OTRO RESCATE A CUENTA DE LA NACION

La renegociación lograda por los propietarios de los ingenios azucareros privatizados, de su deuda con el Estado ųcerca de diez mil millones de pesosų, es un nuevo ejemplo de las inconsistencias de la doctrina económica vigente, hostil a la idea de mantener cualquier clase de subsidios gubernamentales, salvo si éstos tienen por objetivo beneficiar a los grandes capitales.

En esta lógica depredadora, concentradora de la riqueza y multiplicadora de la pobreza, no deben destinarse recursos públicos para apoyar el consumo popular de tortilla, pero sí para salvar de su propia ineficiencia a los bancos privados; no hay dinero para invertir en la generación de energía eléctrica, pero sí para rescatar de la quiebra a las empresas concesionarias de las carreteras privatizadas; no es aceptable que el Estado opere ingenios que sufren pérdidas, pero sí que cubra, con dineros públicos, las pérdidas de esos mismos ingenios una vez que pasan a ser propiedad privada.

En otro sentido, el gobierno es implacable cuando se trata de obligar a pagar a los deudores de la banca o del fisco; pero, cuando los deudores son los propios banqueros, u otros beneficiarios de los procesos de privatización iniciados hace ya 17 años, no se duda en sacrificar el erario para emprender operaciones de rescate y renegociaciones con términos blandos, como los que los industriales azucareros están a punto de conseguir por parte de la Secretaría de Hacienda.

El mayor consorcio del sector, el grupo Escorpión, dueño de ocho ingenios, ha renegociado ya sus adeudos (7 mil millones de pesos), mientras que el grupo Santos (2 mil millones) lo hará próximamente.

Finalmente, no puede omitirse el dato de que varios de los 20 principales propietarios de la industria azucarera figuran en las listas del Fobaproa, y que ello los hace dobles beneficiarios del sesgado manejo económico gubernamental. Tal es el caso de Enrique Molina Sobrino, del grupo Escorpión, y de Juan Gallardo Thurlow, del Grupo Azucarero Mexicano, quien presidió el grupo empresarial que asesoró al gobierno salinista en la negociación del Tratado de Libre Comercio, cuyos términos se esgrimen ahora como causa de la nula rentabilidad de los ingenios, la que, a su vez, es usada como argumento para pedir la renegociación de las deudas con el Estado.