Adolfo Sánchez Rebolledo
Pinochet no vuelve a casa
El más alto tribunal británico rechazó ayer la inmunidad al general Augusto Pinochet, abriendo así, de nuevo, el proceso de extradición a España solicitado por el juez Garzón. El general tendrá que permanecer bajo arresto hasta que se resuelva el juicio entablado en su contra. Gracias a la televisión observamos, en el mismo instante en que se daban, las reacciones en Madrid, Londres y Santiago, pero esta vez, paradójicamente, celebraron, como si fuera una fiesta, los partidarios de Pinochet igual que sus adversarios. Ambos encontraron en el fallo de los lores la confirmación de sus propias previsiones.
La resolución del Comité de Apelaciones es un compromiso legal que parece ambiguo y contradictorio pues desestima las conclusiones a las que había llegado el tribunal antes de la apelación. Por un lado niega al dictador inmunidad, lo cual es una derrota significativa para la defensa del general incluyendo al gobierno chileno; por otro acota el fallo a los crímenes cometidos después de 1988, que es cuando Gran Bretaña firma la Convención Internacional contra la Tortura. Quedan así excluidos del fallo la mayoría de los cargos contenidos en la solicitud de extradición presentada por el juez español, salvo por uno de tortura y siete de conspiración cometidos después del 29 de septiembre de 1988, es decir, cuando la dictadura chilena había cumplido la mayor parte de su tarea sucia de represión y genocidio.
Los lores han pasado la papa caliente al ministro del Interior, quien ahora es el blanco principal de la campaña a favor de Pinochet. El gobierno chileno espera que el fallo predisponga a las autoridades británicas a buscar una salida política y humanitaria, toda vez que la reducción de los cargos puede entenderse también como un mensaje en ese sentido. ƑCómo si no puede interpretarse la insólita declaración del presidente del Comité, lord Nicholas Brown-Wilkinson, quien dijo con absoluto desparpajo, según cita El País, que "en vista de la disminución significativa de los cargos contra Pinochet, el ministro británico del Interior, Jack Straw, debería reconsiderar el caso". "El secretario respondió que él "tratará de manejar esto tan velozmente como sea posible".
Está claro que aquí no terminan las cosas. La sociedad chilena tiene ante sí, a querer o no, la herida abierta dejada por la dictadura. No es un tema que pueda diluirse como si fuera una moda impuesta por los británicos o España. Está allí y no desaparecerá mientras la dictadura perviva en las leyes y las instituciones heredadas a la democracia. La gran pregunta es cómo podrá cerrarla en los días que vienen. El caso Pinochet no es, sin embargo, un asunto particular, puramente nacional. El solo hecho de que este juicio haya llegado hasta aquí (cuando nadie o muy pocos imaginaban que era posible) comprueba hasta que punto la sociedad entera ha cambiado en cuestiones especialmente importantes y sensibles.
La defensa de los derechos humanos y, en general la repulsa a la impunidad de los gobernantes, tiene hoy un valor universal, ampliamente reconocido por los estados. Pero esta aceptación es todavía insuficiente y precaria. Si bien existen numerosos instrumentos legales reconocidos y legítimos para juzgar los diversos crímenes contra la humanidad, aún siguen faltando las ins- tituciones necesarias, como la Corte Penal Internacional, que han de cristalizar y llevar a buen puerto esta nueva actitud sin demérito de nadie.
Mientras tanto el ex dictador no podrá volver a casa, a escuchar los gritos de las damas cacerolistas del Barrio Alto de Santiago; tendrá que volver a su oscura detención. Y esa ya es una victoria de las víctimas.
No es poca cosa.