De un plumazo e ignorando la experiencia de 57 años de presencia de las empresas eléctricas privadas en México, pero atento a las sugerencias y compromisos con el Banco Mundial, el ``Anteproyecto de Ley de la Industria Eléctrica'' presentado por el doctor Luis Téllez Kuenzler el pasado 8 de abril en la Cámara de Senadores, nos remite a una situación anterior a la nacionalización de la industria eléctrica, más parecida a la vivida por nuestro país en tiempos de Porfirio Díaz, en materia de concesiones eléctricas. Vayamos nuevamente a la historia.

1. El punto de las concesiones eléctricas fue uno de los temas más debatidos en octubre de 1960, cuando el Congreso de la Unión abordó la discusión de la reforma al párrafo sexto del artículo 27 y así elevar a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica. En la mente de los senadores estaban presentes más de 50 años de una ignominiosa historia de concesiones otorgadas a las empresas eléctricas privadas y sus efectos lesivos a la soberanía nacional.

En el caso de la Mexican Light and Power Company, Limited, real propietaria de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro hasta el 5 de noviembre de 1992, era propietaria de tres concesiones eléctricas, aprobadas todas ellas durante el gobierno de Porfirio Díaz: dos de estas concesiones, publicadas en el Diario Oficial el 26 de mayo de 1903 y el 16 de junio de 1906, eran de duración indefinida, estableciendo únicamente restricciones en caso de no cumplirse determinados plazos de inversión-generación; la tercera de estas concesiones, que refundía concesiones de 1896, 1898, 1900 y 1903 y publicada en el Diario Oficial el 26 de noviembre de 1906, establecía un plazo de duración de 97 años, que vencía en el 2003.

2. Este régimen de excepción en materia de concesiones eléctricas se mantuvo hasta la promulgación de la Ley de la Industria Eléctrica el 11 de febrero de 1939, que en su capítulo II ``De las concesiones y permisos'', en su artículo 7¼ estableció:

``Las concesiones que tiendan a satisfacer un servicio público se otorgarán con la duración necesaria para amortizar las inversiones; pero en ningún caso esa duración será mayor de 50 años. Al término de las concesiones todos los bienes que hayan estado destinados por el beneficiario a los fines de la concesión, pasarán a poder del Estado sin compensación alguna...''

El contenido progresista de esta ley promulgada por el gobierno del general Lázaro Cárdenas, y que sin duda alguna hubiera permitido alcanzar la nacionalización de la industria eléctrica antes de 1960, sufrió los embates de la reforma avilacamachista que la modificó el 14 de enero de 1942, estableciendo el derecho de renovación de la concesión y diferentes plazos para comenzar a contar los primeros 50 años, lo que en los hechos condujo a ``hacer eternas sus concesiones''.

3. Este régimen de excepción, calificado por el senador Manuel Moreno Sánchez como ``diabólico'', en la Ley de la Industria Eléctrica, fue una de las razones centrales que llevó al presidente López Mateos a proponer la segunda parte de la adición al párrafo sexto del artículo 27 constitucional, estableciendo que ``En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines''.

4. Cuarenta años después, esta humillante historia de las concesiones a las empresas eléctricas privadas extranjeras, pretende ser reactivada por el ``Anteproyecto de Ley de la Industria Eléctrica'' presentado por el secretario de Energía. Con plazos de ``hasta cincuenta años'', el modelo de concesiones que propone el doctor Luis Téllez es bastante similar al formulado en la Ley de la Industria Eléctrica promulgada en el gobierno de Manuel Avila Camacho, pero va más allá al establecer que dichas concesiones ``podrán ser prorrogadas en una o varias ocasiones''.

5. En los corrillos legislativos se dice que esta ``Ley'' y dos anteproyectos sobre la CFE y el Centro de Operación del Sistema Eléctrico Nacional fueron entregados para satisfacer una de las demandas del Partido Acción Nacional; y que sus alcances y contenidos fueron elaborados de tal forma que permitan, mediante la ``negociación'', reducirlos y limitarlos para atenuar la rebeldía de senadores y diputados del PRI, que se oponen a la entrega de soberanía nacional eléctrica. Todo ello con el sano propósito de obtener los 2/3 de los votos requeridos para aprobar esta contrarreforma constitucional. ¿Será?