La inconformidad que despertó la comparecencia del secretario de Energía ante el Senado fue continuación de un fenómeno que ya estaba presente en varias formas. La habíamos visto en intervenciones, artículos, desplegados, ponencias en foros y otras formas de expresión, provenientes de miembros de todos los partidos y de ciudadanos u organismos sin partido. Existe una importante posibilidad de que la iniciativa de reforma constitucional no sea aprobada en este periodo de sesiones, y varios de los actores políticos más involucrados en la polémica dan esa posibilidad como un hecho.

El borrador de reformas legales presentado en esa comparecencia confirmó los temores de varias de las fuerzas que habían expresado inconformidad. Se ha polarizado más la polémica. Y el desgaste que trae consigo esta iniciativa de reforma constitucional, muy ideológica, sin viabilidad política y con preocupantes efectos en la economía actual y real del país, puede prolongarse varios meses más. Mientras tanto, la industria eléctrica se ve, en algunos sentidos, abandonada y frenada.

Quedan pendientes algunos concursos, sobre todo porque se habían retrasado, de los iniciados antes del viraje gubernamental. Este cambio pasó de una política de restructurar al sector eléctrico dentro del marco legal existente, a otra de echar abajo ese marco, empezando por una reforma constitucional. Pero en unos meses terminarán esos concursos y para después no queda nada. Como que se partía del supuesto de que al venderse todo ya el mercado se encargaría del trabajo que no hicieron los que lo tenían encomendado. Después de estos meses vendrán las candidaturas presidenciales, luego las campañas electorales, y finalmente el proceso de transmisión del poder. El gobierno que surja de las elecciones del 2000 empezará a armar su propia alternativa en el 2001, y mientras tanto tendremos un nuevo hueco en la instalación de plantas, como el que ya se presentó en años anteriores en lo que se ajustaba, reglamentaba y empezaba a aplicar la reforma legal de 1992.

Eso no debería suceder. Necesitamos alternativas inmediatas para que no suceda. Además de discutir qué queremos para un futuro más remoto, debemos ver cómo fortalecer a la industria eléctrica hoy, para evitar este nuevo hueco, en este caso de por lo menos dos años, en su desarrollo.

Las empresas eléctricas, al igual que Pemex, deben tener recursos y autonomía de gestión. Es paralizante que Hacienda maneje la caja de estas entidades exclusivamente como si fueran dinero fiscal. Esa caja debe ser para cubrir las necesidades de la empresa, no para que Hacienda tenga una forma fácil de ajustar sus índices macroeconómicos.

El subsidio socialmente justificado, único aceptable, debe ser transparente, venir del fisco y no gravar la economía de las empresas públicas. La industria debe restructurarse y prepararse para la competencia. Deben eliminarse las trabas que subsisten para que los municipios aprovechen los recursos locales, hoy desperdiciados, para generar la electricidad que consumen.

No debe pasar lo que con la petroquímica. Ni se ha vendido la petroquímica de Pemex, ni se le ha destinado inversión, ni hay inversión privada para generar los productos elaborados por Pemex, productos básicos hoy rebautizados como secundarios. El empeño de años de vender a como dé lugar, ha contribuido a que la Secretaría de Energía no dedique su principal atención a cumplir funciones que legalmente le corresponden, como la planeación del desarrollo petrolero y eléctrico a largo plazo.