n Define plan criterios de actuación del gobierno
Plantea Promujer igualdad jurídica
n Propone juzgados especializados en violencia sexual y familiar
Ricardo Olayo n El Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (PIOM) en el Distrito Federal, único en su tipo en el país, plantea modificaciones civiles y penales a las normas vigentes, por ejemplo: derogar el adulterio como delito pero considerarlo como causal de divorcio, pues tal como está en la legislación se castiga "no el hecho sino el escándalo" y repercute negativamente en la reputación femenina, indica el documento de gobierno elaborado por el Programa para la Participación Equitativa de la Mujer (Promujer) del Distrito Federal.
Plantea la creación de juzgados especializados en violencia sexual y familiar, procurando garantizar a las mujeres, niñas y niños, la privacidad, el respeto a su dignidad y se continúe la atención psicológica, para evitar nuevos episodios de abuso.
El PIOM fue diseñado por Patricia Olamendi, quien es coordinadora general de Promujer, y en él se fijan los principios en que el gobierno debe concebir la relación de equidad entre los géneros y subraya la necesidad de una interacción entre las instituciones de gobierno y los ciudadanos en estos temas.
Para los servidores públicos, considera necesario incorporar, de manera obligatoria, capacitación en los temas relativos a la atención de las víctimas y la violencia contra las mujeres. Estas medidas tienen el objetivo de sensibilizar a los funcionarios en su trato con un problema cotidiano y que en ocasiones se traslada de la casa a la oficina.
El diagnóstico
El plan hace un diagnóstico de la situación de la mujer en el que se destaca que la participación del sector femenino de entre 35 y 39 años, de quienes están casadas o viven en unión libre y de las mujeres con hijos, "ha crecido considerablemente, mientras que la de las solteras ha disminuido".
Si bien participan en empleos heterogéneos, en términos generales el empleo femenino "tiende a concentrarse en trabajos de baja remuneración, en labores parciales y no calificadas, a domicilio y domésticas, en trabajos de tiempo parcial o por temporada, por cuenta propia en el sector informal y en general en actividades sin prestaciones sociales".
A consecuencia del desempleo masculino y la caída del salario real, añade el plan, "la calidad de vida de las mujeres y la de sus familias se ha erosionado gravemente".
Los hogares con jefatura femenina han elevado su número, pero no así sus ingresos, en tanto sobreviven limitantes legales como la imposibilidad de tener titularidad en algunos trámites de contratos o civiles.
Se propone, además, que el gobierno capitalino incorpore la protección y el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales del sector en los principios rectores del Programa General de Desarrollo 1998-2000, y que entre otras debe expresarse en la insistencia de prohibir, bajo pena de sanción, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad.
La Constitución, en su artículo cuarto, sostiene la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, pero "la realidad dista mucho del derecho" y aún se tiene que reflejar en las leyes los convenios y tratados internacionales ratificados por México, porque la lucha contra la violencia hacia las mujeres no es sólo de ese género, sino "de justicia y democracia en toda la sociedad, y el gobierno debe involucrarse para prevenirla, sancionarla y erradicarla".
Es resultado de una consulta amplia
El documento que contiene estas líneas de acción fue concluido hace unas semanas y requirió de trabajo del personal de Promujer, además de la consulta en otros sectores. Para Olamendi, se trata de un documento único, ni siquiera se ha diseñado en el ámbito nacional.
Atiende los siguientes puntos: igualdad jurídica y acceso a la justicia; democracia y participación ciudadana; empleo, trabajo y participación económica; equidad social y calidad de vida; y desarrollo y fortalecimiento institucional.
En cada uno de estos renglones hace propuestas y define criterios de actuación del gobierno. En otros caso, propone también reformas legales, como fomentar la inclusión en el Código Civil de una definición precisa del matrimonio y del reconocimiento de otras uniones de hecho; de manera particular, regular lo relativo a la figura de concubinato, reconociendo los derechos de los integrantes de estas formas de convivencia familiar.
Además, se debe propiciar que antes de la celebración de un matrimonio, los solicitantes deben recibir información de las obligaciones y derechos que obtienen, así como una explicación de las figuras jurídicas de sociedad conyugal, derechos reproductivos, patria potestad y custodia de los hijos, "para prevenir actitudes irresponsables o violentas entre ellos o contra sus hijos".
El PIOM va de los grandes temas a las partes prácticas de la convivencia cotidiana. Su contenido indica que los partidos políticos deben garantizar la participación de la mujer en los cargos de elección popular y pleno acceso a la estructura de poder y en la toma de decisiones.
Incluye decenas de propuestas, entre ellas: vigilar el funcionamiento de las agencias especializadas en delitos sexuales, estableciendo un comité de vigilancia y seguimiento que realice evaluaciones periódicas; impulsar mecanismos para flexibilizar los horarios de capacitación y los de las instituciones que se dedican al cuidado de hijos e hijas de las trabajadoras; promover que las mujeres que viven embarazos y se encuentran puedan ser atendidas durante el alumbramiento fuera de las instalaciones de los reclusorios o centros de readaptación, a fin de que sus hijos no sufran ningún tipo de estigmatización en el futuro.