La motivación central de la nacionalización de la industria eléctrica decretada en 1960 por el Presidente de la República Adolfo López Mateos, fue garantizar que el servicio de electricidad llegase a todos los mexicanos, con el fin de promover la justicia social y el desarrollo económico y social en todo el país. Según Ernesto Zedillo, ese objetivo ya se alcanzó. Por ello, en las nuevas circunstancias no se justifica mantener bajo el control exclusivo del Estado de industria eléctrica del país y excluir la participación de empresarios privados. Para apoyar esta afirmación, Ernesto Zedillo presenta dos argumentos: 1) Todas las localidades del país ya cuentan con sistemas de distribución de electricidad. 2) En la actualidad, 95 de cada cien mexicanos ya disfrutan del servicio eléctrico.

La propia información oficial disponible demuestra que es falso el primer argumento del presidente Zedillo, pues 44 de cada cien localidades del país no cuentan con electricidad, mismas que en su mayoría tienen menos de 500 habitantes y están ubicadas en zonas de difícil acceso. Tan sólo en Chiapas, Veracruz y Chihuahua existen cerca de 29 mil localidades en esta situación. Poco se ha avanzado en este terreno porque durante los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo los programas de electrificación rural han sido prácticamente abandonados. Si estas poblaciones no han sido electrificadas cuando la industria eléctrica ha estado en manos del Estado, es menos probable que ello suceda si esa industria pasa a empresarios privados, a quienes les resultaría poco atractivo realizar inversiones para abastecer esa demanda porque las ganancias que obtendrían serían muy bajas.

En cuanto al segundo argumento del presidente Zedillo, es necesario señalar que hasta ahora los esfuerzos de electrificación del gobierno federal se han orientado a las áreas urbanas, donde se concentra el 95 por ciento de la población del país. Por ello es fácil afirmar que ''ya se atiende casi a la totalidad de los mexicanos''. Pero no se reconoce que el problema subsiste, y grave, en las áreas rurales.

Como se ve, lejos estamos de alcanzar la equidad y la justicia social en materia de abasto de electricidad. Así lo confirman argumentos adicionales como los siguientes.

1) Las tres entidades federativas económicamente más poderosas (México, Distrito Federal y Nuevo León) concentran el 28 por ciento del consumo total de energía eléctrica, mientras que en el otro extremo los 15 estados con mayores niveles de pobreza absorben sólo el 15 por ciento del total.

2) En varias entidades federativas el consumo de electricidad por habitante es muy bajo. En Chiapas sólo alcanza la cuarta parte del promedio nacional; en Oaxaca, la tercera parte; en Guerrero y Nayarit no alcanza siquiera la mitad de la media nacional.

3) Chiapas genera el 45 por ciento de la hidroelectricidad total, pero su consumo de electricidad equivale al uno por ciento del total nacional.

4) De los 22.5 millones de usuarios de energía eléctrica existentes, las medianas y grandes empresas representan menos del uno por ciento, pero absorben el 60 por ciento del consumo total de electricidad. En el otro extremo, los hogares representan el 88 por ciento de los usuarios y sólo absorben el 23 por ciento del consumo.

5) También en el cobro de tarifas hay enormes desequilibrios. La tarifa promedio que pagan las micro y pequeñas empresas (91 centavos por kilovatio-hora) es casi el triple de la que pagan las medianas y grandes empresas (37 centavos por kilovatio-hora). Aunque algunas de estas empresas realizan inversiones pequeñas para construir subestaciones de transformación, que permiten bajar la alta y media tensión con la que reciben la energía eléctrica, es injustificable ese diferencial en las tarifas.

El recuento podría continuar. Lo señalado hasta ahora es suficiente para demostrar que carece de sustento la visión optimista del presidente Zedillo sobre los logros alcanzados. Existen graves rezagos en materia de abasto de electricidad para vastas zonas del país e importantes núcleos de población, por lo que no puede afirmarse que la nacionalización de esta industria ya cumplió sus objetivos. Esto confirma la necesidad de que la industria eléctrica continúe en manos del Estado, ya que de acuerdo con el artículo 26 constitucional, una responsabilidad irrenunciable del Estado mexicano es promover el desarrollo económico y social, y éste no se logra plenamente si no se atienden integralmente las áreas y núcleos de población con mayores niveles de atraso.