Miguel Concha
Presunta justicia

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha presentado un nuevo informe. Su título es elocuente: Presunta justicia. Recorre el amplio catálogo de violaciones a los derechos humanos que cotidianamente se producen en el estado de Chiapas, y documenta el cinismo con que las autoridades de la entidad y las federales incumplen sus obligaciones en la materia.

Hace unos cuantos días un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores declaró en Ginebra, Suiza, que el gobierno de México desaprueba la "parcialidad" de los mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Ya hemos escuchado ese argumento, con relación a los organismos nacionales e internacionales no gubernamentales de derechos humanos, e incluso los intergubernamentales de derechos humanos. El Informe Presunta justicia" revela una parcialidad muy distinta: aquella proveniente de las instancias de procuración e impartición de justicia en el estado de Chiapas, donde la selectividad y la discrecionalidad en la aplicación de la ley se han convertido en características de su actuar.

El llamado estado de derecho en Chiapas continúa sosteniéndose gracias a la admisión de evidencias obtenidas bajo tortura, a que numerosas personas privadas de su libertad han sido detenidas arbitrariamente y han sufrido irregularidades graves en los procesos penales que se les siguen, a que se permite dolosamente la existencia de grupos paramilitares, y, para colmo, se pretende garantizar la impunidad mediante una inoportuna e imprecisa ley de amnistía, que, en caso de aprobarse, no hará otra cosa que exacerbar el dolor de víctimas de crímenes tan atroces como el de Acteal. Como acertadamente señala Presunta justicia, la aprobación de la Ley de Amnistía podría provocar un mal mayor, puesto que no contempla un verdadero acercamiento entre los diversos actores del conflicto, que genere un auténtico proceso de reconciliación y recomponga el desgarrado tejido social.

A un año de las detenciones de Taniperla, y cuando varios de los entonces inculpados de delitos ųque se desvanecieron hace tiempoų continúan presos, en virtud de las argucias del gobierno chiapaneco, la situación de Chiapas sigue deteriorándose. El Ejército sigue usurpando funciones y se hace cargo de "labores sociales" que intimidan y limitan la vida cotidiana de las comunidades, de los observadores internacionales de derechos humanos y de los desplazados por la extrema violencia a que se ha llegado en algunas regiones del estado. Varios templos permanecen cerrados y continúan las agresiones contra agentes de pastoral, ante la impávida actitud de las autoridades, y el número de personas que han tenido que abandonar sus hogares y sus parcelas sigue aumentando, mientras se agravan las condiciones de miseria e indefensión de quienes se ven obligados a huir. El informe presenta elementos que permiten comprobar la delicada situación que prevalece en Chiapas, y la nula voluntad gubernamental para resolver pacíficamente el conflicto, así como para proteger a la población civil. Basados aparentemente en la consigna de que todo indígena, todo extranjero y todo defensor de derechos humanos es potencialmente peligroso, los cuerpos de seguridad actúan arbitraria e impunemente, a pesar de las frecuentes declaraciones en contrario de los gobiernos estatal y federal.

La compleja situación del estado de Chiapas requiere para solucionarse de acciones decididas de distensión, que lamentablemente no parecen ser compatibles con los intereses políticos de los ejecutivos federal y estatal. El sombrío panorama de los derechos humanos ha sido, sin embargo, conocido por varios organismos internacionales. Será tal vez a ello, y a sus manifestaciones al respecto, a lo que la cancillería llama "parcialidad". Será quizás porque expertos independientes y comprometidos con los derechos humanos no consideran que simplemente con responder oficios, como hace minuciosamente la cancillería, ya se cumplió con los compromisos internacionales que en materia de derechos humanos ha adquirido México. Será que para estos organismos la obligación del Estado mexicano es sancionar a los responsables e indemnizar a las víctimas, lo que no ocurre en Chiapas. El Informe Presunta justicia demuestra que, para desgracia de la Cancillería y de todos nosotros, la realidad también es parcial.