Para Joseph Schumpeter, los intermediarios financieros son los garantes del desarrollo económico capitalista. Según él, su función no sólo consiste en reasignar con eficiencia los recursos de capital de la sociedad, sino también en promover la inversión y la innovación. Son participantes mayores en la toma de ``riesgos constructivos'', actividad estratégica que es por completo ajena a la especulación y para la cual deben desarrollar una capacidad institucional de valuación que no está al alcance de los ahorradores e inversionistas individuales.

Es evidente que el modo actual de funcionamiento de la economía mexicana está muy alejado del ideal schumpeteriano. En 1999 se completará un ciclo de cinco años en que las funciones básicas de intermediación del sistema financiera están seriamente atrofiadas. ``El sistema, reconoce el director de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, está cumpliendo su labor en forma parcial''. Las instituciones bancarias simplemente dejaron de asumir riesgos y hoy el financiamiento del sector privado pasa por lo que el mismo gobernador del Banco México califica como ``la peor crisis de su historia''. Los recursos crediticios que fluyen a las empresas son para los grandes grupos corporativos (que optan estratégicamente entre tomar préstamos en pesos u obtenerlos en el mercado internacional), o bien para el refinanciamiento de operaciones pactadas antes de la crisis de 1995. Sólo en los últimos tres trimestres (junio de 1998 a marzo de 1999), el monto del crédito otorgado por la banca comercial al sector privado de la economía observó un decrecimiento nominal (es decir, sin considerar el efecto de la inflación) de poco más de uno por ciento en promedio mensual. La proporción del producto interno bruto (PIB) que representa el saldo del financiamiento bancario ya cayó a cerca de 20 por ciento, que es uno de los niveles más bajos de las últimas décadas en México. En las naciones desarrolladas, esta proporción es cuando menos cuatro veces mayor.

Al tiempo que se desarrolla esta perniciosa anomalía financiera económica, el sector bancario experimenta una oleada de cambios y fusiones. De los 18 bancos comerciales reprivatizados que había en 1995, ya sólo quedan seis. De ellos, Banamex, el mayor de todos, es el único que no se asoció hasta ahora con inversionistas extranjeros. El vasto movimiento de fusiones y adquisiciones bancarias de estos años no fue producto de una decisión estratégica de los grupos financieros en busca, por ejemplo, de optimizar sus operaciones o incrementar su eficiencia. Fueron decisiones impuestas por la doble crisis de insolvencia que padecen: la insolvencia financiera propiamente dicha y la moral, derivada de la pésima y, en algunos casos, hasta dolosa gestión de sus propietarios y administradores. Para los inversionistas extranjeros, las condiciones de debilidad extrema en que se encontraban sus contrapartes mexicanas fueron ideales para entrar con facilidad y a bajo precio a nuestro mercado financiero (un mercado con gran potencial de negocios y expansión que estaba cerrado para ellos y cuya apertura aceleró la propia crisis bancaria).

Mientras que la intermediación financiera continúa deteriorándose en calidad y cantidad y el sector bancario se reorganiza por medio de fusiones y adquisiciones dictadas por la urgencia, las reformas legales que se requieren para sentar sobre nuevas bases el funcionamiento del sistema, siguen pendientes. El congelamiento de las iniciativas sobre la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, la reorganización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la misma constitución de la Junta Directiva del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) son factores de incertidumbre institucional que añaden complejidad a un problema que ya de por sí estaba muy enmarañado. La aprobación y puesta en marcha de las reformas legales que están congeladas en el Congreso (con o sin las modificaciones que los legisladores decidieran) no garantizan por sí mismas la resolución de la crisis de intermediación que padecemos, pero son una condición necesaria e indispensable para empezar a sacar al sistema financiero de su rumbo a la deriva. Los partidos representados en el Congreso y el propio poder ejecutivo tienen la responsabilidad de encontrar una salida a este bloqueo político que, de prolongarse, profundizará la perniciosa anomalía económica y social que significa, para cualquier país, no contar con un verdadero sistema financiero.