Claudia Sheinbaum Pardo
ƑQuiénes miran al pasado?
El 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas anunció su decisión de nacionalizar la industria petrolera, de acuerdo con los términos de la ley de expropiación de 1936. En el Informe de gobierno de aquel año, planteaba que la presencia de las compañías petroleras en México, había significado ''un caso de explotación en provecho extraño, mucho más que un enriquecimiento para el pueblo llamado a disfrutar de tales recursos'' y que ''hubo que expropiar, tanto por respeto a la propia soberanía, como por la más elemental atención para la suerte de nuestra economía y de nuestra existencia''.
Como nos recuerda Lorenzo Meyer en un capítulo del libro Energía en México, coordinado por Miguel Wionczek y editado por el Colegio de México en 1982, ''en vísperas de que el gobierno mexicano asumiera el control de la actividad petrolera, el representante diplomático de Su Majestad británica en México había comentado a sus superiores que, en sentido estricto, Inglaterra no podía estar en contra del objetivo final de la política de Cárdenas, que era justamente el de mejorar el nivel de vida de las nueve décimas parte de la población (mexicana), pero que desafortunadamente, los medios elegidos para tan noble fin no eran los adecuados... porque México, por más que lo deseara, simplemente no contaba con los recursos para hacerse cargo de estas actividades y mantenerlas al nivel óptimo de producción''. Contrario a lo que se suponía, Pemex demostró que podía convertirse en una de las empresas petroleras más importantes a nivel internacional.
Con base en esta experiencia, 22 años más tarde fue nacionalizada la industria eléctrica. La iniciativa presentada por el presidente López Mateos, confirmaba que las empresas privadas no habían resuelto la electrificación rural por considerarla poco redituable y en su anuncio a la nación planeó que ''la prestación del servicio público de abastecimiento de energía eléctrica queda a cargo del Estado y tal actividad se sustenta en razones de beneficio social y no en motivos de interés particular''. Las razones de la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica fueron, en resumen, sustentadas en el hecho de que las compañías privadas habían explotado los recursos para beneficio propio y que el Estado garantizaba una visión de servicio público.
En 1999, la iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar la industria eléctrica, plantea que el Estado no puede hacerse cargo de la actividad de generación y distribución eléctrica, y que son los privados nacionales y extranjeros los que están en condiciones de mantener el nivel óptimo de producción y servicios, y que ''hoy en día, las exigencias del desarrollo del sector eléctrico, los cambios tecnológicos y las condiciones en las que operan, han dejado de ser compatibles con este esquema (de compañías estatales)''.
Es triste encontrar tanta similitud entre el argumento de la Corona Británica en 1938 y las premisas de la reforma a los artículos 27 y 28 por parte del Ejecutivo Federal en 1999.
En opiniones vertidas a partir de la iniciativa de privatización del sector eléctrico, diversos articulistas han demostrado cómo las consideraciones supuestamente técnicas de la reforma a los artículos 27 y 28 no están suficientemente sustentadas en la propuesta del Ejecutivo y cómo los cambios ocurridos en diversos países que han optado por la privatización radical, no han garantizado ni el suministro adecuado, ni la calidad del servicio y que aún son un experimento que no ha mostrado sus ventajas sobre el monopolio natural en manos del Estado.
Las alternativas al financiamiento y mejora del servicio del sector existen a través de las compañías estatales, promoviendo su regulación, vigilancia y autonomía; a través de la revisión de políticas de subsidio, promoviendo programas de uso eficiente de la energía, haciendo más eficiente los mecanismos de financiamiento privado que actualmente se utilizan, revisando la posibilidad de crear fondos de respaldo ante desequilibrios financieros, bursatilizando una parte de sus acciones y eliminando vicios de corrupción y favoritismo.
ƑPara qué volver a una situación anterior a la de 1960, cuando no se garantizaba la inversión en la generación ni en las redes de transmisión y distribución? La propuesta del Ejecutivo Federal nos hace volver a una situación similar a la que existía en el país hace casi 40 años, cuando la única garantía era la ganancia de las compañías extranjeras.
Desde mi punto de vista, mirar al futuro requiere conservar y fortalecer lo mejor que tenemos. Sin duda, parte de ello son nuestras empresas energéticas: Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.