A finales de 1967 el rector de la UNAM Javier Barros Sierra dictó un célebre discurso, cuya tesis central fue la siguiente: ``... De las tres actitudes o conductas posibles frente a los jóvenes (la corrupción, la represión y la educación), el camino más difícil y más arduo era el último, pero el único que las autoridades universitarias y la institución como un todo podían seguir.'' Pero como él mismo reconoce más adelante, ``...desafortunadamente al paso de unos pocos meses se vio que, en las esferas gubernamentales, se pensaba de modo totalmente diferente.''

No vale la pena abundar sobre las situaciones a las que se refería Barros Sierra. Pero sí conviene decir que hoy, en las esferas gubernamentales, se sigue pensando que la educación para los jóvenes no es importante. El abandono presupuestario a la educación no nos sorprende, pues ésta es considerada por el gobierno como secundaria en el desarrollo de la nación.

Lo que nos sorprende y nos preocupa es que las autoridades de la UNAM piensan como en las esferas gubernamentales. Han decidido seguir los caminos de la corrupción y la represión en contra de los jóvenes estudiantes que de manera legítima y pacífica defendemos la educación gratuita.

La reciente creación del grupo Deber Universitario: Análisis y Crítica obedece a una estrategia orientada desde la rectoría, con la participación de algunas autoridades locales, para desprestigiar y descalificar al movimiento estudiantil.

No es casual que los principales líderes de esa organización sean alumnos identificados como personas incondicionales de sus respectivos directores. Tampoco es casual que ellos pretendan legitimarse incluso con mentiras.

Por ejemplo, dicen que la mayoría de ellos están en desacuerdo con el incremento de las cuotas, lo cual es absolutamente falso, y así se ha constatado, pues fueron ellos quienes promovieron -sin ningún éxito- la propuesta del rector. Con el impulso a este tipo de grupos, las autoridades universitarias demuestran que para ellas es más sencillo corromper a ciertos alumnos que posteriormente puedan debilitar o echar a perder al movimiento estudiantil. De hecho, el llamado al ``diálogo'' de esta organización, por medio de los consejos técnicos y universitario, constituye una postura demagógica, pues es obvio que dichos órganos cerraron desde el primer momento la posibilidad de discutir de manera razonada y abierta el problema de las cuotas.

Por otra parte, las declaraciones recientes de algunos funcionarios universitarios dan muestra de que además se prepara una represión en contra de los estudiantes inconformes, que somos la mayoría. Así lo hizo saber cierto funcionario cuando declaró que se sancionará a los estudiantes que suspendan labores, mediante la aplicación de una legislación universitaria, por demás ilegítima y obsoleta, que se usa según la conveniencia de las autoridades.

Por ello, es válido preguntarnos qué universidad tendríamos ahora si a todos aquellos universitarios que en su momento pararon labores para defender a la UNAM de los diferentes intentos por destruir su condición nacional y autónoma, se les hubiera aplicado una sanción académica. Seguramente la primera conclusión sería que una buena parte de los actuales profesores e investigadores universitarios no gozaría de sus derechos plenos por las sanciones en su contra, y que otra buena parte ya hubiera sido expulsada.

La segunda conclusión es que la UNAM sería algo parecido al Tecnológico de Monterrey (lo que para algunos tecnócratas educativos no sería tan grave). El problema de los paros de labores o huelgas es político, no jurídico, por lo que es innegable que estas medidas pueden ser legítimas cuando se han agotado las posibilidades para alcanzar acuerdos consensados, como es el caso.

De nuevo en el tema de la represión, las declaraciones más graves han sido las de otro importante funcionario, quien ha señalado a los inconformes estudiantiles como presuntos delincuentes. El mismo funcionario dijo además que se intensifican las acciones para descubrir si estos jóvenes delincuentes -es decir, nosotros- tienen relaciones con ``organizaciones delictivas''. Este razonamiento nos lleva a concluir que se prepara una salida violenta al conflicto estudiantil. El mismo funcionario anunció que se reforzará la vigilancia, ``a fin de evitar nuevos brotes de violencia y más daños a las instalaciones universitarias''.

Las autoridades se aprestan supuestamente a ``evitar'' una violencia de la que ellas son responsables al aprobar el Reglamento General de Pagos en una sesión ilegal e ilegítima del Consejo Universitario, que se votó en un recinto extra institucional, sin la presencia de la mayoría de los consejeros estudiantiles y de una parte de los consejeros profesores e investigadores.

Si en verdad se quisiera desterrar el clima de violencia, bastaría con que el rector escuchara y resolviera las demandas justas del movimiento estudiantil. Así, no sería necesario convertir a la UNAM en un campo de alta seguridad, repleto de policías disfrazados de vigilantes.

La razón de que se proceda de ese modo es que las autoridades universitarias no tienen la intención de solucionar el conflicto. Su ``única solución'' radica en reprimir a los estudiantes.

Ahora está de lado y es de relativa trascendencia la discusión sobre la condición gratuita de los servicios y colegiaturas en la UNAM. Independientemente de las posturas sobre este polémico tema, la sociedad y los universitarios deberíamos manifestarnos acerca de cómo se debe proceder para resolver el conflicto universitario, que amenaza con llegar a grados no deseados de violencia. Todos, con voluntad, podemos evitar una confrontación violenta.

Es necesario reflexionar también en torno a las siguientes preguntas:

1. ¿Todas las autoridades universitarias están de acuerdo con la manera en que algunos funcionarios han procedido ante el conflicto?

2. ¿A quién o a quiénes les puede beneficiar en estos tiempos prelectorales una confrontación violenta en la UNAM, cuyos costos pueden ser altísimos para la institución, que es un baluarte y un pilar en la tarea de democratizar la nación?

3. ¿En verdad las autoridades universitarias creen que con la corrupción y represión van a detener al movimiento estudiantil, que lucha por la defensa de la universidad pública y gratuita, y que propone revertir la tendencia privatizadora que hoy la acosa para refundarla y convertirla en el espejo del mejor México posible, como lo sugirió hace casi 30 años el rector Javier Barros Sierra?

(*) El presente texto fue elaborado por José Luis Cruz, Mauricio León, Mario Sánchez, consejeros universitarios estudiantiles de Ingeniería, Artes Plásticas y Medicina, respectivamente, y Bolívar Huerta, ex consejero estudiantil del Departamento de Física de Ciencias.