El acervo, la energía social de nuestro país, es su población no sólo como fuerza productiva y constitutiva, sino porque representa uno de los mayores desafíos que enfrenta la nación en virtud del rápido crecimiento demográfico.
Anualmente nacen 2.2 millones de personas y ocurren 425 mil defunciones, lo que significa un incremento de 1.93 por ciento, por lo que es necesario regular y reducir los fenómenos demográficos.
La idea de poblar para crecer sigue siendo válida, sobre todo porque existe una íntima relación entre población y desarrollo, riqueza y equidad social. Sin embargo, las tendencias demográficas indican que esa relación conlleva problemas de diversa índole como subempleo, pobreza, marginación y carencia de servicios en todos los órdenes, sobre todo si no se prevé oportunamente la política poblacional.
En México, hace ya 25 años que se promulgó la Ley General de Población vigente. También el Consejo Nacional de Población (Conapo) cumple cinco lustros, lo cual significa que tenemos un verdadero potencial estratégico para llevar a buen puerto el proyecto de nación que deseamos con el fin de que haya igualdad, sustentabilidad y desarrollo social adecuados.
Enfrentar los complejos desafíos demográficos en el umbral del nuevo milenio significa atender de manera oportuna y equilibrada los efectos del alto crecimiento poblacional y preparar soluciones estratégicas sociales basadas en la salud reproductiva y propiciando una actitud responsable en la planificación familiar.
Si bien es cierto que uno de los grandes logros de nuestro país es la significativa reducción de la mortalidad, también es cierto el incremento en la esperanza de vida durante la etapa del nacimiento.
Esa dinámica implica compromisos y responsabilidades para la sociedad y el Estado: qué hacer con el tiempo libre del adulto mayor, por ejemplo, o diseñar programas con antelación de costos y beneficios sociales para la población en crecimiento.
Frente al siglo XXI, nuestro país presenta dos vertientes: la enorme concentración de la población en unas cuantas ciudades, y la dispersión de la población rural en miles de pequeñas localidades. Esa desintegración, que se advierte sobre todo en Chiapas, exige estrategias de desarrollo económico y social para que no se agudice la situaciones de atraso y marginación.
Hay algo que, no obstante, conviene resaltar: ningún presupuesto alcanza frente a la dinámica acelerada de la explosión demográfica, por eso la relación íntima entre población, desarrollo y justicia social. El esfuerzo realizado por nuestro país es de gran envergadura aunque muchas veces no se advierte esa tarea. Es oportuno reflexionar y legislar sobre esa materia.
*Senador de la República