En los intensos debates que se han dado, a raíz de la iniciativa enviada por el Presidente de la República al H. Congreso de la Unión, sobre la necesidad de abrir a la participación del capital privado las inversiones que requiere el sector eléctrico para su sano desarrollo, no han faltado plumas que han vertido suficiente tinta hablando de la traición cometida por la iniciativa a la memoria del presidente Adolfo López Mateos.

Nadie, en su sano juicio, podría cuestionar la decisión de nacionalizar la industria eléctrica en septiembre de 1960. En ese año, menos del 50 por ciento de los habitantes del país contaba con fluido eléctrico; además, se contaba con dos grandes sistemas eléctricos: el que operaba la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, a 50 ciclos por segundo, en el Distrito Federal y parte de los estados de México, Hidalgo, Puebla, Morelos y Michoacán, mientras que en el resto del país operaban la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa Industrial Eléctrica Mexicana, SA, que operaba a 60 ciclos por segundo.

Solamente a través de una industria eléctrica nacionalizada fue posible la unificación del sistema eléctrico a 60 ciclos, como ocurrió en la primera década de los setenta, así como desarrollar programas para la electrificación del campo. Estando por concluir el siglo, las condiciones que dieron origen a la nacionalización ya no existen; se cuenta con un sistema interconectado nacional a 60 ciclos (exceptuando la península de Baja California), y 95 de cada cien mexicanos cuentan con este servicio.

Las tasas de crecimiento de la demanda de potencia -que en la actualidad son del orden del 6 por ciento anual- resultan inferiores a las de las décadas pasadas, cuando se tenían tasas de crecimiento de la demanda del 10 por ciento, pero era posible acceder a recursos financieros del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para incrementar la infraestructura de generación, transmisión, transformación y distribución. Ahora eso ya no es posible.

Por ello, en los próximos diez años se requerirá instalar 21 mil megavatios, con objeto de garantizar la oferta de energía, con una inversión de 352 mil millones de pesos, o dicho de otra manera, hacer en una década dos terceras partes de lo hecho en un siglo, en materia de capacidad instalada.

También será necesario invertir cuantiosamente en redes de distribución y en líneas de transmisión para reducir el tiempo de interrupción por usuario, ya que las necesidades de la banca y del comercio son crecientes, en términos de continuidad y calidad.

La crónica falta de recursos presupuestales para inversión en el sector eléctrico ha originado que, en lo referente a generación, se opere con márgenes de reserva por debajo de lo recomendable; en transmisión hay capacidad embotellada por falta de líneas, y en distribución no se ha avanzado en la sustitución de redes aéreas por subterráneas, así como tampoco la automatización de las redes de distribución no se ha iniciado en las principales ciudades.

Por todo ello, la calidad del servicio de CFE y Luz y Fuerza del Centro están por debajo de lo que los usuarios de Estados Unidos y Canadá disfrutan, lo que pone en franca desventaja a nuestra industria eléctrica ante los países que forman parte del Tratado de Libre Comercio.

Con la participación del sector privado en la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica, se garantizan los recursos necesarios para responder a la demanda, y la rectoría del Estado se mantiene.

En este esquema, la energía eléctrica llegará al usuario final a través de empresas concesionarias que adquirirán su insumo principal (la energía eléctrica) a CFE; sin embargo, sus activos (las redes de distribución) seguirán en poder del Estado, ya que éste no soslaya su obligación de suministrar el fuido, aún en caso de fallas por parte de las concesionarias, mientras que éstas constituirán un monopolio regional natural que estará reglamentado por la Comisión Reguladora de Energía.

En suma, el creciente y cuantioso gasto social estará siempre a cargo del Estado, y la inversión que se requiere para garantizar la oferta de energía eléctrica que necesita el país para su sano desarrollo, estará a cargo del capital privado.

* Ex director de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro