Sánchez Rico y otros dos líderes de ambulantes, consignados por lesiones e intento de extorsión
n Presos en el Reclusorio Oriente, podrían purgar penas hasta de ocho años de cárcel
José Galán y Gabriela Romero n La lideresa priísta Silvia Sánchez Rico, su hijo Julio César Ramírez Sánchez y su sobrino Andrés Martínez Sánchez fueron consignados ayer al juzgado 58 penal, con sede en el Reclusorio Oriente, como presuntos responsables de los delitos de lesiones calificadas y tentativa de extorsión, considerados como graves y, por lo tanto, sin derecho a fianza. Estos delitos alcanzan, según el criterio de los juzgadores, penas de entre dos y ocho años de prisión.
Los líderes priístas Manuel Aguilera Gómez y Jorge Schiaffino Izunza politizaron la detención y posterior consignación de los tres presuntos responsables de la trifulca ocurrida el miércoles pasado --que diera como resultado tres integrantes del bando de Jovita Cruz heridos de bala--, y apostaron ante las puertas de la agencia 50 del Ministerio Público a más de mil comerciantes ambulantes que debieron ser contenidos por cerca de 250 granaderos. Mientras, fuera de la oficina del procurador Samuel del Villar aproximadamente 80 miembros de la organización Antorcha Campesina exigían en voz de su líder, Omar Carreón Abud, una entrevista con funcionarios para lograr la liberación de la lideresa y sus familiares.
La subprocuradora A de Procedimientos Penales, Margarita Guerra Tejada, dijo en conferencia de prensa que en la detención y consignación de los presuntos responsables ''no actuamos ni actuaremos por motivos políticos, sino con base en hechos consumados, probables causantes de delito''. Subrayó que más de diez testigos, así como grabaciones en video, ''ubicaron en tiempo y lugar a los detenidos, a quienes además se les responsabilizó de daños y agresiones''.
Al continuar la Procuraduría capitalina con las indagaciones como parte de la averiguación previa 4/1648/99-03, el Ministerio Público adscrito a la agencia 50 giró órdenes de investigación sobre los tres indiciados, ''los cuales fueron señalados como las personas que exigían diversas cuotas a los comerciantes ambulantes o toreros para permitirles ejercer su comercio en el centro de la ciudad'', dijo la dependencia en un comunicado.
Por su parte, Sergio Valdez Torteya, director general de Procesos Penales y Asuntos Relevantes, afirmó que en la Procuraduría capitalina ''no obedecemos presiones de ningún tipo, porque, debe quedar claro, nosotros sólo consignamos pero no resolvemos, porque no somos jueces. No aceptamos ni amenazas ni presiones. El Ministerio Público no actúa sobre especulaciones o hechos a futuro; lo hace sobre hechos ocurridos''.
Detenidos en la agencia 50 del Ministerio Público desde la tarde del jueves, los tres indiciados fueron consignados a las 4 de la tarde de ayer, dentro del plazo que marca la ley, al juzgado 58 del Reclusorio Oriente, para responder a las acusaciones de diez lesionados, quienes los responsabilizan de la agresión, de tratar de imponerles cuotas y de posesión de siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros, semejante al de los proyectiles que hirieron a tres personas el pasado miércoles.
A esa agencia del Ministerio Público acudió ayer por la mañana Jorge Schiaffino Izunza, líder del sector popular del PRI en el Distrito Federal, al que está afiliada la Unión de Comerciantes de la Antigua Merced, la agrupación que dirige Sánchez Rico y que presume de tener más de 18 mil vendedores ambulantes en el Centro Histórico, 70 por ciento de los vendedores en vía pública del área, y afirmó que el PRI ''no abandonará a nuestra líder. Vamos a darle todo el apoyo jurídico y legal que requiera''. Esta afirmación fue ratificada por el asesor legal del PRI, Rafael Elizondo.
Posteriormente, en una conversación telefónica, Manuel Aguilera Gómez, presidente del PRI en el Distrito Federal y líder de la bancada priísta en la Asamblea Legislativa, intentó deslindar a su partido del enfrentamiento entre organizaciones de ambulantes hace dos días, y advirtió: ''No somos tapadera de nadie. Si después de la investigación de las autoridades resulta que Silvia Sánchez Rico está involucrada, entonces deberá actuarse conforme a la ley'', dijo.
Sin embargo, agregó que mientras eso sucede, el PRI y la CNOP proporcionarán ''toda'' la asesoría jurídica que requiera la lideresa de los vendedores ambulantes ''si es que ésta la solicita'', y aclaró que las situaciones ''donde hay heridos y balazos de por medio no pueden quedar impunes''.
Hizo hincapié en que los priístas exigirán que se haga una investigación ''imparcial, a fin de presentar ante el Ministerio Público a los responsables'', y llamó a los vendedores ambulantes y a sus líderes a respetar la ley ''porque nadie puede estar por encima de ésta'', y a ''no generar un clima de más violencia".
Mientras tanto, vendedores ambulantes afiliados al PRI y miembros de la organización Antorcha Campesina amenazaron con volver a bloquear las oficinas de la Procuraduría capitalina en el Centro Histórico y realizar una protesta en el Reclusorio Oriente, a fin de conseguir la libertad de la lideresa, acusada de lesiones calificadas y tentativa de extorsión.