La Jornada martes 23 de marzo de 1999

Resalta lo positivo de la consulta

Señora directora: Solicito la publicación de la siguiente carta:

Doctor Ernesto Zedillo, Presidente de la República:

Es alentador el que todos consideremos que es "obvio" el contenido de las cuatro preguntas de la consulta nacional realizada este domingo 21, al grado de considerar algunos que tal consulta no tenía razón. Es verdad, ésta no tendría razón si sólo hubiera tratado de convencernos de lo que ya es obvio, pero la consulta ha venido a recordarnos nuevamente, tal vez hasta el reproche, que no hemos actuado conforme a lo que a todos nos exige el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, lo que todos reconocemos.

La consulta se realizó con el debido respeto y en la tranquilidad deseada. Esto es otro nuevo signo de que todos hemos optado por transitar definitivamente por el camino del acuerdo político, del diálogo y la concordia. El camino de las armas, como falsa vía de solución, lo vamos cerrando más y más.

Podemos decir que realmente nos acercamos al acuerdo de paz y también que aceptamos, más convencidos ahora, el compromiso que nos ha abierto la historia, el de construir el México de justicia y de vida para todos. Aquí está también nuestro compromiso irrenunciable de Iglesia.

Joel Padrón González, párroco de Simojovel

Plantea que ONG adopten código de ética

Estimada Carmen: El promisorio crecimiento de las ONG en México y el mundo se está complementando con un serio movimiento autocrítico. Reconocidos dirigentes de ONG han propuesto que éstas adopten un código de ética y transparencia. El código sería un valioso instrumento para enfrentar problemas como el incumplimiento de leyes laborales, el doble discurso y la opacidad en el financiamiento.

En México, uno de los temas más debatidos ha sido el patrocinio directo e indirecto que reciben del gobierno estadunidense ONG como Alianza Cívica, el Movimiento Ciudadano por la Democracia y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Estas ONG han ocultado que la agencia que los patrocina desde hace años, la Fundación Nacional para la Democracia (NED), es una agencia de espionaje. Así lo reveló The New York Times y lo saben las organizaciones progresistas estadunidenses. El MCD tampoco ha dado a conocer que recibe dinero de la embajada de Washington y de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), la cual declara en sus documentos que financia a organizaciones civiles extranjeras para promover los intereses políticos y económicos de Estados Unidos.

Si Alianza Cívica, el MCD y la CMDPDH creen que el gobierno estadunidense es el mejor aliado de quienes luchan por los derechos humanos y laborales de las mexicanas y mexicanos en ambos lados de la frontera, por la autodeterminación del pueblo y contra el neoliberalismo, Ƒpor qué no lo manifiestan públicamente?

A fin de contribuir a que estas ONG transparenten el origen de sus fondos ante la ciudadanía, las invito a que organicemos un foro público para discutir su relación con la NED, la USAID y la embajada. El foro terminaría con una entusiasta colecta para apoyar las tareas de seguimiento a la consulta del EZLN. ƑAceptan?

El trabajo de las ONG es de interés público. Por ello, sería muy saludable que adoptasen un código de ética y transparencia a fin de fortalecer su autonomía e integridad. El código les serviría también para combatir el doble discurso y los cañonazos de 250 mil dólares que disparan agencias como la NED y la USAID.

Primitivo Rodríguez Oceguera

Solicita garantías para presos del CPCP

Señora directora: Le ruego publicar esta carta abierta en El Correo Ilustrado, en respuesta al General de Brigada Rafael Macedo de la Concha, cuya carta fue publicada en La Jornada del día de ayer.

General de División DEM Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional.

Señor General Secretario:

Acuso recibo de la respuesta del General de Brigada Rafael Macedo de la Concha a mi carta abierta del 19 de marzo próximo pasado, sobre el caso de los militares del Comando Patriótico de Concientización del Pueblo recluidos en la prisión de la III Región Militar de Mazatlán, Sinaloa.

Agradezco su respuesta pero insisto en la demanda de respeto a las garantías individuales de los detenidos. Su traslado a Mazatlán los somete a una situación de aislamiento y marginación respecto de su familia y de las posibilidades de defensa legal. No creemos que el confinamiento de los militares acusados en la III Región Militar de Sinaloa y la realización de un proceso al margen del escrutinio público ayude a la generación de un clima de credibilidad y confianza hacia la realización de un juicio conforme a derecho.

En la escueta carta de respuesta no nos aclara el porqué los detenidos han sido trasladados a la prisión militar de Sinaloa, en lugar de alguna localizada en el Distrito Federal, como correspondería al derecho de ser juzgado en un tribunal de la misma jurisdicción donde se hubiera cometido el presunto delito que se juzga.

El artículo 62 del Código de Justicia Militar es claro al establecer que es tribunal competente para conocer de un proceso, el del lugar donde se cometa el delito. Aunque se señala que la Secretaría de Guerra y Marina (ahora Secretaría de la Defensa Nacional) puede designar distinta jurisdicción a la del lugar a donde se cometió el delito, cuando las necesidades del servicio de justicia lo requieran, es obvio que estas necesidades no son sino las del aislamiento de los militares sometidos a juicio y la obstaculización de los recursos para su defensa.

Demandamos que los militares aludidos sean trasladados de regreso al Distrito Federal y se nos informe sobre quiénes serán sus juzgadores, quiénes sus defensores y quiénes sus acusadores.

Diputado federal Gilberto López y Rivas

Seropositivas piden una audiencia con Borrego

Señora directora: Le solicitamos publicar la siguiente carta:

Licenciado Genaro Borrego, director General del IMSS

Licenciado: Elegimos este medio para tratar de establecer comunicación con usted, luego de vernos imposibilitadas para hacerlo personalmente, tal como se lo solicitamos en nuestra carta del pasado 25 de febrero, donde le planteamos y solicitamos buscar una solución conjunta a la discriminación de que somos objeto tanto en el Hospital de Ginecología como en los de las demás especialidades del Centro Médico La Raza, debido a que somos (contra nuestra voluntad) portadoras del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

En esta ocasión, queremos hacer público nuestro desconcierto, decepción y enojo por comprobar que a la discriminación antes mencionada, y ampliamente descrita en la susodicha carta, no sólo se le respalda sino que, además, se le enriquece con el desprecio de no merecer ni siquiera su atención a casi un mes de haberla entregado.

Queremos dejar claro que no somos veinte mujeres como erróneamente se ha manejado en algunos medios; pero aun si fuésemos dos o una, ello de ninguna manera es motivo para minimizar y pasar por alto el problema que planteamos. Licenciado Borrego, somos un grupo de mujeres ųquizá pequeño aún para llamar su atenciónų que a pesar de ser portadoras del VIH (insistimos: no por nuestro gusto) todas somos económicamente productivas y cumplimos con nuestras aportaciones al IMSS. Si esto no fuera suficiente, la mayoría somos también cabeza de familia ųa veces incluso con pequeños también seropositivosų, de ahí que insistamos en nuestras peticiones, a las que consideramos corresponden a los más elementales derechos humanos.

Reiteramos nuestra petición para sostener una entrevista personal con usted en fecha próxima; esto con el fin (perdón por la reiteración) de hallar juntos la solución más adecuada a esta problemática; al mismo tiempo aprovechamos para informarle que nosotras no hemos elegido a ningún representante ni mediador ajeno a nuestro grupo, por lo que nuevamente nos ponemos a sus órdenes en el teléfono (5)205 27 90, o en el aula 2 del Hospital de Infectología, todos los miércoles de 12 a 14 horas.

En espera de su atención, le saluda por el grupo de Mujeres VIH La Raza:

María Guadalupe Pérez Heras

Petición de Greenpeace al embajador de Japón

Señora directora: Rogamos publique la siguiente carta:

Excelentísimo embajador de Japón en México, Katsuyuki Danaka:

Le escribo en nombre de la oficina de Greenpeace México preocupado por la suerte de tres activistas los cuales fueron arrestados en Tokio el 18 de mayo de 1998, después de una protesta contra la fabricación de juguetes de PVC que contienen componentes químicos cancerígenos conocidos como fetalatos, utilizados como agentes suavizantes del plástico pero que envenenan a los niños mientras mastican y chupan esos objetos. Estas substancias tóxicas, que también han sido relacionadas con daños en el hígado y los riñones en animales de laboratorio, son una seria amenaza a la salud. La fabricación de este tipo de juguetes y su incineración en los basureros genera emisiones altamente contaminantes, principalmente de dioximas, componente tóxico que incluso en Japón ya ha sido motivo de preocupación.

Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, México, Noruega y Suecia han prohibido estos juguetes. Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Holanda, Filipinas, Bélgica y Alemania han pedido a las jugueteras que voluntariamente eliminen este tipo de productos.

Los tres voluntarios que fueron arrestados colgaron una manta en un espacio público del edificio Tokio Big Sight, donde tenía lugar el primer día de exposición de la Feria del Juguete de Tokio. Esto fue después de que Greenpeace Japón dialogara y presentara iniciativas a las jugueteras para que definieran su posición y pusieran atención a este problema.

Varios fabricantes, incluyendo a japoneses, han eliminado la fabricación de estos juguetes de PVC, o planean hacerlo dentro de poco. Sin embargo, algunos fabricantes japoneses se han quedado atrás, corriendo el riesgo de quedar fuera de competencia en el mercado internacional en lo relativo a la protección de la salud de los niños.

El 20 de marzo, la Corte del Distrito de Tokio decidió continuar el arresto de los activistas por otros 20 días. Creemos que esta es una respuesta desproporcionada e irracional a un planteamiento que se hace en el interés de la salud de los niños japoneses. Aun si se tratara de un caso que deba llegar a la Corte, no hay razón para que los tres voluntarios deban permanecer en reclusión. Ellos han jurado asistir a dicha audiencia y Greenpeace Japón ha otorgado todas las garantías legales, incluso el pago de una fianza, para que puedan salir en libertad. Por lo tanto, debieran ser liberados de inmediato. Le pedimos sea el conducto para que este mensaje llegue a las autoridades correspondientes.

Lic. Alberto Pérez Schoelly, director Greenpeace México