La Jornada martes 23 de marzo de 1999

EL PRECIO DE LA IMPUNIDAD

En entrevista con este diario, el secretario general de Amnistía Internacional (AI), Pierre Sané, reiteró la preocupación de ese organismo humanitario por la persistencia de la impunidad en nuestro país, hasta el grado de que en México, según sus palabras, lo que se respeta no son los derechos humanos, sino la impunidad.

Aunque esta aseveración parezca desproporcionada, Sané la fundamenta con hechos irrebatibles: los responsables intelectuales y políticos de las matanzas de Aguas Blancas, Acteal, El Charco y El Bosque no han sido sometidos a proceso legal, además de que prácticamente no se ha dado seguimiento oficial y jurídico a las cotidianas violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas, especialmente contra habitantes de Chiapas y Guerrero.

La injustificable ausencia de acciones gubernamentales serias y verosímiles en estos terrenos no sólo genera exasperación social y pone en cuestión el sistema de procuración e impartición de justicia y la vigencia del estado de derecho en el país, sino que vulnera la credibilidad de las comisiones de derechos humanos ų''una burocracia'', en la percepción del secretario general de AIų y afecta gravemente la imagen de México ante la opinión pública internacional.

La persistencia de la impunidad en las situaciones referidas ųy en muchas otras que resulta imposible enumerar en este espacioų es, adicionalmente, un factor de erosión de la civilidad, toda vez que, cuando el Estado es incapaz de preservar las garantías individuales o de sancionar a quienes las vulneran, los ciudadanos se sienten compelidos a hacerse cargo de su propia seguridad y a hacerse justicia por propia mano.

Por añadidura, la falta de investigaciones, procesos y castigos por las matanzas referidas y por los sistemáticos abusos de poder en diversas regiones del país constituye un aliciente para que esas prácticas se extiendan y multipliquen.

Con todo, el saldo más grave de la impunidad inveterada no es de índole política, ni social, ni de imagen internacional, sino de carácter ético, porque la sociedad se enfrenta al peligro de perder la vergüenza, el sentido de solidaridad y la capacidad de indignación; en suma, de acostumbrarse a la infamia.