INDUSTRIA ELECTRICA: RAZONES DE LA IRA

En ocasión de su comparecencia ante el Senado, en la que presentó a ese órgano la propuesta de reforma constitucional del Ejecutivo para abrir el sector eléctrico a la inversión privada, el secretario de Energía, Luis Téllez, fue objeto de una condenable agresión callejera de parte de algunos integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), gremio que ha encabezado el rechazo nacional a la privatización de la industria eléctrica.

Los amagos de linchamiento contra funcionarios públicos no son, ciertamente, los métodos aceptables para pugnar por modificaciones de fondo a la política económica en curso, ni los más eficaces. La tarea de resistir el desmantelamiento del patrimonio nacional, emprendido desde hace 17 años por el gobierno, es muy importante como para desvirtuarla con maneras poco cívicas.

Sin embargo, tanto la descontrolada exasperación de los agresores de Téllez a las afueras del edificio senatorial como las duras y fundadas críticas de que fue objeto en el interior de este recinto son expresiones del profundo descrédito al que ha llegado la política privatizadora gubernamental, la cual ha tenido por consecuencia, en todos sus episodios, el enriquecimiento de unos cuantos en detrimento de la nación y de gran parte de su gente.

Las mayorías que han sufrido la persistente caída de su poder adquisitivo, que han sido lanzadas a los infiernos del desempleo y las actividades informales, y que han padecido el sistemático recorte de la labor estatal de bienestar social, atestiguan, simultáneamente, la multiplicación de fortunas inconmensurables y los repuntes astronómicos en la bolsa de valores, tan fugaces como obscenos en un entorno de pobreza generalizada.

Acaso la rabia no sería tanta si, durante ese lapso, los sacrificios impuestos a la población y el remate de los bienes nacionales se hubiesen traducido en una economía nacional realmente sólida, estable y confiable. Pero, por el contrario, las finanzas del país han ido, todos estos años, de crisis en crisis, de recorte en recorte, de quebranto en quebranto, y hoy México es más vulnerable que nunca a los vaivenes y desequilibrios del entorno mundial.

Tal vez no habría sido tan profundo el agravio si las privatizaciones se hubiesen realizado en forma transparente y si no hubiesen dado lugar a fraudes multimillonarios. Pero, para referirse sólo a la venta de los bancos, hoy, tres de los principales beneficiados de esas operaciones están acusados de gravísimos desvíos y malos manejos. Para colmo, el gobierno no ha mostrado ninguna voluntad para esclarecer el cúmulo de irregularidades que, se sospecha, ocurrieron en la aplicación del programa de rescate a los bancos privatizados, operación que habrá de ser pagada por los contribuyentes. Por el contrario, existe la percepción general de que se actuó para solapar desvíos y saqueos.

Con estas consideraciones en mente, las modalidades técnicas que Téllez fue a proponer al Senado para la proyectada desincorporación parcial de la industria eléctrica, son lo de menos. Lo verdaderamente grave es la incapacidad de las autoridades para percibir que una privatización más puede llevar a la sociedad al límite de su paciencia.

ATROPELLO MADRACISTA

Desde que se inició la sospechosa campaña electoral que habría de llevarlo al cargo, el actual gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado, dio muestras de su poco aprecio por las leyes y de un estilo violento y autoritario que, hoy día, resulta emblemático para retratar los peores aspectos del atraso político que persiste en amplias zonas geográficas y humanas del país. La administración tabasqueña, en su conjunto, opera con la misma lógica atrabiliaria de su máximo responsable, ahora precandidato priísta a la Presidencia de la República, y muestra la clase de ejercicio del poder que el país podría esperar de Roberto Madrazo.

En las primeras horas de ayer, en Villahermosa, las fuerzas policiacas reprimieron con exceso de violencia a manifestantes pacíficos de una organización local de deudores, lesionaron a varios de ellos ųentre quienes se encuentra un menor de once añosų y capturaron, en forma absolutamente injustificada, a tres informadores que realizaban su trabajo: René Alberto López, corresponsal de este diario en la entidad, Isidoro Pedrero y Azarías González. Posteriormente, los efectivos entregaron a los activistas a algunas instancias judiciales locales, famosas por su parcialidad y su subordinación al gobernador.

De esta manera, las autoridades tabasqueñas rompieron, una vez más, el estado de derecho, violaron diversas garantías individuales ųentre ellas, el derecho a la libre manifestaciónų y atentaron contra las libertades de expresión e información.

Por último, es desalentador y vergonzoso que en el México de fines del siglo XX pueda haber espacio para que aspire a la Presidencia el titular de un gobierno estatal que parece no tener más recursos políticos que los macanazos y el despilfarro de los recursos públicos