n Airada respuesta de consejeros; piden eliminar la presidencia compartida
Objetan que el CJF dependa de la Corte
Jesús Aranda n La propuesta de reformas constitucionales presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para establecer la dependencia jerárquica del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ante el máximo tribunal, motivó una airada respuesta de cinco consejeros de este órgano colegiado, quienes se opusieron tajantemente a la iniciativa; demandaron que las decisiones del consejo sean "definitivas e inatacables", y se pronunciaron por eliminar la presidencia compartida de la SCJN y el CJF.
En una carta enviada al asesor jurídico de la Presidencia de la República ųcuya copia obtuvo La Jornadaų, los consejeros Alfonso Galván Villagómez, María Concepción Martín Argumosa, Mario Melgar Adalid, Alfonso Oñate Laborde y Luis Gilberto Vargas Chávez se oponen a la intención del pleno de ministros de que su propuesta sea discutida en el Congreso de la Unión en el próximo periodo de sesiones, y demandaron "un proceso de consulta y discusión amplia y democrática".
Los consejeros cuestionan, en una actitud inusitada ųsólo el consejero Rodolfo Lara Ponte no se sumó a la quejaų, la "presidencia compartida" de la Corte y el Consejo en una sola persona, lo que genera "diversos problemas que exceden los beneficios", porque se obliga al presidente de la SCJN a excusarse de decisiones que toma el pleno del CJF, y al revés, "lo que constituye un conflicto para el representante de ambos órganos".
Además, los cinco consejeros proponen que sean ellos mismos quienes postulen a su presidente ųque podrían elegir de entre los propios consejeros, o bien, que fuera un ministro de la Corte con licencia durante el tiempo de su encargo. Esto con la idea de superar los problemas que ocasiona el hecho de presidir "órganos con facultades diversas, pero en ocasiones concurrentes".
Al respecto, ejemplifican: "en ocasiones, el presidente de la Suprema Corte se encuentra impedido para conocer asuntos en los que previamente expresó su voto como consejero presidente".
Además de que, "en opinión de quienes suscribimos la comunicación, el presidente de la Corte no puede representar a dicho órgano ante el Consejo, pues lo anterior vulneraría la autonomía del órgano y la independencia de sus integrantes que la Constitución privilegia".
Se insiste en la carta que la atención que brindan los ministros a "asuntos administrativos", es contraria a los propósitos de la reforma constitucional de 1994 y a los principios de organización y racionalidad administrativa más elementales; además, con ello se contraviene la intención original de que la Corte se convierta en un verdadero tribunal constitucional.
Aun cuando los cinco consejeros reconocen que se enteraron de la propuesta a través de los medios de comunicación ųla misiva está fechada el pasado 10 de marzo, antes de que el presidente de la SCJN y del CJF, Genaro David Góngora Pimentel, oficializara la iniciativa y solicitara el apoyo de los poderes Ejecutivo y Legislativo para precisar las funciones del Consejo como una medida para consolidar las reformas constitucionales de 1994ų, demandan que se retome la iniciativa original del Ejecutivo, de 1994, a fin de que las decisiones del CJF sean efectivamente "definitivas e inatacables", es decir, que el pleno de la Corte no pueda revocar decisiones referentes a la adscripción y remoción de jueces y magistrados federales.
Si el CJF resuelve en forma definitiva lo relativo a la designación, adscripción y remoción de los juzgadores, señalan en su carta, se evitará la "supuesta contradicción de criterios entre la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura".
Para fundamentar su "rebelión" en contra de la propuesta que apoya el presidente del CJF (el ministro Góngora), plantean que la reforma de 1994 que introdujo el Senado de la República al establecer que en los temas referidos los ministros tenían la última palabra, "no ha tenido efecto práctico" y está convertida en uno de los aspectos que contribuyen a incrementar el rezago en el máximo tribunal de justicia del país, al tener éste que dictaminar las revisiones administrativas de jueces y magistrados en contra de decisiones del Consejo.
En esta posición insólita, los consejeros señalan que de 259 asignaciones hechas por el CJF de jueces y magistrados a partir de su creación, en siete casos los ministros han ratificado las decisiones del Consejo; en cinco hubo modificaciones; ha habido 11 desechamientos y un desestimiento.
Por otra parte, los consejeros reconocen la necesidad de que se legisle a fin de reglamentar la designación de los miembros del CJF, tanto de los tres representantes del Poder Judicial Federal, como de los dos del Senado y el que propone el Presidente de la República, previa consulta a las instituciones gremiales y académicas en la materia.