transmisión y el número de promocionales que los concesionarios abren para el Estado, deben ser distribuidos entre los partidos políticos con esta nueva fórmula: 50% en forma igualitaria y 50% en forma proporcional a su fuerza electoral. En la elección del Presidente, los partidos tendrían hasta 300 horas de transmisión. El PAN se opuso a que cambiaran de la forma actual (30% igualitario y 70% de acuerdo a la fuerza nacional en la forma actual).

Financiamiento. Se amplían las disposiciones legales que limitan el uso de recursos públicos de los partidos en las campañas electorales y las precampañas; se imponen topes a los gastos y se tipifica a las precampañas como un procedimiento electoral contemplado por la ley. El IFE asumiría facultades plenas -no tendría límites temporales o administrativos- para auditoría de los gastos de campaña que realicen los partidos.

Propaganda y publicidad. Se limitaría la discrecionalidad del gobierno para emprender campañas publicitarias que podrían confundirse con propaganda partidista. Se limitaría la acción de partidos, candidatos y del gobierno para utilizar instrumentos clientelares de captación del voto.

Voto corporativo. Quedaría expresamente prohibida la participación política forzosa en favor de un partido político.

Integración de los órganos legislativos. Se buscaría una nueva asignación de diputados de representación proporcional, para evitar la sobrerrepresentación. A propuesta del PAN, pero el acuerdo no era definitivo.

Una elección interna que -ahora sí- sea pulcrísima y ordenada. Obtener buenos resultados en los comicios de Nayarit y el estado de México. Sentar las bases organizativas de la selección del candidato presidencial. Evitar que Porfirio y Cuauhtémoc sigan rasgándose las vestiduras.

Sí, todos esos temas están marcados como relevantes en la agenda de Pablo Gómez Alvarez, el flamante dirigente nacional del PRD y al mismo tiempo coordinador de la segunda bancada más importante de la Cámara de Diputados.

Pero su ``tema mayor'' es uno: la conclusión de la transición democrática

Anulada la elección interna del 14 de marzo, el PRD estaba en busca de un líder que sustituyera a Andrés Manuel López Obrador.

Curiosamente, el tabasqueño fue quien delineó el perfil de quien debía hacerse cargo del partido.

Alguien con la solvencia política y moral que pudiera arbitrar en el enfrentamiento verbal que Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas han sostenido en las últimas semanas, y que al mismo tiempo no tuviera encima el sello de ninguna de las planillas que contendieron.

A Gómez no le gusta la figura.

``No seré ni árbitro ni mediador. No hace falta. No conozco compañeros, en el ámbito de dirección o de figuras del partido, que no se dirijan la palabra, que no puedan conversar tranquilamente en privado. El diálogo personal en el partido no está cerrado entre nadie. O sea, nosotros somos mayores de edad''.

Dice que él no tomará ninguna iniciativa al respecto, porque entonces ``todo sería completamente artificial, ¿o no?''.

Y además -indica- esa mediación es imposible, porque en los estatutos perredistas no hay lugar para arbitrajes legales o virtuales. ``En el partido, el debate interno tiene como público a los militantes, son ellos los que tienen que determinar qué opinan sobre lo que cada uno de los participantes en los debates está opinando''.

Si de algo no duda Pablo Gómez es de la unidad del PRD.

``Nunca en México ha habido un partido de oposición más grande que el nuestro ni un partido más unido''.

Se explaya:

``En la Cámara, el partido más unido ha sido el PRD, a pesar de que no ejercemos una disciplina de voto. Somos el partido que en las votaciones más importantes ha obtenido el apoyo de otros partidos, incluido el PAN y el PRI. Ellos jamás han obtenido el voto de nuestros diputados en asuntos importantes, a pesar de que nuestros diputados y senadores son libres''.

Pero luego se frena:

``No digo que esta unidad es para siempre. Se puede romper en cualquier momento, porque luego hay ambiciones y problemas''.

Pablo Gómez no duda cuando se le pregunta sobre la agenda de sus tres meses de presidente perredista: ``Primero está la elección interna del partido. Luego, las elecciones constitucionales en los estados de México y Nayarit. Y una parte tiene que ver con los preparativos iniciales de la elección del candidato a la Presidencia de la República''.

En el desglose, puntualiza que para la redición de la contienda perredista por la directiva nacional tendrá que corregirse lo que no funcionó, sin cambiar todas las reglas vigentes.

``Tenemos una legislación electoral y no podemos estar haciendo normas para cada caso''.

¿Los cambios?

Los previsibles. La reforma del Reglamento General de Elecciones Internas para restablecer el carácter nacional del Servicio Electoral.

¿Las innovaciones?

La habilitación de ``un pequeño ejército de observadores'' -con jóvenes- que funjan como ``testigos de calidad'' y garantes de la limpieza del proceso.

Estas reformas -juzga- no implicarán nuevos conflictos internos, porque ``ya hay un consenso de hacerlos''.

Poco se detiene en la exploración del tema de las elecciones estatales, ni siquiera cuando se le remarca el reto: ser el sucesor Andrés Manuel López Obrador, el dirigente nacional que más triunfos electorales le ha dado a su partido.

``Vamos a cuidar la elección en Nayarit, porque allá hay una coalición muy amplia de partidos en la que se encuentran en el PAN y el PRD. Y el estado de México representa algo más que una elección local: debe ser vista como la posibilidad de construir un aporte muy grande a la transición a la democracia con el triunfo de la oposición''.

Agotados los temas, se desliga de la coyuntura para abordar ``el tema más importante'': la transición.

Explica:

``En realidad, la transición a la democracia en México inició en 1997, cuando el PRI pierde el control de la Cámara de Diputados. Vivimos una pluralidad muy importante, y el Presidente ya no es quien decide todo. Tuvo que aprender a negociar, a ceder, a moverse. No lo hace bien, pero esas ya son sus características personales, porque no entiende bien qué es la concurrencia política. Ya pasó el tiempo, pero ¿cuánto va a durar la transición?, ¿10 años?, ¿15 o 20?''.

Este marasmo -agrega- es preocupante, porque nos puede ocurrir lo que pasó en Chile o en Paraguay, donde los procesos ``se constiparon, se atoraron''.

-¿Cuál es el riesgo de no avanzar?

-Volver atrás, al autoritarismo. En México están en boga discursos restauradores. Y es que casi todos son restauradores en el PRI (hay fuerzas que evidentemente quieren impulsar cambios democráticos, pero no los dejan). Por ejemplo, Roberto Madrazo es superrestaurador, por eso es tan popular. La transición hay que culminarla.

-¿Cuál sería el antídoto para esa restauración?

-Un pacto de la oposición en el 2000.

-¿De qué tipo?

-Una alianza para el establecimiento del estado democrático de derecho. Nada más. Y se deja todo lo demás para la lucha parlamentaria, para el debate político.

En este punto, Gómez matiza:

``Como no podemos llegar a un acuerdo sobre un candidato, que se haga en un proceso plebiscitario, esa es nuestra propuesta. Si al PAN no le gusta esta propuesta, pues que nos diga otra''.

Sin embargo, acepta que no está escrito de antemano cómo evolucionará la transición, porque el PRI ``es todavía una organización estatal muy poderosa''.

Una garantía puede ser la alianza de la oposición, porque ``se romperían los controles y entraríamos a una verdadera normalidad democrática''.

Pero en sus reflexiones están presentes las dudas que tiene la izquierda sobre la vocación democrática del PAN.

Ellos -sostiene- le tienen un temor terrible a las fuerzas populares, porque representan y tienen una visión del mundo completamente elitista. No están en la densidad popular del país''.

-¿Y si el PAN no acepta ir a la alianza?

-Pues el PRD tendrá que hacerlo solo. No podemos depender de su contentillo.