Recién conocimos el lanzamiento del Programa de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva, con recursos del gobierno federal por casi mil millones de pesos orientados principalmente a reducir la inci- dencia de incendios. En México, la gran mayoría de los mismos son quemas de residuos agrícolas y pastizales y una quinta parte, de bosques y selvas.

En el discurso del Presidente encontramos varias apreciaciones que merecen comentarios:

Primera. Después de un año desastroso en 1998, el gobierno se fija por fin en este problema, que no es menor: Aunque los datos oficiales han sido objeto de controversia y la realidad podría ser significativamente peor, la Semarnap estima que fueron afectadas por el fuego 583 mil hectáreas, de las cuales 157 mil son áreas forestales. Eso significó la destrucción de unos 3 millones de metros cúbicos de madera, que representan la mitad de la producción nacional registrada, anual, entre otras pérdidas de biodiversidad, erosión de suelos, fauna, etc. La pérdida de la vida de 70 personas en acciones de combate contra el fuego fue un costo impagable.

Segunda. Pareciera que la culpa de los incendios es la ignorancia de los campesinos y el uso del fuego en la agricultura tradicional. No existe una evaluación confiable para afirmar eso cuando, si algo saben hacer los campesinos, es manejar el fuego. Muy bueno que el gobierno se proponga el mejoramiento de la agricultura y la elevación de la productividad, y sería bueno también reconocer que muchos incendios forestales, posiblemente la mayoría, son provocados para justificar el cambio de uso del suelo para hacer huertas, pastizales, obras de infraestructura o urbanizar y que podrían ser más frecuentes los incendios forestales iniciados en quemas de pastizales que en milpas, y una parte importante se asocia con el narcotráfico.

Tercera. Juntar el desarrollo rural con el desarrollo sustentable es una novedad. Ojalá que ese paso fuera más allá de la suma de los programas normales y la aplicación de los instrumentos y programas que de por sí tienen las dependencias de Romárico Arroyo y Julia Carabias; ojalá verlos sentados a los lados del Presidente cuando anuncie que se pongan de acuerdo en serio y revisen cómo están diseñadas y aplicadas dos políticas que muy difícilmente se pueden sumar en su estado actual.

En 1998 el gasto conjunto para el control de incendios de la Semarnap, la Secretaría de la Defensa, los gobiernos estatales y municipales y algunos recursos privados alcanzó un total del orden de los 900 millones de pesos. Más de la mitad de ese presupuesto fue asignado como recursos de contingencia, de última hora, principalmente en combate caro y poco efectivo.

Durante los últimos años estos esquemas se han estado cuestionando, al menos en tres aspectos:

No todos los incendios forestales son destructivos. En muchas ocasiones el fuego puede, incluso, estimular la regeneración natural de los bosques, cuando no se ha acumulado mucho combustible y el fuego sucede en un ambiente fresco y húmedo. Sería mejor controlar las condiciones para un posible incendio o incluso quemar de manera planeada. Los más grandes incendios forestales han ocurrido en lugares donde no se habían aprovechado los montes y se había sobreprotegido al bosque, como en el caso de Yellowstone, Oakland o Florida, en 1998.

Es mucho mejor prevenir que lamentar. Una política preventiva debería incluir principalmente condiciones de mercado y programas específicos para extraer de los bosques el material combustible como materia prima industrial y, en segundo lugar, prácticas de control del fuego, como las guardarrayas o brechas cortafuego. Actualmente 85 por ciento del presupuesto de la Semarnap para incendios, se emplea en el combate y solamente 15 por ciento a una prevención basada en difusión y mínimamente en prácticas de control.

Lo más importante: en las tierras forestales viven más de 12 millones de campesinos, que son el principal activo para bien manejar los bosques y las selvas. Cuatro de cada cinco hectáreas son de comunidades y ejidos, pero menos uno de cada 5 metros cúbicos de madera son producidos por esas comunidades. La mejor medida preventiva para el control de los incendios es algo tan simple que suena imposible: poner los montes en manos de sus dueños, proporcionar condiciones de rentabilidad, para que ellos sean quienes principalmente los cuiden.

1999 está resultando un año mucho más benigno que el anterior. Eso puede ser motivo para seguir en la inercia, o puede ser ocasión para establecer acuerdos de largo plazo, revisar y mejorar el tratamiento del problema y, sobre todo, poner en primer lugar la indispensable participación de los campesinos dueños de los montes.