La propuesta de privatización del sector eléctrico y el pago de cuotas en la UNAM están motivados, en último término, por la insuficiencia de recursos del Estado. Enfocando el problema exclusivamente desde el punto de vista de los ingresos públicos, la escasez de recursos se explica en gran parte porque una proporción importante de los ingresos fiscales del país son aportados por Pemex, los que se han reducido al caer los precios del petróleo en el mercado mundial. Sin embargo, en el país existen amplias posibilidades de aumentar los ingresos tributarios y de distribuirlos de manera más equitativa.

1. La proporción de los ingresos tributarios con respecto al producto de la economía es, en México, extremadamente baja. Según datos del Banco Mundial, es de 13 por ciento, mientras que en países de nivel de desarrollo similar es bastante más elevada (Brasil, 20 por ciento, y Chile, 18 por ciento).

2. Un rasgo general del sistema tributario es su desigualdad, lo que puede advertirse en diversos planos. El IVA, que aplica una tasa única a consumidores con ingresos diferentes, aporta 30 por ciento de los ingresos tributarios, lo que significa que una parte sustancial de los impuestos no discrimina a los contribuyentes por sus niveles de ingreso.

3. Por otra parte, del total de la recaudación del impuesto sobre la renta, 42 por ciento es aportado por los asalariados, mientras que los empresarios contribuyen con 38 por ciento.

4. Ese rasgo de desigualdad se repite en los impuestos sobre la renta que pagan las empresas. En general, los regímenes fiscales aplicados a éstas no distinguen entre grandes y pequeñas. El régimen simplificado se aplica a las empresas agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras y a las del transporte terrestre de carga de pasajeros, sin distinguir entre tamaños. De ello resulta que la tasa impositiva sobre la renta aplicada a un pequeño agricultor o al propietario de un camión de carga es la misma que paga un gran empresario agrícola o una compañía de transportes. Tampoco el denominado Régimen General de Ley discrimina por la magnitud de las ganancias de las empresas, aplicándoseles a todas la misma tasa de 34 por ciento.

5. No obstante que esta es una tasa elevada, el aporte de los empresarios al impuesto sobre la renta es menor que el de los asalariados, lo que se explica no sólo por las bajas de las que se benefician las empresas con regímenes fiscales especiales, independientemente del monto de las ganancias, sino que, además, por las amplias posibilidades de artificios contables de las empresas, que hacen que las ganancias gravables sean muy reducidas. Eso quedó claro cuando se instituyó el impuesto al activo. Según la Secretaría de Hacienda, la mayor parte de las empresas del país siempre registra pérdidas, por lo que no pagan impuestos sobre la renta. El impuesto sobre los activos permitió, en una pequeña proporción, subsanar esa aberración.

6. Las ganancias obtenidas por personas físicas por operaciones bursátiles están exentas del pago del impuesto sobre la renta. Dado que son las personas ricas las que tienen dinero para dedicarse a la compra y ventas de acciones, eso significa que también en ese plano el régimen fiscal es favorable a las personas acomodadas. Lo mismo ocurre con las herencias, que en gran parte del mundo son fuertemente gravadas, mientras están exentas en el país.

7. Los impuestos a la propiedad representan una proporción ínfima de los ingresos tributarios del país, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, contribuyen con la tercera parte de los ingresos tributarios. En otras palabras, los tributos pagados sobre la riqueza material son extremadamente bajos en términos comparativos lo que, dada la enorme disparidad en la distribución de la riqueza, está beneficiando precisamente a los ricos.

El segundo principio básico que debe sustentar el sistema tributario de un país, además de estar orientado por el principio de la equidad, es que debe diseñarse de manera que estimule la actividad económica productiva. Eso significa que el elemento de progresividad de los impuestos debe compatibilizarse con un régimen fiscal que estimule la reinversión de las ganancias obtenidas por las empresas, a la vez que grave su distribución entre los propietarios de ellas, ya que esa parte de las ganancias es destinada al consumo.