Las tribulaciones de las pensiones de los trabajadores en México ejemplifican, con amargo realismo, el pensamiento de corto plazo que prevalece en los círculos de mayor nivel del gobierno mexicano.

Presionados por el inmediatismo de las acciones momentáneas y un frívolo desprecio por la dignidad de las personas, sobre todo las que no tienen acceso a los privilegios, los funcionarios públicos, durante varias generaciones, vaporizaron los fondos que debieron destinarse a sufragar pensiones.

Siempre, por lo demás, aseguraban a toda voz que estaban a buen resguardo. Sin ninguna responsabilidad efectiva, aquéllos en los cuales recaían las decisiones clave de las empresas (CFE, Pemex, CLFC) y organismos descentralizados (ISSSTE, IMSS) nacionales, desviaron los recursos que bien hubieran podido garantizar la tranquilidad, la salud y la dignidad de hombres y mujeres que se las merecían.

En todas estas instituciones se afirmó, una y otra vez, y poniéndole a tales palabras toda la gravedad del ``dictado superior'', que todo estaba previsto, a resguardo y bajo control.

Que existían los fondos y que las empresas o el Estado garantizaban su solvencia y, con ello, la seguridad de sus trabajadores. En tiempos recientes se ha descubierto que fueron puros cuentos y flagrantes mentiras de gerentes, directores, consejeros, líderes sindicales, secretarios y hasta presidentes que no han sabido ni podido reconocer pública, ni siquiera privadamente, que actuaron con irresponsabilidad, torpeza y hasta con dolo.

Excusas las tienen a montones, casi por manojos, pero lo cierto es que los fondos no se tienen, y hay que buscar ahora de dónde saldrán y a ``los paganos'' que les harán frente. Se esquiva, claro está, investigar cómo, cuándo, quiénes los desviaron, para que rindan cuentas, pues algo o mucho pudo quedarse en gastos suntuarios, excesivo personal, ineficiencias o en la inevitable y siempre grosera corrupción.

``Los invertimos en infraestructura médica, en hidroeléctricas, en tiendas para burócratas, en préstamos para vivienda o en exploración'', se alega, no sin cierta veracidad. Pero eso no evita los desfalcos padecidos, aunque la lista sea magnífica y creíble para los que la quieran oír.

Las cantidades que se esfumaron son fantásticas. Se nos dijo hace unas semanas que sólo en caso de los electricistas el monto llega a los 80 mil millones de pesos (mmdp) aunque unos cuantos días después se aumentaran a 90 mmdp. Y con el descubrimiento de dichos faltantes se adelantan algunas ``soluciones'' para ello.

El docto secretario Téllez ya estableció, como una premisa de su diseño privatizador infalible, la canalización de los ingresos recaudados por la venta de los activos eléctricos para hacerle frente a las pensiones de los empleados en ese sector.

Como si el producto de bienes que pertenecen a la nación puedan, así como así, destinarse a solventar las necesidades de unos cuantos trabajadores, aunque éstos sean miles y los directamente involucrados en el problema.

El caso del ISSSTE es, quizá, el de mayores consecuencias por los montos que se involucran: los fondos para el retiro de todos los burócratas federales, sin olvidarse de aquellos empleados de los estados que se encuentran en similares circunstancias.

Ya hace varios años que se hicieron los cálculos preliminares, y el gobierno reconoció algunos miles de millones que nunca le entregó a ese instituto para cumplir con la ley que lo rige. Sin embargo, hasta ahora no ha transformado ese reconocimiento en efectiva deuda pública, y menos aún les ha destinado o acumulado intereses.

Mientras esto sucede, las seguridades de los empleados del gobierno flotan sin asideros reales, o son atendidos tomando de los recursos de la operación normal del año.

Ya se incautaron vastos recursos fiscales para garantizar los depósitos de los ahorradores, principalmente de los grandes (aún los que evaden o esquivan pagar impuestos) y las tesorerías de grandes empresas con el ánimo de rescatar a la banca y conservar empleos. Lo mismo se hizo con las pensiones inexistentes de los trabajadores que debía amparar el IMSS; pese a que muchísimos de esos ``cotizantes'' están exentos de contribuir a la hacienda pública, han sido salvados con las contribuciones de los demás.

Ahora se quiere hacer lo mismo con los electricistas, a los que ninguno de sus ``aguerridos y revolucionarios'' líderes han defendido cuando fue preciso hacerlo. Después vendrá el resto de los pasivos que están pendientes de ser registrados como tales.

Y mientras eso llega, los programas e inversiones que se requerirían para un crecimiento adecuado o para sacar de la postración y la miseria a muchos millones de mexicanos, quedarán como tarea para aquellos gobernantes, sindicalistas y administradores dispuestos a honrar sus responsabilidades con puntillosa y justa prudencia.