n La causa, presiones del SIN; mexicanos, la mayoría
Podrían perder sus empleos en EU unos 4 mil 700 inmigrantes
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 7 de abril n En el operativo más grande contra la contratación de inmigrantes indocumentados, la próxima semana el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) podría ordenar a 66 empresas de procesamiento y empaque de carnes del medio oeste del país despedir a unos 4 mil 700 trabajadores, en su gran mayoría mexicanos, trascendió aquí.
La nueva estrategia del SIN, que ya se implementa en Nebraska, el estado de Washington y el norte de California, también está generando un nuevo conflicto entre los empresarios ųque dependen de la mano de obra inmigranteų y las feroces políticas antinmigrantes adoptadas por los políticos en esta capital.
El nuevo programa del SIN, la "aplicación al interior (del país)" de la ley, se realiza mediante la verificación de todos los documentos de empleo, permisos de trabajo, las "credenciales verdes" y los números de seguro social de trabajadores en industrias específicas en regiones seleccionadas. En Nebraska, el proyecto piloto comenzó con una orden judicial que obligó a todas las plantas de procesamiento de carne en esa entidad a entregar los archivos de empleo de sus trabajadores.
"De las aproximadamente 26 mil personas que verificamos, en los documentos de unas 4 mil 700 había discrepancias, entre ellas que las green cards no correspondían a sus números de seguro social", explicó Michael Went, subdirector del SIN en Omaha, Nebraska, entrevistado por La Jornada.
Los trabajadores están empleados en 66 plantas en Nebraska, la parte occidental de Iowa y en Dakota del Sur, pero Went indicó que el número de supuestos indocumentados varía de una empresa a otra.
"Tenemos algunas plantas donde sólo dos, tres o tal vez 10 trabajadores tenían problemas con sus documentos", comentó Went. "Pero para algunas de las plantas más grandes tenemos documentos que indican que más de 55 por ciento de la fuerza laboral está en ellas ilegalmente".
El SIN se entrevistará con los administradores de las plantas en estos días, y después enviará cartas, en español, a cada uno de los trabajadores cuyos documentos están incompletos. "En esas entrevistas, revisaremos los documentos, y si el individuo está aquí ilegalmente, será arrestado... Esperamos que algunos de ellos simplemente abandonarán su empleo", declaró Went. Es decir, no se espera que un indocumentado se presente a la entrevista para acabar siendo detenido.
El programa en Nebraska, conocido como operación Vanguardia, preocupa no sólo a los trabajadores, sino también a sus patrones. "Nos sentimos algo victimizados", declaró Sara Lilygren, vocera del Instituto Americano de Carne, asociación que representa a unas 400 empresas de procesamiento y empaque en el país, incluyendo a la mayoría que opera en Nebraska.
En entrevista con La Jornada, Lilygren señaló que los empresarios de la industria también están molestos porque el SIN optó por implementar este programa justo en el momento de mayor trabajo.
Además, señaló, las empresas están preocupadas porque las tácticas del SIN pudieran intimidar a sus empleados legales. "Algunas empresas me han informado de situaciones en las que agentes del SIN se presentan en la planta y 42 trabajadores corren a la salida de atrás. Se afecta el trabajo en la planta y resulta que 40 de esos empleados están legalmente, pero se intimidaron, como resultado de las tácticas del SIN".
La empresa IBP sufrió redadas en sus plantas en seis ocasiones entre 1994 y 1997, y en cada una de éstas el SIN detuvo entre 100 y 200 trabajadores para deportarlos a México.
Grupos de defensa del inmigrante y las plantas se quejan de que esas redadas generaron un clima de temor en las fuentes de empleo y que causaron severas consecuencias humanitarias para los trabajadores, como la separación de familias y hasta el abandono de menores de edad cuando sus padres son deportados.
El vocero del SIN en Washington, Russ Bergeron, señala que la nueva política que se está implementando es, de alguna manera, una respuesta a este tipo de quejas, ya que la idea es notificar a empleados que hay discrepancias en sus documentos de trabajo y así, en cierta forma, se les alerta de que serán detenidos y deportados si no abandonan sus trabajos. Además, dice Bergeron, las redadas no son un instrumento particularmente efectivo. "En nuestro mejor año bajo esa vieja política detuvimos a 19 mil empleados en diversas plantas por ilegales", comentó a La Jornada. "Con una población ilegal de 5.5 millones, no es tan buen resultado".
La nueva estrategia, argumenta Bergeron, permitirá al SIN empezar a limitar el efecto imán para la inmigración indocumentada, el cual se genera por patrones que, a propósito o no, están dispuestos a contratar ilegales. De hecho, expertos en el tema siempre han argumentado que el flujo migratorio no se puede controlar sólo con la construcción de más bardas en la frontera.
Por lo tanto, la nueva estrategia se basa en promover la "aplicación interna" de la ley en Estados Unidos, sobre la base de la ley de control de la inmigración promulgada en 1986, que contempla la imposición de sanciones contra empresas que contratan a indocumentados. "Implementar esa ley resultaría en un cambio fundamental de como hemos operado durante décadas", comentó Bergeron, pero agregó: "No podemos efectuar ese tipo de cambio sin causar algunos trastornos".
Pero son esos problemas los que contienen una semilla de rebelión contra tales políticas de inmigración. Cuando el SIN implementó esta misma estrategia contra las empresas empacadoras de manzana y fruta en Yakima, Washington, hace un par de meses, lo que resultó en el despido de 550 trabajadores, las quejas se escucharon a todo volumen.
"Todo esto es extremadamente frustrante", comentó Dick Keller, presidente de una organización de granjeros y productores de fruta en la región noroeste del país, al New York Times. "No está resolviendo el problema y está creando muchos más". David Carlson, granjero en la zona de Yakima, también advirtió que si el gobierno promueve una política que logre efectivamente la no contratación de indocumentados, toda la industria agraria estaría en "problemas profundos".
"Mucha gente ųcomentó al Timesų dice que la industria no debería contratar a gente que no sea legal... pero por otro lado a todo mundo le parece gustar mucho encontrar alimentos baratos en sus tiendas". La legislatura estatal de Washington estaba tan molesta con la acción del SIN que la cámara baja aprobó una resolución condenando la acción, por 97 contra uno.
"Lo que vamos a observar es la posibilidad de un entretejido de intereses de los defensores de los inmigrantes fuera de la capital, intereses empresariales ųdesde granjeros a empacadores más grandes y a fabricantes de calzado en Atlantaų quienes básicamente dejarán claro a sus representantes electos que no les importa qué piensan en Washington, y que tienen que encontrar una manera de retener a sus trabajadores, y, cuando les sea necesario, contratar incluso más trabajadores extranjeros", pronosticó Demetrios Papademetriou, ex funcionario del gobierno federal y uno de los expertos en políticas de inmigración más reconocidos del país.
Papademetriou, quien dirige el programa sobre inmigración del Carnegie Endowment en esta capital, cree que si la tasa de desempleo permanece baja en este país, la presión por un cambio de política la incrementará.
Considera también que las nuevas políticas revelan una contradicción central en la política de inmigración de este país: entre los patrones que desean mano de obra barata ųque suele ser ofrecida por los inmigrantesų y los políticos en Washington que han hecho del asunto de control de la inmigración indocumentada una prioridad de alto perfil. "Hemos estigmatizado y desdeñado a los inmigrantes, pero el hecho es que sectores enteros dependen, no sólo se apoyan, sino dependen de los inmigrantes", afirma el experto.
"Una de las contradicciones más severas en la política migratoria es el papel económico y la importancia de la inmigración a la economía estadunidense", dijo.
Estas tensiones son claramente visibles en las empacadoras de carne. Antes uno de los sectores más sindicalizados del país, esta industria empezó a trasladar sus operaciones fuera de los centros urbanos, como Chicago, a zonas rurales y, entre los años setenta y ochenta, sustituyó su fuerza de trabajo mayoritariamente blanca con inmigrantes de México y Centroamérica.
La empresa empacadora de carnes más grande el país, IBP Inc., tiene ahora empleados en México que publican anuncios de reclutamiento de trabajadores, que son contratados en ese país y puestos en autobuses especiales que los transportan directo a plantas en Nebraska y Kansas.
Un problema para estas empresas es que el trabajo de procesamiento y empaque de carnes es repetitivo, desgastante y riesgoso; según datos oficiales, es el trabajo industrial más peligroso de todos. Cuando IBT abrió una nueva planta en Lexington, Nebraska, en 1989, mexicanos y otros latinoamericanos buscaron de inmediato empleo ahí, y hoy día representan 80 por ciento de esa fuerza laboral.
Sin embargo, muchos de quienes fueron contratados primero ahí se fueron en busca de empleos menos peligrosos. Por esta tendencia, y con una tasa de desempleo en Nebraska de sólo 2.6 por ciento, las empresas como IBT consideran que deben continuar reclutando a trabajadores de México.
Sara Lilygren comentó que los patrones no contratan a indocumentados conscientemente, pero dice que a pesar de verificar documentos lo más posible, no se puede evitar, ni detectar, documentos falsos de alta sofisticación.