n Calificó de inhumano el fallo de los lores británicos
Agrega Garzón 32 nuevos casos de tortura imputados a Pinochet
De la corresponsalía y agencias, Madrid, 26 de marzo n El juez español, Baltasar Garzón, incorporó hoy 32 nuevos casos de torturas imputados a Augusto Pinochet, con lo que suman ya 40 con los ocho que había presentado en la demanda de extradición formulada ante Gran Bretaña en noviembre de 1998.
Garzón respondió así de inmediato --en un auto dictado este día de 17 páginas con las nuevas denuncias-- a una solicitud de urgencia que le hizo el jueves la Fiscalía británica para que le brindara datos concretos de todos los casos de tortura ocurridos en Chile entre el 29 de septiembre de 1988 y el 12 de marzo de 1990.
Además, el juez español aprovechó para criticar el fallo de la Cámara de Lores emitido la víspera al calificarlo de "inhumano", pues asentó que los familiares de las personas desaparecidas durante la dictadura chilena tienen el derecho de saber el paradero de los suyos sin importar la fecha en que desaparecieron.
"Negar ese derecho por el hecho de que la privación de libertad se haya producido antes de septiembre de 1988, puede ser en sí mismo un trato inhumano", anotó Garzón, al suministrar la información adicional a las autoridades británicas que evaluarán si se debe proceder con las audiencias de extradición del ex dictador.
Se trata de "poder demostrar que dichas personas realmente fueron sometidas a torturas como consecuencia de una política de represión sistemática, generalizada y continuada", señaló la Fiscalía británica en su solicitud al juez, pues los magistrados británicos y el ministro del Interior, Jack Straw, examinarán los nuevos casos de tortura incluidos en el dossier de acusación.
En ese sentido, Garzón respondió en su escrito que "a partir del 29 de septiembre de 1988, el sistema de actuación del CNI, cuerpos policiales, Central de Investigación y otros, en el ámbito de la práctica de la tortura, fue exactamente el mismo que con anterioridad, respondiendo a la misma política de Estado patrocinada, auspiciada, dirigida y consentida por Augusto Pinochet".
Subrayó que tampoco debe olvidarse la existencia de mil 198 casos de desaparición forzada de personas, que "pueden asimilarse a una forma de tortura" y que "deberían incluirse" en el procedimiento contra el acusado.
Hizo notar que mientras no se conozca el paradero de los desaparecidos, "el delito --de ejecución permanente-- se sigue cometiendo, por tanto permanece vigente el derecho de los familiares a conocer el destino de la víctima".
Reiteró que el supuesto de desaparición forzada está comprendido "claramente" en la definición de tortura del artículo 1o. del Convenio contra la Tortura de 1984, y recordó que dichos delitos están tipificados en el código penal español y que las torturas con resultado de muerte están castigados con una pena de hasta 25 años de prisión, y estos tormentos seguidos de desapariciones con un máximo de 16 años.
El juez Garzón hizo un recuento de las formas de tortura que se practicaron, con nombres de las víctimas y fechas, y reafirmó que el general Pinochet encabezó en Chile "una organización delictiva apoyada en las propias estructuras institucionales cuya única finalidad fue la de conspirar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de detenciones ilegales, secuestros, torturas y tormentos seguidos de muerte de las personas, utilizando estos métodos como instrumentos de política de Estado, no sólo para obtener el poder el 11 de septiembre de 1973, sino para mantenerse en el mismo hasta el 12 de marzo de 1990".
Malestar por declaraciones de Margaret Thatcher
En Londres, la ex primera ministra Margaret Thatcher visitó la lujosa residencia en que se encuentra Pinochet en calidad de detenido. "Lady Thatcher, es un honor para mí estar aquí en esta humilde casa", le dijo un sonriente Pinochet al recibirla junto con su esposa Lucía, y la visitante se manifestó "contenta" de que el ex general se sienta "cómodo" en Inglaterra.
Thatcher fue a agradecerle una vez más a su amigo la ayuda que durante su régimen le brindó a Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas contra Argentina en 1982, y en medio de elogios le dijo que él había llevado "la democracia" a Chile. "Usted creó una Constitución democrática, la puso en práctica y después de las elecciones renunció", acotó.
En Santiago, el canciller José Miguel Insulza lamentó las declaraciones de Thatcher, y el ex presidente Patricio Aylwin indicó que "la imagen del general no se lava con una visita", y afirmó que allí estaban los hechos, pero que otra cosa es que la ex primera ministra tenga un reconocimiento por determinados aspectos de la política de Pinochet.
Insulza dijo que era lamentable este tipo de declaraciones, cuando después de tantos años se dijo que Chile fue neutral en el conflicto de las Malvinas. Insistió en que si hubiese existido entonces un gobierno democrático, no hubiera tenido la misma conducta.
En tanto que el canciller calificaba la visita como un asunto "mediático, de imagen", al reconocer que "objetivamente" se trata de un apoyo "importante" de la señora Thatcher, en Buenos Aires el presidente argentino, Carlos Menem, ratificó ante el candidato presidencial derechista chileno Joaquín Lavín su defensa de la soberanía de Chile en el caso Pinochet.
El canciller Insulza también recibió el espaldarazo de Colombia al rechazar ese país la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes nacionales, y dijo haber recibido una llamada de su homóloga estadunidense Madelaine Albright para informarse del affaire Pinochet y otros asuntos.
Mientras Insulza comentaba que quizá a Pinochet le convendría ser juzgado en España, ya que enfrentaría menos cargos que en Chile, otras fuentes dijeron que el gobierno podría recurrir a diversas acciones políticas y "humanitarias" para conseguir su retorno, y daban por hecho que sólo había un caso de tortura y muerte imputable, según el fallo de los lores británicos.
Por su parte, el Consejo de Seguridad Nacional --que integran las fuerzas armadas y las máximas autoridades civiles-- dio su más amplio apoyo al presidente Eduardo Frei en sus gestiones en favor del senador vitalicio, tras considerar que el fallo británico era un "cambio decisivo" en relación con la situación anterior.