Cuando el Banco Mundial envió una comisión para evaluar el estado del sector agrícola mexicano en 1993, se aproximaba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) como una ominosa tormenta en el horizonte. Los productores mexicanos de temporal sentirían los efectos más adversos de la apertura internacional.

Los asegunes campesinistas del TLC

Los acuerdos del TLC protegían a los productos de temporal, permitiendo desgravaciones arancelarias lentas y cupos bajos de importación. Así, los productores tendrían el tiempo necesario para hacerse competitivos a nivel internacional. El maíz, 30 por ciento de la producción nacional temporalera, estaba protegido por cuotas de importación y aranceles para la cantidad importada arriba del cupo. Frijol y cebada recibieron un trato semejante. Sin embargo, el 1 de octubre de 1994, el gobierno federal ajustó los precios nacionales a los precios internacionales para todos los productos agrícolas.

En tales circunstancias, el 14 de junio de 1994 la institución de desarrollo más grande del mundo le prestó al gobierno mexicano 85 millones de dólares para el Proyecto de Desarrollo de Areas de Temporal (PDAT). Buscaba aumentar la productividad temporalera a través de pequeñas obras de riego, la transferencia de tecnología y la conservación de suelos --una intervención de emergencia para las víctimas del TLC. Se escogieron diez estados que mostraban una alta dependencia en maíz de temporal: Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Según el Banco, el proyecto beneficiaría "a quienes tienen 10 hectáreas o menos para sembrar". El Informe de Evaluación, documento oficial que describe el proyecto decía: "Los productores con más de 10 hectáreas (tendrán) los recursos suficientes para ajustar a los nuevos precios". No se establecieron límites de propiedad para participar, pero los beneficiarios de obras de riego tenían que tener 20 hectáreas o menos. En un principio todo productor que quisiera recibir beneficios tendría que estar organizado en un grupo y pagar un mínimo del 15 por ciento del costo de la inversión. Los productores también eran responsables de la contratación de técnicos.

Se planearon desembolsos para una rápida intervención quirúrgica, promoviendo la integración de los pequeños productores en el proceso de crecimiento económico nacional. Sin embargo, la devaluación del peso y las condiciones climatológicas adversas en otros países elevaron el precio de maíz. El Banco determinó que el precio caería en el futuro próximo y que habría que arrancar el proyecto de inmediato. Luego, el cambio de administración y movimientos en la agencia ejecutora, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), causaron más retrasos.

Ya para fines de 1995, el Banco había financiado proyectos tradicionales de FIRCO y FIRCO-Conasupo, un programa en el cual los campesinos trabajaban a cambio de maíz y frijol, dado que todavía no estaban operando componentes dentro del alcance del proyecto del Banco.

Dos pasos atrás...

En 1996, el gobierno renegoció completamente el proyecto. Bajo los nuevos términos, Sagar entró como agencia ejecutora. Se aceptaron tres componentes de la Alianza para el Campo para reembolso que siguen vigentes hasta ahora: Ferti-irrigación, Establecimiento de Praderas y Fomento Lechero. Ferti-irrigación busca terminar obras de riego, tecnificarlas y asegurar que las obras existentes sirvan. Además, pone fertilizantes directamente en el agua. La aportación obligatoria de los productores es de 55 por ciento del costo. El de Praderas proporciona pasto mejorado e infraestructura ganadera. Fomento Lechero busca aumentar la producción nacional de leche, proporciona infraestructura y la construcción de plantas pasteurizadoras. En estos últimos, el productor tiene que contribuir la mitad del costo. El proyecto se extendió a otros 12 estados y los productores ya no tenían que acudir en grupos organizados. En 1997, el Banco permitió que la Sagar introdujera el Programa de Empleo Temporal (PET) que contrata productores para la conservación de suelos en municipios de alta y muy alta marginalidad escogidos por la Sagar.

Dada la federalización de la Alianza, cada gobierno estatal define sus prioridades para la agricultura. Por lo tanto, las cantidades de dinero proporcionado a cada componente varía mucho entre estados, y fue este factor tan alabado por el Banco que causó la pérdida del enfoque original. Ciertos programas empezaron a tener privilegios porque eran favorecidos por la Sagar o los gobiernos estatales, y el programa de rescate para temporaleros empezó a desvanecerse. En 1996, se enfocaba en los tres componentes de la Alianza: Ferti-irrigación recibió casi 35 por ciento de los fondos, Fomento Lechero 21 por ciento y Praderas obtuvo cerca de 24 por ciento, según datos de FIRCO.

En 1997, el proyecto sufrió un giro total y el empleo temporal consumió casi 79 por ciento de los fondos del proyecto, dejando los componentes de la alianza con un insignificante 19 por ciento. Curiosamente, la descentralización también permitió a los gobiernos estatales autoritarios o antidemocráticos entregar recursos a aliados políticos y, por lo tanto, la distribución de fondos entre estados ni siquiera se distribuyó de manera equitativa: en 1996 Chiapas recibió 21 por ciento de los fondos de FIRCO-Conasupo, un programa todavía disponible para diez estados. En el PET, en 1997, Chiapas llevó 21 por ciento, Veracruz 17 por ciento, y Oaxaca casi 13 por ciento de los fondos, más de la mitad del total disponible para 22 estados.

Los resultados...

Los programas productivos no recibieron los fondos necesarios para verdaderamente buscar aumentos de producción y productividad, ni llegaron a los pequeños productores. En Praderas, en 1996, los productores beneficiados tenían un promedio de 90 hectáreas!. El promedio de hectáreas afectadas por Ferti-irrigación en 1997 en San Luis Potosí era 23, mucho más que el beneficiario descrito por el Banco Mundial. En Guanajuato, en 1996, Ferti-irrigación benefició a un promedio de 8 hectáreas por productor, muy cerca del promedio buscado. Sin embargo, estas dos últimas cifras son del área afectada por la intervención, y no representa la extensión real de propiedad del productor. FIRCO solo proporcionó los datos de la extensión de propiedad en un estado, lo que demuestra que el enfoque nunca ha sido beneficiar a los pequeños productores de temporal.

Los productores se quejan de que no pueden acceder a los apoyos de la Alianza porque son muy caros. Los tres programas de la Alianza no tienen nada que ver con el fomento de la agricultura campesina en zonas temporaleras. Estos son los programas elitistas que se enfocan en ayudar a los productores más ricos.

ƑQué sucedió que los fondos fueron a parar en otro lado aun cuando el gobierno ha permitido la importación de granos básicos arriba del cupo requerido sin cobrar aranceles a lo largo de la vigencia del TLC?

La verdad es que programas ad-hoc como FIRCO-Conasupo y el PET a menudo se usan para fines políticos. El empleo temporal es otro programa asistencial manejado con discreción absoluta. Un legislador especialista en el tema señaló que el programa "es un recurso para los presidentes municipales pero no se orienta hacia la economía productiva."