El pasado primero de abril el mapa de Canadá se modificó. Como expresión del derecho a la libre determinación del pueblo inuit (más conocido como esquimal y que significa gente) se creó un nuevo territorio, de nombre Nunavut, con su propio gobierno y recursos. No por eso Canadá se balcanizó o se fragmentó. Por el contrario, la medida reforzó su unidad nacional.

Nunavut significa ``nuestra tierra'' en inuktitut, el idioma inuit. Ocupa un área de 2 millones de kilómetros cuadrados, casi la quinta parte del territorio canadiense, rico en recursos naturales, ubicado en el espacio central y oriental de los territorios del noroeste. Tiene una población de 25 mil personas, de las cuales 85 por ciento son inuit.

El nuevo territorio y gobierno son producto de varios años de debates y negociaciones, promovidos desde 1976 por la Federación Tungavik de Nunavut, que representa a los inuit que viven en el Artico oriental. En 1993, el Parlamento de Canadá aprobó un par de resoluciones en las que reconoció a los inuit el control de más de 350 mil kilómetros cuadrados de tierra, de los cuales, 36 mil incluyen derecho sobre los minerales, así como la transferencia de un billón de dólares durante 14 años, además de garantizar el derecho a participar en las decisiones y la administración de la tierra. La Ley Nunavut estableció el marco legal para la creación de Nunavut.

Desde 1975 los inuit han negociado varios acuerdos con el gobierno federal y los gobiernos locales mediante los cuales han obtenido derecho a la tierra, compensaciones financieras, derecho de caza y oportunidades de desarrollo económico.

El nuevo territorio tiene poderes similares a los otros dos territorios que forman Canadá, aunque menores a las provincias. Cuenta con un parlamento, integrado por 19 miembros electos que no pertenecen a partido político alguno, y un primer ministro y un secretario nombrados por consenso. Su estructura administrativa es altamente descentralizada. El gobierno de Nunavut es nombrado por todos los residentes del territorio, independientemente de su origen. Busca incorporar lo mejor de la tradición inuit con una avanzada tradición parlamentaria. Todos los ciudadanos tienen el derecho a votar y a ser votados.

Los residentes de Nunavut están a cargo de la educación, la salud y la asistencia social. El idioma de trabajo del gobierno es el inuktitut, pero los servicios gubernamentales también están disponibles en inglés y francés. Esta lengua formaba ya parte de la currícula escolar y se usa regularmente en radio y televisión locales.

La Constitución de Canadá reconoce tres pueblos aborígenes: las primeras naciones, los Métis y los Inuit. Se trata de pueblos distintos con diversos idiomas, herencias, prácticas culturales y creencias espirituales. Los Métis están integrados por personas que descienden de la mezcla de varios pueblos de la primera nación y europeos, y que se identifican a sí mismos como diferentes de los Inuit, la primera nación y los no indígenas.

Alrededor de 55 mil inuits viven en 53 comunidades del norte de Canadá. Su historia en la geografía de lo que es hoy esa nación data de, al menos, cuatro mil años. Mantienen viva su cultura, aunque los procesos de modernización y el establecimiento de poblados permanentes durante las cuatro últimas décadas han provocado altos niveles de alcoholismo y desempleo.

Con la creación de Nunavut se ha reconocido el derecho de los inuit a contar con un gobierno y un territorio. A pesar de quienes ven en la medida un desperdicio económico y un peligroso precedente para aupiciar el tribalismo racial, el Estado-nación canadiense ha redefinido sus fronteras internas reconociendo mayores niveles de autonomía a uno de sus pueblos indígenas. Ello tiene una gran importancia ante la emergencia y beligerancia de las luchas étnicas en el planeta. En Canadá mismo existe una importante corriente político-cultural que busca la secesión de la provincia de Quebec.

La experiencia de Nunavut exhibe el enorme atraso de la legislación sobre derechos y cultura indígenas existente en México, y evidencia que las iniciativas de reforma constitucional sobre este tema presentadas a la Cámara de Senadores por el Ejecutivo y por el PAN son, tan sólo, una caricatura de derechos. Asimismo, muestra la enorme actualidad que tienen los acuerdos de San Andrés y la propuesta elaborada por la Cocopa en 1996.