El futuro de México, como estado de derecho y como nación soberana, se está jugando en estos tiempos en varios frentes y en una lucha en la que intervienen de un lado, quienes pretenden mantenerse en el poder y se aferran a él, aun a costa de la pérdida o menoscabo de la soberanía nacional y del sacrificio del estado de derecho, y por otro quienes quieren hacer de este país una nación plenamente independiente, democrática y justa, con una economía dirigida a beneficiar a todos los mexicanos y no sólo a unos cuantos privilegiados.

Uno de estos frentes se encuentra en el campo de los energéticos: si se malbaratan las empresas productoras de energía eléctrica y éstas caen en poder de inversionistas extranjeros o extranjerizantes, no hay duda de que una parte de nuestra soberanía será cedida y decisiones estratégicas de desarrollo y distribución de la riqueza quedarán en manos, no de nosotros mismos y de nuestros legítimos representantes, sino en manos ajenas interesadas en su propio beneficio y provecho y para favorecer a las trasnacionales con las que se asocien.

El otro frente está en la pugna por controlar y someter a los consejeros del IFE, que han dado muestras de imparcialidad y de firmeza, lo que al sistema y a su partido les parece imperdonable.

El actual IFE costó mucho esfuerzo y un derroche de imaginación de mexicanos distinguidos de todos los partidos y sin partido, y ha sido un paso importante para la democratización de México. Sería un desastre y un retroceso que se permitiera --como lo pretende el PRI-- restringirlo, condicionarlo y reducirlo. Afortunadamente, en este campo, tanto la seriedad y entereza de los mismos integrantes de su Consejo General, como la decisión unánime de los partidos de oposición y de los grupos sociales en defenderlos, parece que al menos de momento detienen el golpe.

No se puede perder de vista que los Consejeros del IFE son inamovibles y fueron producto de una exigencia social generalizada y de un consenso de todos los partidos, que contó además con el visto bueno de la opinión pública que en términos generales mostró confianza en estos funcionarios, surgidos algunos de ellos del mundo académico y todos con la característica de su independencia de criterio, su autonomía y su compromiso con la democratización del país, a la que un sector importante del PRI se opone.

En estos dos frentes de lucha por la democracia y por la soberanía económica de México, se está jugando el futuro de nuestra patria y es por ello que parecen pequeñeces y aun mezquindades, los conflictos al seno de los partidos y las competencias por cargos y controles internos, a costa del descuido de cuestiones de mucho mayor fondo.

Ante el tamaño de los riesgos, se impone la necesidad de una acción generosa, concertada y unánime de todos los que quieren seguir avanzando en la democratización, para así consolidar gobiernos fuertes y apoyados popularmente y simultáneamente, conservar lo que es nuestro, aprovecharlo bien y administrarlo con eficacia, cosa no imposible si hay unidad y patriotismo.