Al hacer aprobar el aumento de cuotas usando la ley y el poder autoritarios de la UNAM, Francisco Barnés de Castro se convirtió en el símbolo de la violencia y de la mentira en la casa de la paz y de la verdad.
1. El poder autoritario. Hay muchas y fuertes razones contra el aumento de cuotas, como muchos profesores lo hemos probado. Ninguno de los pretextos a favor, lo que los empleados del rector llaman "argumentos", ha resistido ningún análisis. Barnés se valió de mentiras, de engaños, de datos falsos y de estudios sin ningún valor para hacer aprobar su proyecto. Nadie, ni siquiera sus columnistas, pudo refutar una sola de las numerosas razones que muchos expusimos contra el aumento. Todo esto lo sabían los 98 consejeros que votaron a favor de las cuotas. Ningún director de escuela, facultad o instituto propició un debate profundo sobre la propuesta rectoral porque sabían, y siguen sabiendo, que ese debate acabaría mostrando lo insensato y lo injusto del aumento propuesto. A pesar de estar enteradas de todo eso, esas 98 personas aprobaron la propuesta del rector, con modificaciones insignificantes, sin ninguna discusión, corriendo, consagrando en unos minutos uno de los hechos más oprobioso en la historia de la UNAM. Careciendo de la fuerza de la razón, el consejo usó la sinrazón de la fuerza, es decir la violencia, agazapada en la misma legislación universitaria y en la estructura de poder a que ha dado origen.
2. Estructura legal autoritaria. La ley orgánica concentra en el rector los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la universidad. La única autoridad ejecutiva en la UNAM es el rector. En el artículo 9 de la ley orgánica se señala que dicho directivo es "el jefe nato" de la casa de estudios, y no pone límite alguno a sus facultades ejecutivas. Todos los miembros de la administración central son nombrados por él, sin necesidad de ningún fundamento ni aprobación o ratificación de otro órgano. Según la letra del artículo 8, pudiera parecer que el Consejo Universitario es el poder legislativo de la UNAM, ya que a él corresponde "expedir todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la universidad". Pero ese consejo está, en realidad, controlado por el rector, mediante tres mecanismos principales: su integración, el procedimiento para designar directores y el control que éstos tienen sobre las elecciones para consejeros universitarios académicos.
Aunque las informaciones publicadas en estos días sobre el número de miembros del Consejo Universitario son confusas, podemos hacer algunos sencillos cálculos para determinarlo. Compilando estipulaciones de la Ley Orgánica, del estatuto general y de diversas informaciones del sitio de la UNAM en Internet, el consejo estaría integrado por el rector, 50 directores de escuelas, facultades e institutos, 52 (o menos) representantes de profesores e investigadores, 26 representantes de los alumnos, un representante de los trabajadores y uno de los académicos que trabajan en extensión universitaria. Esto da un total de 130, 39 por ciento de los cuales, los directores de escuelas, facultades e institutos, deben su puesto al rector, quien, además, puede proponer a la Junta de Gobierno su remoción (artículos 11 de la ley orgánica y 37-38 del estatuto general). Estas 50 personas funcionan, de hecho, como empleados del rector. Su voto en el consejo es un sufragio sumiso, amarrado a favor del rector. La mayor parte de los representantes académicos, que son probablemente 52, es decir 40 por ciento del consejo, fueron elegidos gracias a comicios manipulados por los directores mediante una multitud de trucos y mañas que he visto en mi facultad desde que trabajo allí, que se pueden resumir así: los coordinadores y sus empleados maniobran para seleccionar candidatos obedientes, para que se enteren mejor los votantes sumisos que los libres sobre fechas, lugares y horas de las elecciones, y para que ese proceso parezca legal y legítimo. En el caso de los comicios en que se aprobó el aumento de cuotas, los 98 votos a favor fueron la suma de los de 50 directores y 48 académicos. Esto representa 75 por ciento del total de miembros del consejo. El rector controla, así, al supuesto poder legislativo de la UNAM. Y también controla el rudimentario poder judicial universitario, concentrado en el abogado general, que es, de hecho, un empleado del rector.
3. Estructura política viciada. En el marco de la dominación legalizada que acabo de resumir ha tenido lugar en la UNAM, por lo menos, desde que Guillermo Soberón asumió la rectoría, un conjunto de vicios que he denunciado durante muchos años, que resumo enseguida de manera muy apretada. Los rectores escogen como directores a quienes les habrán de ser más obedientes, no a los mejores académicos ni a quienes las comunidades académicas prefieren, de manera que cada dependencia universitaria está dirigida, de hecho, por el rector. Los directores hacen lo mismo al designar a sus colaboradores, de manera que cada coordinación, centro o departamento está encabezado, de hecho, por el director o la directora. Dicho de otra manera, el rector controla todas las dependencias de la UNAM, en una estructura de poder vertical, autoritaria y cerrada. La superposición de estos dos procesos ha dado lugar a una doble selección perversa de la vida académica en la UNAM; sobreviven los más sumisos y los de menores talentos, aislando y hostigando a los académicos libres y dignos, haciendo de la que debería ser nuestra máxima casa de estudios un refugio de politiqueros serviles. Han sido gravemente golpeadas, en este proceso que debe ser detenido ya, la democracia y la vida académica.
4. El rector de la violencia. Una acción violenta es la que tiene lugar "contra el natural modo de proceder", según el diccionario de nuestra lengua, de modo que lo violento es "lo falso", y lo "torcido", lo que se hace "contra la voluntad" de alguien. Francisco Barnés obró violentamente al hacer aprobar el incremento de cuotas contra la voluntad de estudiantes y de profesores, de manera falsa y torcida. Al convertirse en el símbolo de la violencia y de la mentira en la UNAM, que debe ser espacio de búsqueda pacífica de la verdad, el rector ha renunciado a sus funciones y se ha excluido de la comunidad universitaria.