n El ayuntamiento tricolor se instaló en el palacio municipal del lugar
Priístas y policías desalojan al gobierno autónomo de San Andrés
n El poblado, en virtual estado de sitio, con controles policiacos y militares en todos sus accesos
Hermann Bellinghausen, enviado, San Andrés Sacamch'en, Chis., 7 de abril n Con un fuerte operativo policiaco encabezado por funcionarios del gobierno estatal, la sede del concejo municipal autónomo fue desalojada hoy. Como los autónomos zapatistas no opusieron resistencia, la instalación del ayuntamiento priísta, minoritario pero constitucional, pudo ser celebrada como ''pacífica'' por las oficinas de propaganda del gobierno de Roberto Albores Guillén, que emitieron un comunicado en el que señalan que algunos periodistas nacionales y extranjeros se pudieron percatar de que no había fuerzas de seguridad en el centro de este poblado.
Las autoridades autónomas, encabezadas por Marcos González González, se refugiaron en el poblado de Oventic, desde donde denunciaron el atropello y anunciaron para mañana una marcha de protesta en la cabecera municipal, que esta noche seguía en poder de Seguridad Pública.
San Andrés, sede de las negociaciones de paz entre el gobierno federal y el EZLN, y también sede del concejo municipal de este municipio, mayoritariamente zapatista desde antes del levantamiento de 1994, se convirtió hoy en nuevo rehén del gobierno interino de Chiapas.
La ''reducción'' en marcha
Cuando esta mañana la cabecera municipal de San Andrés fue rodeada por Seguridad Pública, a partir de las 8 horas, parecía confirmarse lo que desde ayer circuló como rumor y amenaza: que la presidencia municipal autónoma sería desalojada por órdenes del gobernador Albores Guillén.
En previsión, toda la noche permanecieron dentro del palacio municipal 11 autoridades autónomas, esperando el ataque.
El palacio municipal, en posesión del gobierno autónomo desde 1995, y que ha funcionado como tal todo este tiempo, fue rodeado por decenas de priístas y cientos de policías al filo de las 10 de la mañana.
A la misma hora se dirigía al edificio municipal Marcos González González, presidente del concejo municipal autónomo, para iniciar un día más de labores. Al llegar a la plaza, encontró la presidencia rodeada por la policía y a los priístas en acción de ocuparla. De hecho, estaba prevenido.
La operación, encabezada por el secretario de Atención a los Pueblos Indígenas (Seapi), Gustavo Moscoso Zenteno, y el subprocurador estatal, Miguel Angel Yáñez, se desencadenó en ese momento. En ella participaron alrededor de 300 personas, entre efectivos de la Policía Judicial, de la Seguridad Pública, de Inteligencia Militar y del Cisen, así como funcionarios estatales, agentes del Ministerio Público y militantes priístas.
Marcos González dio media vuelta y se retiró del lugar, para evitar ser aprehendido. Lo mismo hicieron el juez municipal autónomo y un asistente, quienes se encontraban en las instalaciones y fueron desalojados por la Policía Judicial.
Inmediatamente después, el presidente municipal constitucional de la minoría priísta, Marcos Díaz Núñez, tomó posesión del edificio, ante el notario público Fernando Reyes Cortés, que es quien generalmente actúa en estos operativos del gobierno alborista.
Así, unas cuantas decenas de priístas, respaldados por las armas y los gases lacrimógenos en las cananas de Seguridad Pública, tomaron el palacio.
El acto, preparado sólo para las cámaras de la televisión comercial, fue ''pacífico'' porque la policía no encontró resistencia. ''Albores quiere derramar sangre indígena'', diría en la tarde Felipe, representante de los pueblos zapatistas, durante una conferencia de prensa de los rebeldes en Oventic.
El ataque, considerado ''una provocación'' por las autoridades autónomas, se consumó cuando el munícipe priísta Marcos Díaz Núñez colgó en la oficina un retrato del gobernador Roberto Albores Guillén.
Inmediatamente se instauró el imperio de la tira. La oficina de los mayoles, guardianes tradicionales, se convirtió en cuartel de la Seguridad Pública para dar inicio a otro episodio de la interminable reducción de los tzotziles que empezó en tiempos de la colonia española y por lo visto no tiene para cuándo.
Los indios invisibles
Fuera del extremo donde los funcionarios, la Seguridad Pública y la judicial instalaban al ayuntamiento constitucional, la plaza de San Andrés se encontraba vacía esta mañana. Pesadamente tensa, bajo la aparente indiferencia de los herméticos sanandreseros. Nada que ver, esa soledad, con la asamblea multitudinaria celebrada aquí cuando se eligió, por mayoría de todos los parajes y pueblos de San Andrés, al actual concejo municipal autónomo.
En ese ambiente mortecino, Moscoso Zenteno tuvo el valor de declarar que el edificio ''recuperado'' por el gobierno ''llevaba varios años desocupado'', lo cual no deja de ser sorprendente, pues aquí siempre han despachado las autoridades autónomas, como les consta a todos los periodistas que han cubierto en los meses (y años) recientes los distintos acontecimientos de la región.
Ahora resulta que fueron visiones. Que hace años que esto se encontraba abandonado. Que las personas que aquí trabajan en la conducción municipal autónoma eran fantasmas.
Como han de haber sido fantasmas los centenares de indígenas que participaron en las recientes fiestas de Semana Santa, y que en este mismo edificio instalaron diez grandes telares para hacer la vestidura de la gran cruz de San Andrés, puesto que la tela debe ser inmensa y tejida sin cesar, cada telar estaba a cargo de cinco mujeres que se iban turnando para que la manta quedara terminada antes del Viernes Santo.
Nada más estas 50 bordadoras de la semana pasada formaban un grupo más numeroso que el de los constitucionales que hoy ocuparon pacíficamente-a-la-fuerza las instalaciones municipales. Han de ser las primeras personas ''visibles'' que ocupan, ''en varios años'', el lugar.
Como los priístas, aunque escasos, sí se ven, las cadenas de televisión los retrataron atentamente. Una veintena de madres, acarreadas al registro civil de los priístas, acudió a registrar a sus niños de 1, 2 y 4 años, unos ya hasta caminaban, 15 minutos después de que la fuerza pública había instalado a los constitucionales. No sirvió de mucho esa fiebre de registrar niños, pero permitió que las televisoras filmaran el funcionamiento ''normal'' de los servicios. La policía, atrás, no aparecía en sus encuadres.
Terminado el show, se retiraron las autoridades estatales, los judiciales (bueno, quedaron algunos), seguridad nacional y las cámaras de Televisa y Televisión Azteca. Entonces llegaron dos camiones (cinco toneladas), de Seguridad Pública, llenos de granaderos con casco, escudos antimotines, ametralladoras, gases lacrimógenos y sus mochilas de campaña.
''Venimos a quedarnos'', dijo burlonamente un sargento que jugaba con su cañón lanzagases, junto a la que fue casa de los mayoles indígenas. El propio presidente priísta, Marcos Díaz, afirmó que la Seguridad Pública permanecería ''por tiempo indefinido''.
La cabecera municipal de San Andrés quedó en estado de sitio, con controles policiacos y militares en todos sus accesos y una aplastante ocupación de granaderos en el centro.
Antes del mediodía había desaparecido por completo el edificio que hasta ayer ocupó el ayuntamiento priísta en las afueras del poblado. Ya no había muros, ni muebles, ni puertas en las letrinas. Sólo la plancha de cemento del piso. Pronto podrá decirse que no existió nunca ese ayuntamiento minoritario que se edificó con dinero del gobierno estatal, y que coexistió pacíficamente con el gobierno autónomo hasta el día de hoy.
El mismo Díaz dijo esta mañana: ''Nosotros nunca teníamos problema con el autónomo".
Para la tarde se amenazó con entrar a la tienda de las mujeres artesanas del municipio autónomo, que permanecía cerrada.
Las autoridades municipales autónomas declararon en Oventic esta tarde: ''Si se pierde algo de nuestras compañeras o saquean la tienda será responsabilidad del presidente priísta Marcos Díaz''.
Además, afirmaron que la tienda es legal y que las artesanas podrían proceder penalmente contra las autoridades priístas, en caso de daños o despojo.
Antes del anochecer la tienda ya estaba en poder de los priístas.
La pocilga
A pocos metros del palacio municipal se encuentra el cascarón en ruinas de la sala, construida por el gobierno federal, donde se firmaron los acuerdos de San Andrés hace más de tres años. Hoy es una pocilga.
Los muros de triplay se encuentran rotos, los techos caídos. No hay puertas ni ventanas y sí montones de basura y manchas de orines. Por todos lados hay horrendos graffiti pintados con la misma brocha, llenos de insultos a los zapatistas, de falos, vaginas y consignas procaces y dizque albureras. No parecen obra de manos indígenas.
En este símbolo de las negociaciones interrumpidas y los acuerdos incumplidos, las cámaras de televisión se refocilaban esta mañana. El efecto dramático de la destrucción es indiscutible.
Los autónomos nunca se responsabilizaron de esa construcción, pues dicen, ''no la hicimos nosotros y los que la dejaron así fueron del gobierno''.
Un municipio perseguido
A las 2 de la tarde Marcos González González abandonó la cabecera municipal y se dirigió a pie al poblado de Oventic, eludiendo los retenes de Seguridad Pública.
A las 6 de la tarde, en compañía de otros integrantes del gobierno municipal autónomo, se presentó ante la prensa en Oventic. No obstante, fue el único que no tomó la palabra.
Allí Miguel, miembro del concejo autónomo, con el rostro cubierto con un paliacate, aseguró: ''Siempre han estado las autoridades autónomas resolviendo los problemas en el edificio del municipio''.
Al parecer no sabe que todo este tiempo fueron invisibles él y sus compañeros. De eso se enteró hoy al leer el comunicado de las oficinas de gobierno de Tuxtla, que confirma la opinión del secretario Moscoso Zenteno: nunca fueron vistos, ni oídos. Nunca estuvieron en los edificios de los cuales hoy los desalojó la fuerza pública. Un trabajo más de los cazafantasmas de Albores.
n Critica el consejo autónomo al gobernador Albores
La recuperación de la alcaldía de San Andrés, ''acción provocadora''
Elio Henríquez, corresponsal, Oventic, Chis., 7 de abril n La "recuperación" de la presidencia municipal de San Andrés Larráinzar por parte de las autoridades priístas apoyadas por unos 300 policías de Seguridad Pública estatal es una acción "provocativa y vergonzosa de Roberto Albores Guillén", afirmaron los integrantes del consejo autónomo zapatista, al anunciar que este jueves realizarán una "gran manifestación pacífica para demostrar la inconformidad del pueblo".
El comandante Felipe, dijo a su vez que el gobierno "habla mucho de paz y de diálogo pero con esas acciones demuestra que no es cierto, pues lo único que busca es el derramamiento de sangre". Expuso que los simpatizantes zapatistas "no se quedarán conformes" con la acción del gobierno y los priístas.
En conferencia de prensa en esta comunidad ųsede del Aguascalientes IIų los miembros del consejo autónomo manifestaron que con la acción realizada esta mañana el gobernador Albores Guillén "demuestra una vez más que no le importa la vida de cientos o miles de indígenas, y pretende llenar de sangre las tierras chiapanecas; no le basta con lo que ha asesinado y encarcelado".
En un boletín de prensa, el consejo que encabeza Marcos González González aseguró que en la recuperación del edificio ųque desde el 26 de diciembre de 1995 estaba en manos de las autoridades autónomas de San Andrésų participaron unos 300 policías estatales, pero aclaró que no hubo golpeados ni detenidos, ya que los once integrantes del cabildo que en ese instante estaban ahí fueron "desalojados pacíficamente".
Añadió que desde anoche las autoridades rebeldes supieron que los priístas y el gobierno iban a desmantelar o tomar el municipio autónomo, "pero decidimos no convocar a la gente para evitar una gran violencia en nuestro pueblo, como la que ha ocurrido en otros municipios".
Con el rostro cubierto con un paliacate, al igual que sus acompañantes. Felipe desmintió la versión del alcalde priísta Marcos Díaz Núñez, en el sentido de que el edificio estaba abandonado: "Las autoridades siempre han estado cuidando la presidencia y atendiendo y resolviendo los problemas del pueblo", señaló.
El dirigente zapatista dijo desconocer si buscarán recuperar la alcaldía, porque ųaclaróų "no queremos que haya enfrentamientos ni derramamiento de sangre, que es lo que el gobierno está buscando".
Felipe aseveró que al recuperar el edificio los policías y los priístas "se apoderaron de todos los bienes de la presidencia y hasta de cosas personales de los integrantes del ayuntamiento".
En contrapartida, el edil del PRI, Díaz Núñez, dio a conocer que el cabildo que él preside interpondrá una demanda penal en contra de las autoridades autónomas, debido a que "faltan muchas cosas que pertenecen al pueblo". Entre ellas mencionó dos camiones de volteo, uno de tres toneladas, una combi y una camioneta. "No es ninguna revancha, simplemente porque todas las cosas que hay son del pueblo y nosotros como autoridad tenemos que ver que estén completas", explicó.
Entrevistado cuando se realizaba una sesión de cabildo en el palacio, el munícipe priísta afirmó que la idea de recuperar el edificio surgió del gobierno estatal "hace unos 8 días", porque "detectamos que el inmueble ha estado abandonado, únicamente quedaban dos veladores cuidando".
Explicó que los 300 policías estatales sólo "auxiliaron" en la recuperación, mientras que los 150 que desde las 11 horas resguardan el inmueble permanecerán en San Andrés Larráinzar por tiempo indefinido para prevenir hechos de violencia o que los zapatistas traten de apoderarse nuevamente de la alcaldía.
Por la mañana, a la hora de la acción gubernamental, los retenes del Ejército Mexicano ubicados en la cabecera de San Andrés y cerca de Oventic, realizaban minuciosas revisiones a todos los automovilistas. También fueron reforzados los puestos de control migratorio.
La foto de Albores, que estaba en el edificio donde antes despachaba el ayuntamiento priísta, fue colocada en el despacho de Díaz.
n La pacificación, en riesgo: centro Fray Bartolomé
Desmantelar municipio autónomo en San Andrés, "un grave error"
n "Así se demuestra voluntad de diálogo", ironizó Samuel Ruiz
Angeles Mariscal, corresponsal, y José Antonio Román, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 7 de abril n Como un grave error que violenta aún más la situación que se vive en la entidad, y como agresión al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), calificaron la secretaría ejecutiva del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas(CDHFB) y el propio obispo Samuel Ruiz, la acción de las autoridades para desmantelar el municipio autónomo asentado en San Andrés Larráinzar.
"Bravo, así es como el gobierno demuestra su voluntad de diálogo", expresó irónico el obispo Samuel Ruiz García en torno a la acción policiaca que permitió que un grupo minoritario de priístas tomara la presidencia del municipio sede del diálogo por la paz, inmueble que durante casi cuatro años permaneciera en poder del municipio autónomo zapatista de Sakamchén de los Pobres.
Un poco más sereno, el obispo de San Cristóbal consideró como un "grave error" el pretender imponer a una "minoría sobre una mayoría", en tanto que Marina Patricia Jiménez, secretaria ejecutiva del CDHFBC, organismo humanitario dependiente de la diócesis, señaló que con este acto se pone una vez más en riesgo el proceso de pacificación de la entidad.
"Esto sucede tres días antes del primer aniversario del desmantelamiento del municipio autónomo Ricardo Flores Magón en Taniperla, Ocosingo (...) es parte del proceso de golpeteo en contra del EZLN", subrayó. Añadió que con esto, Albores Guillén "se deslegitima y nos corrobora las acciones de contrainsurgencia que se han venido realizando, y que pueden provocar una confrontación como la de los primeros días de 1994".
Sobre los constantes operativos policiacos antizapatistas, Marina Patricia mencionó: "éstos son momentos de riesgos muy fuertes para la pacificación de la entidad".
Por su parte, el Ejecutivo estatal, Roberto Albores Guillén, señaló por medio de un comunicado oficial: "ante el rotundo fracaso del llamado municipio autónomo de San Andrés, el ayuntamiento constitucional, presidido por Marcos Díaz Núñez, sesionó hoy por primera vez en el edificio oficial de la presidencia municipal, restableciéndose de esta forma la legalidad".
En tanto, el obispo de Tuxtla Gutiérrez y miembro de la Comisión Episcopal para la Paz, Felipe Aguirre Franco, dijo que hoy más que nunca la solución al conflicto de Chiapas pasa por la voluntad política del gobierno federal.
Dijo que la posición asumida por la Iglesia, concretamente en el tema indígena, se debe al compromiso ineludible que tiene con la justicia y la paz, y que hoy deben ser principios cultivados por todos ante conflictos e intolerables desigualdades sociales y económicas.
Es necesario, agregó el obispo, una búsqueda compartida de la paz para la reconstrucción de las comunidades y para encontrar soluciones de un modo integral, ya que la paz, la dignidad y el derecho no sólo se quebrantan en Chiapas, sino que es un síntoma común en México. "Nuestra preocupación y nuestra palabra son los indígenas, luego ha de ser por otros".
Aguirre Franco citó conceptos contenidos en el documento del Sínodo de América, entregado por el papa Juan Pablo II durante su reciente visita a México, y en el que se señala que la Iglesia no se cansará de invitar a la comunidad cristiana a comprometerse en la superación de toda forma de explotación y opresión, así como a poner de relieve las raíces del mal proponiendo intervenciones que den a las estructuras sociales, políticas y económicas una configuración más justa y solidaria.
Incluso, el obispo señaló que si la Iglesia desea reconocer el camino de la solidaridad, debe dedicar especial atención a aquellas etnias que aún hoy son objeto de discriminaciones injustas, e igualmente atender sus legítimas necesidades sociales, sanitarias y culturales.
Lo que debe buscarse es la promoción humana integral de los indígenas y el reconocimiento de sus derechos, apuntó.
n Se ahondan divisiones
Peligra el precario equilibrio que hay en Chiapas: Cocopa
Andrea Becerril n La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) advirtió ayer sobre el peligro de que "el precario equilibrio" que existe en Chiapas pueda romperse por falta de diálogo entre las partes, y por la repetición de incidentes como el desalojo del municipio de San Andrés Larráinzar.
Luego de una reunión en la que se discutió el clima político imperante en la zona de conflicto, el presidente en turno del organismo, Gilberto López y Rivas, y el vocero, Javier Guerrero, diputados de PRD y PRI, respectivamente, resaltaron que la ausencia de diálogo y el vacío que esto genera preocupa a la Cocopa. "Ello puede profundizar las divisiones, el encono, el clima de violencia y propiciar enfrentamientos que alejen aún más las posibilidades de acercamiento entre las partes", advirtió Guerrero.
Resaltó la "radicalización y polarización de posiciones" entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por lo que "pese a que es una comisión con mucho espíritu, no tiene elementos concretos que le permitan hacer que las partes se sienten a negociar".
Durante la reunión, Roberto Fuentes, representante del gobernador interino de Chiapas, Roberto Albores Guillén, entregó a los legisladores un escrito en el que se sostiene que 15 mil 311 zapatistas han desertado del EZLN, de un total de 57 comunidades localizadas en diez municipios. Fuentes no se atrevió siquiera a discutir tal cifra, que, desde antes de la reunión ya había sido calificada de exagerada por legisladores del PRD y el PAN.
El diputado panista Felipe de Jesús Vicencio deploró en entrevista que Albores Guillén recurra a ese tipo de "estrategias tramposas", y agregó que el desalojo del municipio perredista de San Andrés Larráinzar rompe el precario equilibrio que se había mantenido y puede contribuir a enrarecer aún más el ambiente en Chiapas y a cerrar las salidas políticas al conflicto.