n Júbilo entre opositores, enojo entre partidarios y silencio del ejército
Impugnación, no rompimiento con Londres: Insulza
Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 15 de abril n El presidente de Chile, Eduardo Frei, anunció que su gobierno impugnará ante la justicia británica la decisión del ministro del Interior, Jack Straw, de autorizar el juicio de extradición de Augusto Pinochet a España.
En medio de algunos desórdenes callejeros menores, Frei emitió una declaración desde Alemania, donde se encuentra de gira, en la que afirmó que en Chile no hay impunidad y reivindicó "el mejor derecho" de Chile de enjuiciar al ex general, pues el gobierno está empeñado en alcanzar el doble objetivo de soberanía y justicia.
En tanto que en los sectores opositores había júbilo y entre los partidarios de su caudillo enojo, el ejército guardó silencio y la derecha demandó prácticamente el rompimiento de relaciones con Gran Bretaña y España al proponer el retiro de sus embajadores y la salida de Santiago de los diplomáticos de ambos países.
Pero el canciller José Miguel Insulza afirmó que "no habrá retiro de embajador, ni ruptura de relaciones diplomáticas, ni declaraciones de personas non gratas, ni se llamará al embajador chileno a Santiago", y tampoco se tomará ningún otro tipo de medida política contra Gran Bretaña por la decisión del ministro Straw.
Insulza leyó luego la declaración emitida por el presidente Frei en Berlín, en la que señaló que los siguientes pasos del gobierno serán defender la soberanía jurisdiccional del país y la prioridad que tendría Chile para juzgar a Pinochet. Pero aclaró que no toca al gobierno chileno pedir la extradición del ex gobernante de facto, ya que eso es una atribución de los tribunales de justicia.
Anotó que el dictamen de Straw no fue una "sorpresa", pero subrayó que al emitir una nueva autorización para proceder reconoce él mismo la necesidad de anular la autorización anterior. Más aún, afirmó que Straw no se pronunció sobre cuestiones de fondo, sino que traspasó el asunto para su análisis a los tribunales.
Frei dijo en su declaración que Chile examinará cuidadosamente las alternativas judiciales y políticas, acorde con los principios que defiende. En particular, dijo, desea examinar la opinión de Straw de que a España le cabe competencia en el caso, y la no consideración de juicio en Chile por no haberse solicitado la extradición.
Rechazo a críticas de la derecha
El gobierno chileno rechazó las expresiones de la derecha que criticaron su postura ante el arresto de Pinochet. El ministro secretario general de Gobierno, Jorge Arrate, calificó las críticas de "abusivas y en cierto modo de bastante irresponsables", y de tratar de sacar dividendos políticos.
La Fundación Pinochet hizo exigencias al gobierno para que denuncie "con absoluta firmeza y claridad el atropello de que está siendo objeto el país", que consideró como un atentado a la soberanía jurídica de la nación la detención y proceso contra su caudillo.
El sobrino del ex dictador Pinochet, Gonzalo Townsed Pinochet, instó a los comandantes a convocar al Consejo de Seguridad Nacional y criticó tanto al gobierno como a los abogados de su tío, ya que ninguna de esas instancias pudo hacer nada por su liberación.
En contraposición, los organismos de derechos humanos y de familiares de las víctimas de la dictadura celebraron con gritos y cantos la decisión de Straw al considerar que se trata de un triunfo de la justicia universal y porque al fin podría haber posibilidades de encontrar a los suyos que desaparecieron bajo el régimen militar.
Si bien el gobierno llamó a la calma a los chilenos, en realidad en Santiago las actividades continuaron sin mayores alteraciones. Sólo por la noche unos 200 pinochetistas protestaron en las cercanías de las embajadas británica y española, exhibiendo ataúdes con las banderas de esos países. Dos revoltosos fueron detenidos.
Los aspirantes a la presidencia por la coalición gobernante, Andrés Zaldívar y Ricardo Lagos, expresaron su rechazo por la decisión británica. Zaldívar dijo que fue una decisión "equivocada e inconveniente", y Lagos apuntó que estaría dispuesto a pedir clemencia por Pinochet, pero también por los familiares de los más de mil desaparecidos.
Por su parte, el Partido Socialista desmintió las acusaciones de la derecha que insistió en que ellos influyeron en la decisión británica. El senador y líder del partido, Ricardo Núñez, dijo que la agrupación carece del peso internacional necesario para generar la situación adversa que enfrenta el ex dictador.
Mientras, organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch saludaron la decisión de Gran Bretaña de dar luz verde al procedimiento para la extradición de Pinochet, y destacaron lo dicho por Straw de que un solo crimen es suficiente para el proceso.
También hubo júbilo por parte de organismos humanitarios y de exiliados en diversos países latinoamericanos como Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Bolivia, e incluso de una fuente de la OEA al considerar que aunque el proceso pueda durar años se avanza en el derecho penal internacional.
La Internacional Socialista se sumó a las celebraciones y la Unión de Fiscales Progresistas, que está en el origen de la denuncia española contra Pinochet, valoró lo ocurrido como un avance fundamental frente a "una acusación de crímenes de estado".
Entre los países, Estados Unidos mantuvo su posición distante al alegar que no había examinado la decisión de Jack Straw, pero que estaba comprometido con la rendición de cuentas. Argentina reiteró su oposición a la extradición del chileno, Dominicana se manifestó en favor, Costa Rica reconoció que no debe haber impunidad pero que el caso Pinochet tiene "implicaciones políticas" en Chile, y en El Salvador hubo temores de una "cacería de brujas" internacional.