La satisfacción de privatizar

El 2 de agosto de 1995 James D. Wolfensohn, presidente del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, más conocido como Banco Mundial, recomendó con satisfacción a los directores ejecutivos de la institución otorgar un crédito a Nacional Financiera por 30 millones de dólares, a pagar en quince años, para apoyar un proyecto de asistencia técnica para la privatización de la infraestructura en México.

Así se establece textualmente en el memorándum y recomendación que el presidente del organismo multilateral dirigió en esa misma fecha a los directores ejecutivos del banco, clasificado como documento de uso oficial y distribución restringida, que es parte del reporte número P-6590-ME.

Según Wolfensohn, el proyecto era completamente consistente con la estrategia para México elaborada por el Grupo del Banco Mundial para la Asistencia del país en el periodo 1996-1998. Sin embargo, algunos peligros acechaban la propuesta: ``El proyecto enfrenta varios riesgos importantes -señaló el directivo de la institución-. El primero es que el programa de privatización puede ser debilitado por la oposición de los sindicatos, las propias empresas paraestatales, grupos de empresarios que buscan limitar la competencia, y otros grupos organizados.''

Aunque en el memorándum y recomendación se explica brevemente el proyecto entre el banco y el gobierno mexicano, es en el anexo técnico donde se brinda una descripción más detallada. Este anexo incluye un plan para instrumentar el proyecto en el que se precisan objetivos, actividades, productos, formas de asistencia, y un cronograma con la fecha de arranque y de culminación de los distintos componentes que lo integran.

Según el presidente del Banco Mundial, la institución financiera apoya al gobierno mexicano en tres áreas básicas: la solución de la crisis macroeconómica y financiera de diciembre de 1994, el apoyo a los programas de combate a la pobreza, y la aceleración del programa de privatización de la infraestructura. Este proyecto es el primer paso para promover los esfuerzos privatizadores. Pretende ayudar al desarrollo del sector privado y mejorar la infraestructura de servicios. De acuerdo con el banco, la privatización de servicios de infraestructura claves en un marco regulatorio adecuado constituye un punto importante del apoyo que el organismo brinda a la estrategia gubernamental de estímulo a la producción y al crecimiento en el largo plazo.

El proyecto procura auxiliar al gobierno para escoger opciones estructurales para la reforma del sector, desarrollar un marco regulatorio y legal sano, reducir y eliminar los impedimentos a la privatización de los sectores a los que apoya, y proveer apoyo al proceso de privatización por medio de la Comisión Interministerial para la Privatización. Para lograr estos objetivos se contempla la contratación de consultores que analicen la estructura del sector y elaboren propuestas de reforma, el apoyo de programas de capacitación y formación de recursos humanos, y la adquisición de los programas y equipos de cómputo.

Desde su punto de vista, el banco puede proveer la asistencia que el gobierno requiere para la privatización de la infraestructura, y está convencido que su participación puede incrementar la credibilidad de los esfuerzos gubernamentales. La institución proporciona apoyo directo sustantivo en el desarrollo, tanto de la estrategia global como de las políticas sectoriales, así como en la elaboración de borradores de leyes y regulaciones claras. Los sectores donde se quiere promover la privatización son la electricidad, la petroquímica secundaria, el transporte y las telecomunicaciones.

Privatizadores del mundo, uníos

Especial importancia tiene en el proyecto de asistencia técnica para la privatización de la infraestructura la reforma del sector eléctrico. Junto a la petroquímica secundaria absorbe 33% del costo total.

La relación entre el organismo multilateral y la Comisión Federal de Electricidad es añeja. El banco apoyó la formación de la Comisión de Regulación de Energía, y asistió al gobierno en la preparación de la Ley Eléctrica que aprobó el Congreso en 1992.

El financiamiento le permitió al sector eléctrico elaborar propuestas de restructuración y privatización, destinadas a minimizar la necesidad de garantías gubernamentales, y maximizar el grado de competencia real, puesto que la eficacia de los esfuerzos realizados en el pasado para promover la inversión privada en la generación de energía en México han sido limitados.

Desde la lógica del banco, en México se ha generado un consenso en torno a la necesidad de revalorizar las políticas básicas en el sector. Este consenso está basado en el creciente reconocimiento del poderoso papel que la competencia directa e indirecta podrían desempeñar en promover la magnitud requerida de inversión privada eficiente para enfrentar la demanda prevista en electricidad para la siguiente década.

El préstamo destinado al sector eléctrico está diseñado para apoyar al gobierno en identificar opciones viables para seleccionar la mejor estructura posible para esta actividad, incluyendo la creación de oportunidades para introducir más competencia. Específicamente, el proyecto apoya al gobierno en tres áreas.

- Primero, la definición de estrategias y políticas deseables para el sector. El proyecto apoya la contratación de servicios de consultaría para realizar un diagnóstico del desempeño del sector en el pasado y diseñar posibles escenarios de su comportamiento en el futuro. Los principios que sirven de directrices en el esfuerzo incluyen: la administración de las operaciones de las empresas del sector de energía sobre la base de incentivos comerciales para proporcionar el mejor servicio posible al menor precio; una drástica reducción de la carga financiera impuesta por el sector energía al gobierno, y la introducción de fuerzas competitivas donde sea posible.

- Segundo, restructuración del sector en el corto plazo. El proyecto proporcionará servicios de consultaría al gobierno para identificar y evaluar opciones de reestructuración del sector energía, en particular, para promover la separación en entidades separadas de las áreas de generación, transmisión, envío y distribución. Incluiría un balance de las opciones para introducir competencia efectiva entre unidades de generación y competencia por clientes. Las opciones de reestructuración se basan en un análisis de la organización y desempeño actual del sistema de energía, así como de sus formas de propiedad y opciones de competencia bajo las leyes mexicanas existentes (ó sugerencias para cambios en estas leyes si mejoran el rango de opciones deseables).

- Tercero, la fijación de una política de precios. El proyecto financia servicios de consultaría para analizar el sistema actual de tarifas y elaborar propuestas que establezcan tarifas económicamente rentables, es decir, que cubran los costos del capital requerido para la expansión del sistema y todos los costos de operaciones y mantenimiento. Estas tarifas deben de servir como incentivo para que las empresas operen eficientemente en el sector de energía.

¿Tiene relación la propuesta de reforma estructural del sector eléctrico elaborada por el Ejecutivo Federal? Diga lo que diga el secretario Téllez, obviamente hay una relación estrecha entre su propuesta y el proyecto recomendado por mister Wolfenshon para privatizar la industria eléctrica nacionalizada, contenido en el reporte mencionado. El Banco Mundial financió al gobierno mexicano para contratar asistencia técnica con el objetivo de privatizar el sector. Lo demás es lo de menos.