CONASUPO, FINAL ANUNCIADO

El día de hoy, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) cesará sus actividades en la mayor parte del país, y, con ello, se pone fin a las labores de una institución que ųpese a las graves irregularidades y corruptelas en las que se vio envuelta a lo largo de su historiaų desempeñó un importante papel en el desarrollo económico y social del campo nacional.

Con todo, el término de las operaciones de Conasupo no es un hecho sorpresivo, pues desde hace ya varios años el gobierno federal había insistido en la necesidad de modificar los canales y los instrumentos mediante los cuales el Estado ejercía sus funciones de rectoría, promoción, apoyo y protección en el ámbito agrícola y alimentario. Sin embargo, ante la evidente y grave crisis por la que atraviesa el agro nacional y frente la inexistencia de programas, instituciones y, a fin de cuentas, políticas integrales y consistentes en el ámbito del desarrollo rural, el cierre de esa compañía podría convertirse en un obstáculo más entre los muchos que agobian a los campesinos y agricultores del país. Sin el canal de comercialización que representaba Conasupo, los problemas económicos y sociales que enfrenta el campo mexicano, así como las trabas y las irregularidades en el abasto de alimentos a las ciudades, podrían incrementarse.

En tal sentido, la iniciativa del gobierno del Distrito Federal para crear un fideicomiso que realice tareas similares a las de Conasupo, sobre todo en el ámbito del maíz y la harina para producción de tortilla, resulta pertinente y oportuna. Aunque el nuevo organismo capitalino no sustituirá a esa paraestatal, sí permitirá atemperar los eventuales impactos en el abasto de productos de consumo básico que pudiesen acontecer en la metrópoli, y operará, según las autoridades del DF, libre de la corrupción que torció y desnaturalizó, en numerosas ocasiones, las actividades de la hoy casi extinta compañía.

Pero, al margen del cierre de Conasupo, es evidente que el país requiere urgentemente de una nueva política rural y alimentaria. Por ello, cabe esperar que los legisladores y las autoridades federales, estatales y municipales, con la participación libre y abierta de los productores agrícolas mexicanos, establezcan en el ámbito de su competencia una nueva estrategia fundada en la equidad y la transparencia en el ejercicio de los recursos, en la protección de los sectores afectados por la apertura comercial indiscriminada y en la constitución de mecanismos que garanticen el abasto popular a precios accesibles para las mayorías.

Paralelamente, el gobierno federal y las instancias judiciales deberán mantener informada, en todo momento, a la sociedad del curso de las investigaciones sobre los numerosos ilícitos presuntamente perpetrados por funcionarios de Conasupo ųentre ellos Raúl Salinas de Gortarių, y llevar a término, con estricto apego a derecho y sin importar quiénes resulten responsables, las indagaciones y los procesos penales que de ellas resulten. Para la sociedad sería inaceptable y ofensivo que el cierre de la paraestatal fuese utilizado para encubrir ilícitos o con el objetivo de dar un carpetazo a las investigaciones.