¿Qué sucede en los Balcanes? Tras la guerra que desarticuló a la vieja Yugoslavia de Tito, reduciéndola al territorio de Serbia, que abarca la provincia de Kosovo, donde 80 por ciento de la población es de origen albanés, el régimen de Slobodan Milosevic creó un ejército tan poderoso que, la OTAN requeriría más de cien mil hombres para destruirlo por tierra, cosa que nunca logrará mediante los ataques aéreos.
Acorazado en su ``Estado-cuartel'' -como lo describe el sociólogo francés Yvon Le Bot--, Milosevic dio rienda suelta a sus tropas para que exterminaran al mayor número posible de kosovares albaneses. Pero la intervención de Washington aceleró con insospechada eficacia los planes del racismo serbio. Desde el inicio de los bombardeos, hace ya 21 días, las agresiones contra los albaneses de Kosovo se han intensificado con saña inaudita, obligando a más de medio millón de personas a escapar hacia las fronteras de Macedonia y de Albania. ``Si esto sigue así, dentro de unas semanas ya no quedará un albanés en aquella provincia'', dijo Le Bot, citando a especialistas en el tema.
En rigor, Clinton desató esta guerra para combatir una política inhumana, que ha forzado a miles de hombres, mujeres y niños a abandonar sus comunidades, movidos por el terror y el peligro de una muerte atroz e inminente. Ahora bien, ¿qué ocurre en Chiapas?
Tras la firma de los Acuerdos de San Andrés, el ``gobierno'' mexicano incrementó exponencialmente la militarización en las áreas de influencia rebelde y apoyó la organización de bandas paramilitares, dotadas con armas de alto calibre. En el tercer trimestre de 1997, estos grupos iniciaron una temible ofensiva en los Altos, alrededor de Chenalhó, obligando a miles de hombres, mujeres y niños a abandonar sus comunidades, movidos por el terror y el peligro de una muerte atroz e inminente.
Después de la matanza estratégica de Acteal, que sirvió como pretexto para que el Ejército reforzara la militarización en los Altos, el racismo chiapaneco entronizó en el poder a un sujeto llamado Roberto Ugolino Albores Guillén, que pronto se revelaría como un milosevichito.
En rigor, Clinton debería ordenar un bombardeo sobre Tuxtla Gutiérrez, para forzar a este milosevichito a poner fin a su política inhumana contra los indios. Sin embargo, como Roberto Ugolino es tan sólo un ejecutor de designios superiores, los misiles del Pentágono tendrían que caer en el Zócalo.
¿Es irresponsable hacer comparaciones como ésta? Desde luego. Pero no menos irresponsable es la actitud de quien, desde la Gobernación, avala en todos sus términos las continuas provocaciones de milosevichito, y asegura que, en Chiapas, el régimen continuará actuando ``por la vía tranquila'' (y si usted no cree que Francisco Labastida usó esta frase de cantina, vea La Jornada 9/04/99, p. 5).
Hoy se cumplen 80 años de la muerte de Emiliano Zapata en Anenecuilco. Pero mañana se conmemorará el primer aniversario del ataque ordenado por milosevichito contra el municipio autónomo de Ricardo Flores Magón, cuya sede estaba en el ejido Taniperla. En aquella oportunidad, un combinado de soldados y policías detuvo a Antonio López Vázquez, indígena tzeltal de 31 años de edad, base de apoyo del EZLN, casado, que vivía con sus siete hijos en Laguna Ocotal, caserío ubicado a 20 kilómetros de Taniperla, o mejor dicho, a tres horas de camino a pie. El 11 de abril de 1998 bajó a Taniperla a celebrar la fiesta de Zapata y el cambio de autoridades del municipio autónomo.
Fue arrestado después del baile. Golpeado a culatazos, fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez como albanés de Kosovo. ``Y como no tuvo la suerte de llamarse Roberto Ugolino Albores Guillén sino Antonio López Vázquez, al llegar a Cerro Hueco le echaron encima cuatro nuevas causas penales'', dicen sus defensores. La policía de milosevichito lo acusó por rebelión, usurpación de funciones, robo, asociación delictuosa, despojo y daños. Con el transcurso de los meses, el juez lo exoneró de los cuatro primeros cargos por falta de evidencias, pero conservó los dos últimos y le fijó una fianza de 2 mil 500 pesos para dejarlo salir.
Pero de repente, cuando el hombre pensaba que había superado lo peor, la ``procuraduría de justicia de Chiapas'', descubrió que el 1 de agosto de 1997, en la ranchería Aguascalientes, municipio de Tila, zona norte de Chiapas, 40 hombres armados con R-15 y AK-47, vestidos como Seguridad Pública y pertenencientes en realidad al grupo paramilitar Paz y Justicia, del PRI, apuñalaron a muerte a Mateo Arcos Guzmán. La esposa de éste denunció que uno de los agresores se llama Antonio Vázquez López, nativo de la ranchería Pantianilhá, en el propio municipio de Tila. Hasta ahora, el juez se ha negado a hablar con personas de aquella región, tan lejos de Taniperla, que conocen personalmente al otro Antonio Vázquez López.
Como en los archivos judiciales de Chiapas apareció entonces otro expediente, del 15 de junio de 1992, según el cual varios individuos asesinaron a Pascual Gómez Martínez en el municipio de Huitiupan, y como entre los denunciados figuraba un Antonio López Vázquez más, la policía de milosevichito se paró el cuello afirmando que el caso estaba resuelto. Hoy, pese a la eficaz actuación de los defensores del reo, que nunca ha ido a Huitiupan, el juzgado segundo de lo penal se niega a girar un oficio al Registro Civil para que éste informe cuántos cientos o quizá miles de Antonios López Vázquez han nacido en Chiapas.
No conforme con esta ingeniosa ocurrencia, que le ayuda a disminuir el rezago de ``justicia'' en los tribunales, la policía de milosevichito decidió aprovechar el viaje para acusar a este Antonio López Vázquez por el delito de ``violación en grado de tentativa'' en perjuicio de una menor de 13 años, hecho que efectivamente acaeció el 2 de marzo de 1996 en Loma Bonita, municipio de Playas de Catazajá, donde el chofer de un camión de volteo, llamado Antonio Vázquez López, alias ``El Macho'', trató de forzar a la niña Neri Cruz Vázquez. Hasta ahora, el juez segundo de lo penal se ha limitado a tomar declaración a la madre de la menor, mientras la defensa del preso político pide un careo directo con la víctima.
Y ya encarrerados, los acusadores le endilgan asimismo el delito de estupro en contra de la niña Beatriz Clavería Martínez, cometido el 4 de febrero de 1997 en el rancho San José, ejido Unidos para Progresar, municipio de Pijijiapan, en la costa del Pacífico, tan lejos de la zona norte y de Taniperla. A la fecha, los padres de la pequeña rehusan comparecer en el juzgado.
Luis Fernando Menéndez Medina, defensor de derechos humanos que también fue detenido hace un año en Taniperla, pero que se niega a salir de la prisión, pese a que podría hacerlo bajo fianza, ``hasta que no me retiren los últimos dos cargos'', ha escrito a esta página para exponer el terrible problema penal que representa la homonimia en Chiapas.
La injusticia perpetrada en contra de Antonio Vázquez López, su compañero de celda en Cerro Hueco, no es exclusiva. En similares circunstancias, dice, está Miguel Hernández Pérez, base de apoyo zapatista en Taniperla, acusado en principio de lo mismo, a quien ya en prisión lo quisieron culpar por la muerte de Juan López Ruiz, asesinado el 1 de septiembre de 1996, en el municipio de Bochil, tan cerca de Tabasco, y por el asesinato de José Pérez Pérez, el 26 de noviembre de 1997, también en Bochil, y por la invasión de un predio, al frente de cien hombres armados, en el municipio de Chenalhó, tan lejos de todo.
Manuel Hernández Pérez, hermano del anterior, base de apoyo del EZLN, detenido en Taniperla hace un año igualmente, tiene ya en sus manos la ``boleta de libertad'' luego de haber probado su inocencia en los hechos del 11 de abril, pero continúa preso porque la policía de milosevichito ahora lo acusa por un homicidio cometido en 1995 por un Manuel Hernández Pérez, que entonces tenía 22 años de edad y era hijo de Domingo Hernández Hernández y Pascuala Pérez Pérez; el preso político zapatista, en cambio, tiene 35 y sus padres se llaman Angel Hernández Pérez y Rita Pérez Silvano, detalles, por supuesto, que carecen de importancia ante la ley.
Con Antonio Vázquez López, con los hermanos Hernández Pérez y con Luis Fernando Menéndez, continúa enchiquerado el profesor universitario Sergio Váldez Ruvalcaba, que rechaza con idéntica firmeza la posibilidad de salir bajo fianza, aunque hubiese podido hacerlo desde septiembre. A todos ellos, en el primer aniversario de su injusta detención, el tonto del pueblo les manda un regalo: Amnistía Internacional, según aviso publicado en este diario, anda buscando a una persona que desee encargarse de la sección México del organismo. ¿Por qué no envían su solicitud?
A quien le empieza a escampar el panorama es al rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro. El movimiento escolar que a media semana acordó estallar la huelga dentro de 10 días en protesta por el aumento de las cuotas, ha sido copado por un núcleo de ultras, que rebasó por completo a los herederos del Consejo Estudiantil Universitario de 1986.
La nueva dirigencia, mayoritaria en todas las asambleas, no pudo ocultar sus viejos rencores y sus renovados prejuicios stalinistas, cuando durante la organización de un diálogo entre los universitarios y la sociedad civil, que fue inaugurado ayer con poco éxito, los militantes del BUI (Buró Universitario de Izquierda, liderado por Guadalupe la Pita Carrasco y antes conocido como BIP: Buró de Información Política), vetaron a Carlos Monsiváis, Adolfo Gilly, Alfredo López Austin, Rafael Barajas, El Fisgón, y otros intelectuales y artistas ``aliados a la nueva derecha''.
Con semejantes timoneles, la del 20 de abril será una huelguita efímera...
Carlos Rojas Gutiérrez, hasta hace poco secretario general del PRI, volverá al gabinete del doctor Zedillo. Ocupará la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en lugar de Julia Carabias, a quien le aguarda un puesto en un organismo internacional. En círculos ecologistas se especula que la sustitución responde a las presiones del Consejo Consultor Ambientalista, formado por México, Estados Unidos y Canadá a raíz del TLC, y la causa, agregan, es la destrucción de los manglares de San Blas Nayarit, donde la Semarnap autorizó la instalación de granjas camaronícolas profundamente dañinas.