A lo largo de la semana, miembros del CEN y otros dirigentes pidieron a López Obrador que se quedara hasta concluir su periodo original. Siempre dijo que no. El ánimo dominante en las planillas que tuvieron las mayores votaciones es que el líder tabasqueño se empeñaba en entregar la presidencia a un interino para eludir su parte en la fallida elección. Pero aun así se levantaron a la hora del aplauso.
Tras un receso, paso a los informes del Comité General del Servicio Electoral (CGSE) y de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia (CNGV), los dos órganos responsables de anular la elección.
Los primeros posibles estallidos -con el discurso de López Obrador- de una sesión definida por un miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) saliente como un ``campo minado''.
El informe de José Barberán, del CGSE, no causa mayor revuelo. Unas frases en el informe de la CNGV causan molestia. ``Demasiado rasposas'', dicen algunos consejeros.
Antes del inicio de la sesión, los integrantes de la Comisión de Garantías se distribuyen por el salón del Covadonga. Aquí y allá repiten: ``Si destituyen a Barberán renunciamos todos''.
En su turno, poco después, Jesús Ortega reclamará que el Servicio Electoral -y su presidente Barberán- se cree poseedor de la ``verdad absoluta''.
¿Cuál es la verdad de Barberán? En el informe que conocen los consejeros se pide reconocer que en el PRD se realizan prácticas que en las elecciones constitucionales ``declaramos inaceptables''.
Los ejemplos:
- Planillas que entregan las listas de funcionarios de casilla a los comités estatales.
- Planillas que envían operadores políticos para definir, con sus criterios, la ubicación de las casillas y la asignación de boletas.
- Planillas con ropaje de integrantes del Servicio Electoral, que tras la jornada electoral, retienen indebidamente actas desfavorables.
Y el remate: ``La crisis partidaria generada por esta elección, y su desenlace, tiene que ser superada con un ejercicio de congruencia, rectificación y una negativa tajante a otorgar impunidad''.
Antes, López Obrador había defendido a ambas comisiones, de cuyos integrantes dijo: ``Han tenido la arrogancia de sentirse libres y han sabido poner por encima de intereses personales y de grupos el interés general del partido''.
Jesús Ortega, quien ha sido rudo en sus declaraciones sobre el CGSE, se lanzará por la tarde con la respuesta: el informe está basado en interpretaciones; la actitud que ejercieron las autoridades electorales puede introducir en el partido signos de autoritarismo e intolerancia.
Como en las semanas anteriores, Ortega insiste en que la mayor parte de las irregularidades se debieron a fallas en la organización de los comicios y exige al Servicio Electoral que pruebe sus acusaciones.
En la misma línea, antes del inicio del consejo, Amalia García desgrana sus argumento sobre la elección en Zacatecas, donde se han hecho, reitera, acusaciones ``absolutamente injustas''.
La senadora es prolija en ejemplos (habla por ejemplo de los militantes que ``apenas tienen educación'' y no firmaron las actas, sino sólo pusieron sus nombres): ``Eso no es una irregularidad grave. Más bien, hay una falta de conocimiento, de las autoridades electorales, de lo que es el PRD ''.
Es imposible, sigue García, que el PRD mida a sus autoridades electorales con la vara del IFE: ``No les pagamos, los capacitamos mal. Claro que hay una falta de profesionalismo. Si sabemos eso, ¿cómo es que nos queremos poner tan exigentes?''
Datos, cifras, argumentos. Amalia García llega de nuevo a la conclusión de que la mayor parte de las casillas anuladas lo fueron por fallas técnicas imputables al Servicio Electoral: ``Hubo una decisión política de anular la elección, no de limpiarla''.
Renuentes a ser los damnificados del 14 de marzo, los ex candidatos coinciden en que el PRD vive una crisis, aunque al mediodía López Obrador sólo había aceptado un ``mal momento'': ``Crisis hubiera sido el haber optado por ocultar irregularidades en el proceso interno''.
Como en las maratónicas y múltiples reuniones que los perredistas han tenido durante semanas, el debate sigue.
Rosalbina Garavito insiste en su idea del fracaso de la izquierda y plantea convocar a Congreso Nacional Extraordinario, que ``depure'' el estatuto, renueve los reglamentos y elija a la nueva dirección nacional. La propuesta había sido rechazada por la mayoría de los integrantes del Consejo Político, en su reunión del miércoles por la noche.
En su discurso del viernes López Obrador se inclina por repetir la elección abierta y en esa idea coinciden, en su turno al micrófono, Jesús Ortega y Amalia García. La senadora zacatecana habla además de evitar una cacería de brujas y de reconciliación. ``Estas elecciones nos hicieron tocar fondo, pero el PRD sigue siendo el partido de la esperanza'', sostiene.
``Las decisiones cupulares, el regateo entre élites políticas y burocráticas, pueden resultar más conciliadoras, pero no es democracia participativa. No olvidemos que la democracia es el poder del pueblo y nosotros no queremos kratos sin demos, no queremos poder sin pueblo'', dice López Obrador en su discurso del viernes.
En todo caso, Cuauhtémoc Cárdenas no había asistido a la reunión del Consejo Político convocada la noche del miércoles, donde algunos de los ex candidatos esperaban que se encontrara la ``salida política''.
Esa noche, Pablo Gómez se declaró en favor de que en los nuevos comicios participaran los mismos candidatos, con todo y sus planillas.
Un día después, el coordinador de los diputados aceptó estar interesado en la presidencia interina. El viernes ya declaraba a los medios como virtual presidente.
Dos días antes, sin dar nombres, López Obrador había trazado el perfil del interino idóneo: un dirigente con autoridad política y moral que pueda arbitrar entre Porfirio y Cuauhtémoc -el enfrentamiento verbal que a lo largo de los últimos días sostuvieron ambos pesaba sobre el ambiente del Consejo-, y que no haya estado directamente involucrado con ninguna planilla.
Retrato perfecto.
La crisis en el papel
Casilla de Matías Romero, Oaxaca. 625 boletas. 605 votos para la planilla 5.
Diez actas de Tlaquepaque, Jalisco, todas con los mismos datos: 377 votos para la planilla 8; 188, para la 5; 158, para la 6, y así por el estilo. Ni un solo número cambia.
Acta de Campeche capital. Salvo la mejor opinión de un especialista, todas las firmas provienen de la misma mano: 119 votos para la 8; 142, para la 6.
Acta de Ixtacuixtla, Tlaxcala. Todos los perredistas que viven en la sección 244 acudieron a las urnas, pero de las secciones 243 y 245, que podrían haberlo hecho en la misma casilla, no asiste ninguno.
Ejemplos como los descritos sobran. El muestrario de irregularidades que llevó a anular la elección.
Sin contar otro tipo de fallas e irregularidades que los consejeros perredistas conocieron en el informe del viernes.
Vamos con los ejemplos.
El pleito del padrón y la lista
El 14 de marzo acudieron a las urnas poco más de 640 mil votantes, sólo 22% del padrón de afiliados del PRD, que ronda los dos millones y medio de inscritos.
Esto, a pesar de que en apenas tres meses la lista de afiliados había crecido casi 30%.
La lista de electores sufrió severos cambios que tuvieron como telón de fondo los desacuerdos entre el CGSE y la Secretaría de Organización del CEN perredista. Tales discrepancias fueron evidentes en la mitad del país:
En el Distrito Federal, el CEN dio como ``definitiva'' una lista de 181 mil afiliados y la oficina electoral la hizo crecer al doble.
Para Zacatecas la Secretaría de Organización tenía una lista de 16 mil afiliados. El Servicio Electoral contempló un universo cinco veces mayor.
Participación insuperable
Los datos:
- En 249 municipios la participación fue mayor a 70%.
- En 118 superó 90%.
- En 61 participaron ciento por ciento de los electores o más.
En éstos últimos, el absurdo: en las urnas se encontraron más votos que las boletas remitidas. Un indicador de que probablemente se falsificaron actas.
Al detalle, la revisión revela la rara ``atipicidad'' de que en nueve estados se registró un promedio de 15% de casillas con votaciones altísimas: Chiapas, Jalisco, Michoacán, estado de México, Oaxaca, Puebla, Sonora y ZacatecasÉ justo donde se registraron más impugnaciones.
La paradoja: en algunos estados -Nuevo León y Baja California Sur, los más notables- hubieron más votos que electores.
Reglas fallidas
-Cambio injustificado del lugar de instalación de las casillas;
-sustitución indebida de funcionarios de casilla y las agresiones que sufrieran, si se presentaran;
-expulsión o negativa de acceso a los representantes de planilla;
-coerciones comprobadas a los votantes;
-entrega de la paquetería electoral fuera de los plazos establecidos o incompleta;
-recepción del material electoral por personas distintas a los funcionarios designados.
Estas son causales de nulidad que el Reglamento General de Elecciones estableció para los comicios del 14 de marzo. Tales faltas -todas ``causales formales, no asociadas a fraude'', en términos jurídicos- serían producto, en estricto sentido, de errores atribuibles al Comité General del Servicio Electoral.
De esa interpretación se valieron las planillas para acusar a ese órgano de ser el responsable de que la elección se haya ensuciado.
Sí -admite José Barberán, el presidente de ese órgano-, pero el Comité General fue rehén del Reglamento y de su aplicación.
La principal novedad de este reglamento fue la ``descentralización'' del aparato electoral. Se determinó que los comités estatales y municipales del Servicio Electoral debían ser electos por los consejos respectivos, lo que propició que éstos fueran dominados por las corrientes.
Al derivar todas las facultades a los órganos locales se impidió al Comité General tener algún control sobre la estructura.
El CGSE pudo anular, según el resolutivo de la Comisión de Garantías, también sobre ``causales implícitas'' (no sólo las establecidas en el Reglamento), y fue cuando cayeron casillas en las que se registró un voto cada 50 segundos, en promedio, algo imposible materialmente.
Empero, para otros casos -urnas o documentación robada- la comisión no facultó al Servicio Electoral para anularlos.
El instrumento peligroso
El Programa de Resultados Preliminares (Prep) fue puesto en marcha con el fin de ``clarificar las tendencias'' y dar certidumbre al proceso. Su organización fue asignada al Servicio Electoral, mismo que se decidió por una vía inédita: en lugar de hacer una sumatoria de las casillas instaladas, se establecieron centros de acopio municipales.
Hubo un nivel intermedio entre los comités municipales y el Comité General: 32 comités estatales municipales que reportaban cada media hora, vía correo electrónico o fax.
Así, en lugar de recibir 6 mil reportes, el Servicio Electoral administró 32É pero perdió el detalle de las casillas que no se instalaron o fueron ``manipuladas''.
Las fallas más evidentes se revelaron el martes 16. En los reportes del Prep aparecía que en Puebla se habían contabilizado 17 mil 928 votos nulos, más de los acreditados como válidos; mientras que en Tamaulipas había 11 mil 493 y en el Distrito Federal se registraban 6 mil 77.
Los datos eran perturbadores, pues el porcentaje promedio normal de votos nulos en elecciones es de 4%. Y la estadística se daba en momentos en que la ventaja de Amalia García parecía esfumarse.
Enterado de la irregularidad, José Barberán intervino y trató de corregir. Pero no pudo explicar el caso de la capital del país, donde los votos nulos subieron casi a 20%.
Desde ese momento, el CGSE fue hacia atrás y le entró a la talacha de revisar las actas levantadas y pedir rectificaciones, a pesar de que esa función no podía asumirla, hasta el escrutinio nacional.
Quedó pendiente la promesa de Barberán, en el sentido de dar a conocer una ``auditoría externa'' del Prep.
Más allá de los errores que cometieron los funcionarios del Servicio Electoral en la difusión de los resultados preliminares y de la guerra de cifras que se desató, el instrumento terminó siendo muy valioso, porque resultó una fotografía -casi cronométrica- de las irregularidades.
En sus 72 horas de vida, el empate entre las planillas 6 y 8 fue permanenteÉ Un hecho extraordinario, porque no hay una razón estadística para ello.
Tantas horas de empate eran imposibles, por una razón simple: los datos llegaban aleatoriamente.
Al final del Prep, los técnicos del Servicio Electoral encontraron otro rastro del fraude o de la intención de cargar el Prep hacia alguna de las dos planillas más fuertes: el conteo electrónico reportó información de 5 mil 536 casillas, pero para el cómputo municipal sólo se recibieron 5 mil 394.
Nuevamente la constante: estados con alta incidencia de irregularidades reportaron de más al PrepÉ con casos atípicos.
En total, en el Prep se recibieron reportes de 142 casillas que -por lo menos físicamente- no se instalaron.
Tres casos: en Guerrero hubo informes de 240 casillas, pero sólo 184 actas. En el Distrito Federal, la relación fue 698-638, y en Sinaloa el faltante fue de 112.
El caso más grave: cuando concluyó el Prep, el reporte del estado de México era de 758 casillas. Para el 24 de marzo, el Servicio Electoral sólo había conocido de 500 actas. Sólo hasta el último día de marzo aparecieron 285 actas más.
¿Qué pasó? ¿Por qué demoraron once días más en entregarlas?
Misterio.
El Prep siempre fue un instrumento peligroso.
Entre el resultado del Prep y el cómputo de las actas hay una diferencia de 14 mil 663 votos, que quién sabe dónde quedaronÉ y que podían haber revertido la diferencia que se registró entre las planillas de Amalia García y Jesús Ortega.
Las secuestradas
A los técnicos del Servicio Electoral les intriga lo que pasó en el estado de México.
No sólo es la historia de las 142 casillas que estuvieron en el Prep y luego no llegaron. Es el caso de 412 casillas que desaparecieron en el camino.
Es dramático, porque empezaron a llegar el martes 30, cuando el Servicio Electoral prácticamente había dado por concluido el cómputo y la Comisión de Garantías y Vigilancia evaluaba la anulación.
El proceso se retrasó tres días.
Era una jugada bien planeada, estima José Barberán.
Ante la amenaza de la anulación, quienes tenían las actas las mandaron para hacer crecer el número de casillas y reducir la posibilidad de que se llegara a 20% de casillas irregulares, necesario -por reglamento- para anular.
El reglamento -al no establecer límites temporales- obligaba a las instancias a tomarlas en cuenta.
La jugada salió al revés: 43% de esas 412 casillas ``secuestradas'' presentaba irregularidades.
Otras ``anomalías''
Del 17 al 21 de marzo el Servicio Electoral realizó el cómputo de la elección. Además de los criterios de anulación establecidos en el reglamento, ese órgano estableció otras ``anomalías'': actas alteradas, falta de originales de éstas, representantes de planilla que firmaran como funcionarios electorales, el uso de más de 100% de las boletas, casillas con votos cada 50 segundos.
El día 21, el Servicio Electoral tenía 4 mil 985 actas. Faltaban 412.
El 27 de marzo, el resultado del cómputo mostraba que mil 506 casillas (28.14% del total) cumplían con las causales de nulidad.
El Servicio Electoral procedió a anularlas y notificó a la CNGV para que tomara la decisión final. El Jueves Santo se tomó la decisión. El Sábado de Gloria la hicieron pública.
Las que no causaron la nulidad
Cuando el Servicio Electoral decidió -el 27 de marzo- detener la calificación de la elección, interrumpió el análisis de otras causales potenciales de nulidad.
Empero, de éstas quedó registro. Un informe elaborado por funcionarios de ese órgano detalla:
-En los estados donde hubo al mismo tiempo elección de directivas locales -Campeche, Distrito Federal y Sinaloa- hubo más actas de casillas (2.6% del total) que sí contaron para las elecciones locales y no para la nacional.
-412 casillas en 19 estados que fueron reportadas al Prep (por lo mismo, los comités estatales debieron conocer de su instalación) y las actas correspondientes nunca llegaron al Servicio Electoral.
-En Puebla, un número indeterminado de actas fue secuestrado.
-112 casillas en 61 municipios de 17 estados, donde hubo más votos que boletas.
-191 casillas que fueron abiertas extemporáneamente.
Fechas y reglas
Hasta el viernes había dos propuestas sobre la fecha de las nuevas elecciones. El 16 de junio era la propuesta aceptada por Jesús Ortega, en tanto que Amalia García se inclinaba por mediados de mayo. El principal punto para definir la fecha: la elección del estado de México (4 de julio). Para los promotores de mediados de mayo, una elección interna exitosa permitiría dar un impulso a la campaña de Higinio Martínez por la gubernatura.
Otro punto del debate eran las nuevas reglas para los comicios. Antes de asumir formalmente la presidencia interina, Pablo Gómez empezó a operar como tal. En los días previos al Consejo Nacional redactó una propuesta de Reglamento de Elecciones, que contiene precisiones a las causales de nulidad, a las atribuciones de la autoridad electoral y a la instalación de casillas. El principal cambio: el Servicio Electoral volverá a ser una instancia centralizada.
Pero no había claridad sobre la necesidad, planteada por el Comité General del Servicio Electoral, de que los órganos electorales de los estados sean ``imparciales, no plurales''. ``El mejor candado es que las expresiones estén representadas, porque habría una vigilancia mutua'', refutaba por ejemplo la senadora Amalia García.
La lección de la elección, insisten los perredistas, ha sido aprendida. Si las minas explosivas del Consejo Nacional no estallaron se podría creer que van en esa ruta.
¿Qué pasó entre las 57 (8%) casillas anómalas reportadas por el servicio local electoral del PRD, y las 177 (26.65%) anuladas en el DF por el Comité General para la elección nacional?
Alejandro Alvarez, responsable de los comicios locales: ``Tenemos facultades diferentes para la calificación. El Comité General hace un análisis sobre las actas de la elección, y el Estatal hace uno sobre los recursos presentados ante este órgano''.
Carlos Imaz, declarado ganador de la contienda: ``Parece que es la misma elección, pero son evaluaciones diferentes que hacen instancias distintas. Es la Comisión Nacional la que resuelve, porque no hay una comisión en el DF''.
Agustín Guerrero, representante de la planilla de Dolores Padierna, que impugnó 435 las 685 de las casillas y solicitó la anulación: ``El problema real fue la decisión política de dar prioridad a lo nacional''.
Hubo irregularidades, coinciden.
Pero los problemas de una y otra elección no fueron los mismos.
La nacional estuvo plagada de sustituciones injustificadas de los funcionarios de las casillas.
En la estatal quizáÉ pero los recursos legales fueron entregados a destiempo por el servicio electoral.
``(Es que) los comités delegacionales nos entregaron tarde la información'', defiende Alvarez.
Deliberado o no, el error estuvo a punto de provocar que Carlos Imaz no asumiera la presidencia del PRD capitalino.
Historia de errores
En enero, se decidió adelantar la elección de la directiva del PRD en la capital. Se trataba de una concordancia con la sustitución adelantada de Andrés Manuel López Obrador.
El proceso llevó los mismos vicios de origen del nacional.
La Corriente de Izquierda Democrática decidió dónde quedarían las casillas y eligieron a sus presidentes de las casillas, denuncia Imaz.
Del otro lado, arguyen sus opositores, se quedaron con el padrón.
El cómputo de las actas de casilla concluyó el 29 de marzo y el servicio local electoral proclamó a Imaz ganador.
Esa instancia solicitó a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia la anulación de sólo 54 casillas con ``graves anomalías''.
Dos días después, la CNGyV decidió anular las elecciones nacionales.
La historia cambió.
Ante ese órgano, la planilla de Padierna había impugnado 435 casillas con ``irregularidades graves'' y después del fallo reclamó la anulación total del proceso, pues ``debía aplicarse el mismo criterio que se utilizó para la anulación nacional''.
El lunes 5, la versión de que se caía la elección local fluyó por varios canales.
En la CNGV las opiniones estaban divididas.
De sus once integrantes, sólo tres -Victorio Montalvo, Alvaro Arceo y Adela Salazar-, se inclinaban por la anulación.
Las casillas anuladas en la elección nacional -las versiones varían entre 103 y 118- se sustentaron en un informe del Comité General.
La elección local era sospechosa de un número mayor.
Ejemplos:
En siete de las 16 delegaciones del DF, hubo casillas anuladas por el cambio injustificado de funcionarios. Tan sólo en Iztacalco, 47 de 55 casillas presentaron esa irregularidad.
El martes, el proceso abandonó las salas jurisdiccionales.
La directiva del Consejo Estatal informó al Comité Ejecutivo que convocarían, para el sábado 10, al nuevo Consejo, en atención a los plazos establecidos en la convocatoria.
La toma de protesta de Imaz era inminente.
``Si el servicio local todavía no entrega constancia de mayoría a los consejeros, ¿a quiénes van a convocar? Es ilegal'', reclamaron algunos integrantes del CEE.
``La convocatoria a la elección tiene un plazo legal que debe cumplirse'', sostuvo Armando Quintero, del lado del Consejo.
Al día siguiente, el albazo del Consejo capitalino fue frenado por la CNGV mediante un acuerdo -firmado por nueve de los 11 integrantes- en el que determinó que el proceso no había concluido.
Además, exhortó a los candidatos y a las instancias del partido a abstenerse de realizar ``cualquier acto que tenga por firme la elección en cuestión'', hasta que estuvieran resueltas las impugnaciones.
La mesa directiva insistió y convocó para este domingo.
La resolución de la CNGV, filtraban integrantes de ese órgano el viernes, se conocería ayer.
Historias negras
Miércoles 8. Sesión conjunta del Consejo Político Consultivo y el CEN del PRD.
Porfirio Muñoz Ledo quiere que se examine la elección en el Distrito Federal. Pregunta por qué no se anuló, si el Comité General del Servicio Electoral declaró irregulares más del 25% de las casillas instaladas.
Se quedó sin respuesta.
En entrevista, Imaz desliza: ``La anulación de la elección nacional puede afectar políticamente a la estatal, pero no jurídicamente''. (Daniela Pastrana y Alberto Nájar)
¿Listo para la crucifixión?
``Este no es un partido católico, va a ser un linchamiento'', dice y suelta la carcajada.
José Barberán, presidente del Comité General del Servicio Electoral (CGSE), el organismo responsable -según tres de las planillas más fuertes- de 90% de las irregularidades, blanco de todos los dardos y, sobre todo, motor de la anulación de las internas del PRD.
¿El Servicio Electoral se declara culpable?
``Sí, tienen razón los candidatos, es responsabilidad del Servicio Electoral... coptado por ellos. Porque quien hizo las irregularidades, con o sin dolo, fueron los comités municipales o los estatales'', resume.
Se explica: ``las corrientes'' del partido reformaron el Reglamento de Elecciones y decidieron ``descentralizar'' la estructura electoral para que las responsabilidades fueran de los comités municipales y supletoriamente de los estatales.
¿Quién nombró a esos comités? Los consejos que en cada entidad están dominados por corrientes distintas. Y también, afirma Barberán, se guardaron otra llave: sólo esos consejos podían remover a las autoridades electorales.
La siguiente frase de Barberán encaja en esa maquinaria: ``El momento más activo de las planillas no fue la campaña para ganar votos. Fue antes, para ganar los comités estatales y municipales''.
Así, el 14 de marzo el PRD fue a las urnas con una estructura electoral ``secuestrada por las planillas, y un reglamento que sólo deja causales adjudicables'' a esa misma estructura.
Con todo, el CGSE recurrió a esas causas, porque eran la ``única vía legal para anular casillas evidentemente irregulares'', pese a que se pueden adjudicar a ``fracciones de la estructura electoral, pues no toda ésta fue facciosa''.
Si el Consejo General del IFE, sigue su argumentación, ``elegido con candados de imparcialidad, descubriera en grandes zonas que el aparato electoral fue faccioso, que apoyó a uno de los partidos, claro que se plantearía buscar la anulación. A un candidato le da risa este escenario. Yo le digo que este escenario es el permanente: los consejeros electorales luchan por limpiar de priístas la estructura que hace las elecciones. Lo que es ridículo es que eso haya pasado en el PRD, que ha luchado por un IFE con funcionarios imparciales''.
En los estados, ``ellos escogieron a los comités con la consigna de pluralidad en las planillas; nosotros luchamos por se escogieran con imparcialidad, la misma que se buscó en este Servicio Electoral, del cual la gran mayoría de los consejeros y la unanimidad de los representantes de las planillas dijeron: `nos gusta por imparcial'''.
-¿Tiene el PRD los recursos y el aparato necesarios para hacer una elección abierta?
-Hay que hacer un buen reglamento y un buen sistema, y es perfectamente posible hacer elecciones abiertas en los partidos. Pero estamos en 1982 en relación con el país y con la estructura electoral. El reglamento es similar al que usaba Manuel Bartlett. Tenemos que dar un paso adelante, al actual Cofipe y más allá. Bartlett tenía una estructura electoral priísta. Y pudieron desaparecer 20 mil actas. Luchamos por el nuevo IFE, el reglamento, las comisiones electorales. Este reglamento es equivalente a la ley electoral de Bartlett, que le permitía manejar la elección al partido mayoritario, con la variante, en el PRD, de que lo hace el grupo mayoritario en cada estado.
``Con los recursos que tuvimos -distintos que los que nos aprobaron-, con un buen reglamento y con una ética correcta, se pueden hacer las elecciones. El órgano electoral debe ser un órgano técnico e imparcial''.
-¿Por qué no se habían presentado crisis electorales en el PRD?
-Al tiempo. Vamos a comparar qué hizo el Comité General esta vez y que no quiso ver el Comité Electoral las veces anteriores.
-De ustedes dicen los candidatos: no basta que sean honorables, también deben saber hacer elecciones y hacer política.
-El Comité General anterior enviaba un delegado ``de alto nivel'' para establecer el diálogo con las corrientes dominantes al lugar donde se celebraría una elección. Si lo aceptamos, esto equivaldría a decirle a José Woldenberg: ``Tú no eres un órgano técnico para contar votos, tú eres un órganos político, tienes que hablar, dialogar con los candidatos y hacer que no haya problemas''. La posición del PRD ha sido: ``si metes una mano, un dedo en la discusión, te descalificamos. Eres un órgano técnico e imparcial''. Ya confesaron lo que hacían antes: lo de Bartlett no lo de Woldenberg. Se hacía política dentro del órgano técnico.
-¿Repetir la elección en dos o tres meses es técnicamente posible?
-Es muy difícil, pero posible. Y hay una primera premisa: cambiar de tajo un reglamento malo y lograr una estructura electoral imparcial, no plural. Por eso dentro de la montaña de acusaciones, nadie se ha atrevido a decir que fuimos parciales.
-El cumplimiento de estas premisas, ¿implicaría la sustitución del CGSE?
-Sí, si cambia el reglamento. Yo no voy a renunciar hasta concluir este proceso, hasta que la CNGV no declare concluida la búsqueda de irregularidades. Y después, podría considerar todo, incluso irme.
-¿Una ruta de rectificación? Las planillas mayoritarias del PRD parecen apuntar más a señalar culpables.
-El miércoles 17, cuando declaramos cerrado el Prep, se había definido la elección. Hay amnesia nacional, a nadie le sorprendió en ese momento que yo declarara: ``Vamos a limpiar a fondo la elección''. En ese momento, el PRD tenía dos opciones: levantar la alfombra y meter la mugre debajo del tapete o decir: ``aquí está la mugre, vamos a ir a fondo''. Eso puede producir dos cosas: que finalmente levantemos la alfombra y en parte dejemos la mugre debajo. ¿Qué sería más doloroso? ¿Qué reconozcamos lo que pasó y tomemos medidas factibles para, combatiendo la tradición política mexicana, la que se empezó a establecer en el PRD, ir hacia otra que no conocemos?
(Arturo Cano y Alberto Aguirre M.)