No hay peor sordo que el que no quiere oír. El gobierno no escucha críticas. Ha buscado negociar con quienes le pueden ayudar a garantizar las dos terceras partes de los votos en la Cámara de Diputados para sacar adelante el cambio constitucional y su propuesta de reorganización de la industria eléctrica. Pero no ha respondido las críticas.

Los tres documentos presentados por el secretario de Energía este jueves en el Senado de la República no dejan lugar a dudas. Con los borradores de Ley de la Industria Eléctrica, de Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Ley Orgánica del Centro Operador del Sistema Eléctrico Nacional (COSEN) el gobierno no retrocede en su ánimo privatizador.

Es lamentable que luego de más de dos meses de discusión, y a pesar de algunos cambios que pretenden, como he señalado, ganar votos de diputados, en esencia no ha escuchado y no atendido a quienes con toda legitimidad plantean dudas y cuestionamientos.

Hay dos cambios por negociar: 1) Se retrocede en el ánimo original de concesionar la red nacional de transmisión, claramente presentado en el original de febrero. 2) Se asegura la supervivencia de la CFE, aunque solamente como responsable de la operación de la red nacional de transmisión, de la generación nucleoeléctrica y ųasí se desprende del borradorų como responsable de atender todo aquello que les falle a los privados en su generación propia o en las concesiones de distribución, de la electrificación de zonas rurales y marginadas, y realizará todo lo que se pueda para que funcione bien el sistema eléctrico nacional.

Y hay seis ratificaciones que dejan sin resolver la altísima probabilidad de que nuestra industria eléctrica se vea sujeta a dinámicas especulativas; que los beneficios del cambio técnico se queden en las compañías generadoras o en los monopolios distribuidores o, peor aún, en los revendedores de esa mesa de remates que será el Mercado Eléctrico de Mayoristas, garantizada, por cierto, por el mismo Estado; 1) se ratifica la apertura en la generación al capital privado, nacional y extranjero; 2) la concesión exclusiva (hasta por cincuenta años) de las aguas nacionales para explotación privada; 3) la creación de un mercado eléctrico de mayoristas con muchos vendedores de energía y tres tipos de compradores: grandes consumidores, revendedores y concesionarios del servicio público de distribución; 4) el control estatal de la operación de la red de transmisión y, en consecuencia, de la operación del mercado eléctrico mayorista; 5) la concesión exclusiva (también hasta por cincuenta años) de una zona de distribución para prestar el servicio público del suministro eléctrico; 6) la regulación tarifaria y racionalización de los subsidios.

Y no es que alguno de estos aspectos no resulte necesario en el esquema privatizador gubernamental (incluso en otros esquemas), pero resultan absolutamente incapaces de garantizar que no se desarrollarán ųcomo señalan los estudiosos de la privatización en otros paísesų barreras a la entrada en la nueva industria; no dan seguridad de que se atenderá racionalmente el problema de las externalidades ambientales; permitirán el despliegue de prácticas reintegradoras y monopólicas por parte de los capitales privados ųproductores, comercializadores, distribuidores de energíaų, a pesar de esos tres artículos antimonopolios (30 del capítulo IV; 39 del capítulo V; 61 del capítulo VIII, por lo demás vigentes hasta el 2003). Nada sobre cómo frenar la tendencia mundial a la reintegración de las generadoras y distribuidoras, incluso con las comercializadoras, a los movimientos ventajosos y a la manipulación del mercado de los grandes consumidores (usuarios calificados).

Nada para que el desarrollo de la industria cuente con información completa y robusta de costos para elaborar, como se señala en los borradores, no sólo las metodologías para determinar tarifas, sino establecer los precios máximos y las regulaciones adecuadas. Nada sobre los combustibles cuando la nueva tecnología de los ciclos combinados exige disponibilidad de gas natural. Nada sobre su suministro y su nivel de precio, factores clave para asegurar el ingreso en una tendencia de costos crecientes. Nada sobre esto en las intervenciones del secretario Téllez. Ni una explicación o respuesta a dos meses de cuestionamientos. Nada, absolutamente nada.

Por eso resultaron especialmente pertinentes dos intervenciones en el Senado. La de Francisco Xavier Salazar Sáenz del PAN, quien señaló que su partido exige una visión integral de la reforma en el marco de una estrategia energética global; una descripción más detallada de los mecanismos de regulación y control de la participación privada en la industria eléctrica para impedir la reiteración de los vicios en telefonía, bancos y carreteras; y una presentación más cuidadosa ųignorada hasta hoyų, de los mecanismos que permitirán respetar los derechos laborales.

Del mismo modo, la intervención de Jorge Calderón Salazar del PRD, quien aseguró que el gobierno no ha demostrado que la industria eléctrica estatal realmente no es capaz de financiarse de manera solvente.

En síntesis poco se ha avanzado a pesar de que, sin duda, los borradores de ley expresan con mayor detalle la propuesta gubernamental, asunto por demás obligado. Pero nada se ha atendido de los señalamientos que muestran cómo esta noble industria puede caer en esa dinámica salvaje de la competencia especulativa y del monopolio privado. Nada de eso hasta hoy.